Diez gobiernos estatales gastaron casi 140 millones de pesos, recursos federales, en personal médico que no fue localizado en su centro de trabajo y de los que no hay constancia de que existan; también en el pago de nóminas de personal sanitario que no acreditó el perfil académico, ni la especialidad por el cual fue contratado.
Así lo documentó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su informe sobre la Cuenta Pública 2018.