Es la primera ley nacional de uso de la fuerza. Incluye obligaciones para policías y militares, pero también deja fuera derechos como el de una indemnización para víctimas.
Por primera vez México tiene una Ley Nacional de Uso de la Fuerza. Su objetivo es establecer las reglas generales sobre cómo deben actuar los agentes al realizar detenciones, enfrentar a posibles delincuentes o atender manifestaciones. Sus disposiciones aplican a todos los policías del país, a los elementos de la recién creada Guardia Nacional, y a las fuerzas armadas que participen en seguridad.
Entre las cosas que define se encuentran cinco niveles de uso de la fuerza, que deben seguir las autoridades dependiendo de la resistencia que encuentren, la obligación de realizar un reporte de su actuación, y la opción (pero no obligación) de videograbar operativos. También establece el catálogo de armas que pueden usar las autoridades, y las divide en dos grupos: “menos letales” y “letales”.
Entre las cosas que define se encuentran cinco niveles de uso de la fuerza, que deben seguir las autoridades dependiendo de la resistencia que encuentren, la obligación de realizar un reporte de su actuación, y la opción (pero no obligación) de videograbar operativos. También establece el catálogo de armas que pueden usar las autoridades, y las divide en dos grupos: “menos letales” y “letales”.
