Trabajadores del Centro Federal de Readaptación Social Número 16 protestaron este lunes para demandar seguridad y medidas urgentes ante la vulnerabilidad en la que se encuentran, luego del asesinato de cinco de sus compañeros y las lesiones a otros cuatro el pasado viernes en Puente de Ixtla.
El vocero de los inconformes Arturo Valdez Ibarra, luego de leer un documento con sus demandas, cuestionó frente a los medios, “¿por qué nos dejaron en esta vulnerabilidad?, ¿por qué permitieron que se murieran nuestros compañeros?, ¿por qué hacen esto? No logro entender a las personas que hicieron este daño. Nunca las voy a entender”.
La Fiscalía de Suecia anunció que reabrirá el caso de violación contra el activista australiano Julian Assange, fundador de la plataforma WikiLeaks.
“Aún hay una causa probable para sospechar que Assange cometió una violación”, afirmó la fiscal adjunta Eva-Marie Persson, subdirectora de la fiscalía pública sueca, en conferencia de prensa en Estocolmo.
En una manta que fue colgada en un puente vehicular de esta ciudad, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) presuntamente se adjudica el asesinato del líder del Sindicato de Trabajadores de la Industria Química y Petroquímica, Gilberto Muñoz Mosqueda, quien fue acribillado la tarde del sábado.
En este mensaje, se lanzan amenazas contra el exalcalde del PAN Antonio Arredondo Muñoz y la actual alcaldesa de Morena, Beatriz Hernández Cruz.
Es muy lamentable que sigan ocurriendo homicidios de periodistas, ante lo cual el gobierno debe asumir su responsabilidad, no sólo en el esclarecimiento de los crímenes, sino detener a los autores materiales e intelectuales y crear las condiciones para que este tipo de casos no vuelvan a ocurrir, afirmó Jesús Cantú, representante de Comunicación Social de la Presidencia de la República.
Cantú fue entrevistado en el Palacio del Ayuntamiento de Culiacán, donde se inauguró la segunda edición de una muestra fotográfica, de caricatura y carteles denominada Malayerba nunca muere, nombre de la columna a que escribía Javier Valdez Cárdenas, corresponsal de La Jornada en Sinaloa, quien fue asesinado el 15 de mayo de 2017.
El pasado sábado 11 el equipo de tochito venados Black dio a conocer a través de su cuenta de Facebook el feminicidio de una de sus jugadoras de nombre Mariana, quien era estudiante de la Universidad Autónoma del estado de Morelos (UAEM) y del que hasta hoy no se sabía nada.
Sin dar a conocer los detalles, en su mensaje el club exigió a las autoridades estatales esclarecer el hecho y hacer justicia.
Al menos 11 personas ejecutadas fue el saldo violento de este fin de semana en la entidad y entre las víctimas fatales destaca el caso de un niño de ocho años acribillado en Chilapa.
Reportes oficiales indican que ayer por la noche se reportó una balacera sobre el bulevar Eucaria Apreza en plena zona urbana de Chilapa donde se supone que existe presencia militar y policiaca.
Las autoridades ministeriales reportaron un hombre asesinado en el lugar, así como un niño de ocho años quien resultó herido de bala y falleció cuando era trasladado al hospital básico comunitario de este lugar colapsado por la delincuencia.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador enfrentará su primer gran reto en materia de derechos humanos: cumplir el mandato judicial que instruye al Ejército a que abra los cuarteles donde presuntamente ocurrió en 2007 la “desaparición forzada” de Edmundo Reyes Amaya y de Gabriel Alberto Cruz Sánchez, militantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR).
La orden de la juez María Dolores Núñez Solorio, adscrita al Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, surge en medio del proceso de conformación de la Guardia Nacional, que a finales de este año tiene programado reclutar a 50 mil elementos de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar) y de la Policía Federal (PF).
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo hoy que no hay un plan para reaccionar ante el grado real de contaminación en la zona metropolitana, porque no hay un índice que mida las partículas suspendidas más pequeñas.
La Secretaría de Educación Pública suspendió hoy las actividades al aire libre en las escuelas, debido a la mala calidad del aire en la capital.
En una conferencia de prensa, Sheinbaum dijo que el índice de medición de la calidad del aire sólo mide las partículas PM10.
La Secretaría de Salud afirmó que en este momento hay existencia de todas las claves de antirretrovirales en hospitales de especialidades del país.
El secretario de Salud, Jorge Alcocer, informó que se entregó la la primera compra consolidada de antirretrovirales para VIH, correspondiente al ejercicio 2019 del gobierno federal, y que ya se encuentra en proceso de distribución a las entidades federativas que participaron.
En un comunicado, la Secretaría de Salud señaló que el resto de la compra consolidada se dará de forma continua para mantener el proceso de otorgamiento de estos medicamentos.
El acuerdo, que se amplió a cinco años por 8 mil mdd, no significará más deuda, pues se mantiene el compromiso de no incrementarla en términos reales durante este sexenio.
El gobierno mexicano firmó un acuerdo con tres bancos para refinanciar 2 mil 500 millones de dólares de la deuda de Petróleos Mexicanos (Pemex) y ampliar dos de sus principales líneas de crédito con mejores condiciones.
El crédito es por 8 mil millones de dólares y pasó de un periodo de tres a cinco años, con los bancos JP Morgan, HSBC y Mizuho Securities.
El PRI avanza dando tumbos hacia su cambio de dirigencia, programada para el 8 de septiembre. Inmerso en la crisis financiera más aguda de su historia, peor posicionado que nunca y acusado de inflar el padrón electoral para beneficiar a uno de los aspirantes, el futuro del nonagenario partido es incierto.
Atrás quedaron los años del derroche priista y de las fastuosas celebraciones para lucir músculo y convocar a sus millones de militantes y simpatizantes. Hoy, esa época dorada es sólo un recuerdo para el PRI, un partido sumamente mermado y al borde de la bancarrota.
La crisis financiera que arrastra y la ausencia de un padrón confiable eran insoslayables desde hacía meses. La noche del lunes 6, en la sesión extraordinaria del Consejo Político Nacional, la dirigencia soltó la bomba: su padrón es de sólo 1 millón 300 afiliados y no 6 millones 605 mil 740, como reportó al Instituto Nacional Electoral (INE) en 2014.
El primer informe sobre las gaseras más caras de México, emitido hoy en Palacio Nacional, puso en primerísimo plano a la empresa Gas Express Nieto, luego de que el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ricardo Shefield, apuntara:
“Como se ve, se despachan bien ellos”.
Y es que Gas Exprés Nieto, en su planta de Tláhuac, tiene una ganancia de cinco pesos con 29 centavos por litro, el margen de utilidad más alto de todo el país.
El jefe de plaza del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Jesús “N” “El Lagarto” se movía en camionetas oficiales de la Fiscalía General del Estado para realizar sus actividades ilícitas en el sur de Veracruz, aseguró el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos.
“Existen sospechas muy fundadas de que el Fiscal, Jorge Winckler forma parte del crimen organizado”.
Más de millón y medio de personas de entre 18 y 29 años han respondido a la convocatoria del gobierno federal para vincularse con un centro de trabajo, donde puedan capacitarse.
Wilbert Caamal Cauich buscó trabajo durante ocho meses después de que egresara de la licenciatura en Tecnologías de la Información y la Comunicación de la Universidad Tecnológica de Candelaria, en el municipio del mismo nombre, en Campeche. Nadie le dio empleo por no tener experiencia.
“Hasta entré a una como capacitación, que duraba tres meses, como asesor telefónico para ver si me podía emplear después en una mesa de control. Pero como no me pagaban y solo estaba gastando en pasajes y comida, ya no la terminé”. Se enteró entonces por promocionales en la televisión del programa del gobierno federal Jóvenes Construyendo el Futuro, y se inscribió.
El presidente había responsabilizado a la ley por no contemplar al robo de combustible como “delito grave”, pero fueron los MP los que soltaron a la mayoría.
El 7 de febrero el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer al cumplirse dos meses de la estrategia de combate al “huachicol”, que fuerzas federales habían detenido a más de 600 personas por presunto robo de combustibles. Y acusó que solo 60 habían quedado en prisión por culpa de la ley que era “muy blanda” y no contemplaba a este delito como “grave”, lo que permitía a jueces liberarlos aun cuando fueran procesados.
Un río de la comunidad de San Martín es contaminado desde hace varios días por un derrame de material tóxico proveniente una mina propiedad de Grupo México en Zacatecas. El derrame ocasiona ya severos daños a la agricultura y ganadería, además de que pone en grave riesgo la salud de los pobladores.
Habitantes de San Martín, en Zacatecas, denunciaron que el río de su comunidad ha sido contaminado desde hace unos días por un derrame de material tóxico producido por una mina de Grupo México, propiedad de Germán Larrea.
El derrame de la mina San Martín lleva más de tres días y la afectación repercute en dos mil habitantes de la comunidad, además de aquellos que se encuentran río abajo como lo son las localidades de San Antonio de Belén y Carretas, las cuales utilizan el agua para consumo humano y doméstico, denunciaron habitantes.
En los primeros meses del Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el tema de la violencia es uno de los que más cuestionamientos ha provocado. El clima de inseguridad persiste fuertemente y los actos de violencia en el país que se han suscitado en este periodo, colocan la exigencia de paz como una de las prioridades de la actual administración que apuesta por un cambio en la estrategia de seguridad. De esto y de las acciones que se han emprendido en casi seis meses del sexenio para combatir la inseguridad habla Alfonso Durazo Montaño, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de la Cuarta Transformación.
Ante un “diagnóstico dramático” de violencia en el país, la implementación de un nuevo modelo de seguridad acumula exigencias de rapidez y garantía en su efectividad. Seis meses es el primer punto que el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño, se puso para poder comenzar a ver cambios en las tendencias de violencia.
Seis millones de mexicanos sin condiciones mínimas de trabajo es la herencia que dejaron los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña, de acuerdo con datos del colectivo Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. Esto quiere decir que este grupo labora con jornadas superiores a las 48 horas a la semana, ingreso insuficiente para adquirir la canasta básica, sin afiliación a la seguridad social y contrato estable.
Los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, sumaron al país, 6 millones de personas trabajadoras sin condiciones mínimas de trabajo: para finales de 2006, eran 19.7 millones en esa condición y para 2018 ya eran 25.6 millones.
Ante el atentado que sufrieron los custodios del Centro Federal de Readaptación Social, No. 16 Femenil "CPS-Morelos", y que dejó un saldo de cinco personas fallecidas y tres heridos, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), que dirige Alfonso Durazo Montaño informó que la autoridad penitenciaria emitió alerta de riesgo en todos los centros federales de readaptación social.
El organismo federal refirió que el ataque dirigido a empleados del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS), ocurrió a las 7:15 horas cuando “un grupo de sujetos abordo en un vehículo interceptaron y atacaron con armas de fuego a un transporte del personal penitenciario federal, cuando los trabajadores abordaban el autobús utilizado de manera cotidiana para trasladarlos al Cefereso, en la parada conocida como Monumento a la Madre, colonia Emiliano Zapata, Municipio de Puente de Ixtla, estado de Morelos”.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) condenó el homicidio del líder indígena Leonel Díaz Urbano, a cuyos familiares expresó sus condolencias, al tiempo que solicitó al gobierno del estado de Puebla la implementación de medidas cautelares para salvaguardar la protección de los derechos a la vida, integridad personal y seguridad en favor de los familiares de la víctima, así como evitar hechos de similar naturaleza y que este caso quede en la impunidad.
El organismo público también solicitó extender dichas medidas a los pobladores de San Juan Tahitic, Puebla, al tiempo que demandó a las autoridades correspondientes realizar una indagatoria “amplia, exhaustiva y profesional” sobre este homicidio, sin omitir ninguna línea de investigación.
El gobernador Héctor Astudillo Flores se deslindó del caso de los grupos de autodefensa que mantienen el control de la seguridad en los municipios de Acapulco y Chilpancingo, argumentando que la Fiscalía General del estado (FGE) debe actuar contra los civiles armados.
“Yo creo que la Fiscalía tiene que hacer el proceso de donde se configura delito y proceder contra eso”, expresó el mandatario, entrevistado por la mañana durante un acto oficial en esta capital.
El gobernador Enrique Alfaro entregó al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, una investigación que revela quiénes integran “las redes de corrupción y de complicidad” dentro del Poder Judicial de Jalisco, del Ejecutivo y Legislativo.
Según Alfaro, el propósito de entregar ese gran expediente es hacer una “limpieza” que no estaría limitada a todos los niveles del Poder Judicial.
Apuntó que en la red no solo participarían jueces y magistrados corruptos, sino “funcionarios de todos los niveles del Ejecutivo”, así como del Legislativo, organizaciones de la sociedad civil, “que se ostentan como representantes de causas nobles”, y hasta despachos de abogados.
Mariel Colón Miró, integrante de la defensa de Joaquín El Chapo Guzmán, afirmó que las condiciones de detención de su cliente, en una celda neoyorquina, son “crueles e inusuales”.
De acuerdo con la abogada del capo, las condiciones de detención, durante más de dos años “sin aire fresco o luz natural” son “crueles e inusuales” y le han dejado al capo “cicatrices psicológicas”, refiere un cable de AFP.
En una carta enviada al juez federal Brian Cogan, Colón Miró solicita para El Chapo “al menos dos horas de recreación exterior por semana, acceso a la zona donde está la población (carcelaria) general, poder comprar seis botellas de agua por semana y acceso a un par de tapones de oídos para aliviar su dolor de oídos y ayudarlo a dormir”.
El Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero denunció el secuestro de uno de sus integrantes en el Estado de México, durante el cual la víctima «recibió amenazas de muerte de aquellos ‘servidores públicos’ que lo mantuvieron, por horas, en calidad vulnerable e incomunicado» desde este miércoles hasta el jueves.
«La privación ilegal de la libertad del coordinador jurídico de la región del oriente del Valle de México para el “Zeferino Ladrillero», el abogado José Antonio Núñez, se trata de un acto de intimidación que ejercieron “servidores públicos” mexiquenses en el municipio de Ixtapaluca, acción por la que este Centro ya trabaja para presentar a la brevedad una denuncia penal», puntualizó el Centro.
Inicio de la huelga de hambre
El pasado 15 de marzo del presente año, 6 compañeros recluidos en diferentes penales del Estado de Chiapas anuncian el inicio de una huelga de hambre en exigencia de justicia y su libertad inmediata e incondicional.
