Este 26 de septiembre el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México emitirá la sentencia “que podrá definir el acceso a la justicia para Lesvy Berlín Rivera Osorio”, luego de que el 10 de septiembre iniciara el juicio oral para el desahogo de pruebas contra Jorge Luis González, acusado del feminicidio y quien era pareja de la joven durante los hechos.
El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) inició una petición para que este jueves se haga justicia y el Tribunal proceda con perspectiva de género en el caso de Lesvy, a dos años de que fuera asesinada en las inmediaciones de Ciudad Universitaria.
Ante el compromiso de Andrés Manuel López Obrador de esclarecer el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo pasó de documentar la tragedia como defensor de derechos humanos a asumir la encomienda de enderezar una indagatoria plagada de inconsistencias.
Con la carga de 77 liberaciones de presuntos implicados en el caso, 25 de ellas ocurridas en las últimas dos semanas, al titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, nombrado por el fiscal general Alejandro Gertz Manero el pasado 26 de junio, no le queda duda de cuáles han sido las principales fallas en la indagatoria que han impedido esclarecer este caso durante un lustro: “Las omisiones, las irregularidades, los actos de tortura, los malos litigios en los procesos mismos, sin poder subsanar pruebas conforme se iban ventilando los juicios ni investigar más, para hacerse de más medios de prueba”.
La Agencia de Noticias del Estado Mexicano, Notimex, desmintió que no se esté liquidando a los trabajadores despedidos, como aseguraron exempleados en un comunicado de prensa.
Tras desistirse de un amparo y las quejas contra una orden de extradición en su contra, el exgobernador de Coahuila, Jorge Juan Torres López, será entregado a las autoridades de Estados Unidos en cuestión de días.
Será juzgado por los delitos de asociación delictuosa para cometer lavado, fraude bancario y fraude mediante transferencias electrónicas por 8.8 millones de dólares.
Torres López, quien sucedió en el gobierno a Humberto Moreira, envió la semana pasada una misiva al titular de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, que ya no había impedimento alguno para extraditarlo a Estados Unidos, pues ya no tiene proceso pendiente en México.
El municipio Yucuquimi de Ocampo, que busca su autonomía de la cabecera municipal de Tezoatlan de Segura y Luna, en Oaxaca, denunció la entrada de la Guardia Nacional en su territorio y la suspensión de la entrega de recursos del ramo 28 y 33 que por ley le corresponden.
La organización pacífica Las Abejas de Acteal denunciaron la destrucción del campamento para desplazados “Los Naranjos” para “construir ahí las viviendas que va a otorgar el gobierno federal como parte de una solución amistosa a la Masacre de Acteal”, en el terreno donado hace 22 años por Francisco Vázquez Hernández y Alonso Vázquez Gómez.
“¿Qué pensará nuestro difunto hermano Francisco al ver que ahora sus propias hijas están destruyendo el campamento de los desplazados porque ellas quieren construir ahí las viviendas que les va a otorgar el gobierno federal como parte de una solución amistosa a la Masacre de Acteal?”, cuestionaron Las Abejas en un comunicado.
El caso de la farmacéutica Pisa es el que tiene más ocupado al Gobierno federal, aunque no es el único. Se sabe que la escasez de metotrexato, medicamento que se usa para mezclas oncológicas, fue provocada. La misma empresa tenía guardadas 17 mil dosis que no puso en el mercado para ejercer presión contra el Gobierno de AMLO.
La empresa farmacéutica Pisa “indujo a un desabasto de medicamentos” como los que usan niños con cáncer para “chantajear” a las autoridades sanitarias federales; ahora, el Gobierno federal evalúa ejercer acción penal, dijeron este día fuentes del Gobierno federal a SinEmbargo.
Fuentes extraoficiales de la Secretaría de Gobernación (Segob) indican que la operación en el basurero municipal de Tepecoacuilco se hizo “en coordinación con la Comisión Presidencial a partir de información que recibimos”, y la diligencia judicial está a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR). En la zona se observaron cuatro acordonamientos con cinta amarilla en la que se leía “PGR Criminalística”. Una fue colocada en la reja de ingreso al tiradero, que está a menos de 10 metros de la carretera estatal, y otras tres a unos 30 metros en tres brechas distintas que hay al ingresar al lugar.
A cuatro días del quinto aniversario de los ataques y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la Fiscalía General de la República (FGR) y miembros de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso con el Ejército resguardaron el basurero municipal a cielo abierto de Tepecoacuilco.
El tiradero está a menos de 10 minutos en vehículo desde Iguala sobre la carretera estatal que comunica con Huitzuco.
En una reciente reunión con los familiares, el Presidente Andrés Manuel López Obrador y su Gobierno se comprometieron a pedir a todas las instituciones que apoyen los trabajos de investigación y a tener reuniones periódicas con las familias de los 43 normalistas desaparecidos y la Fiscalía General de la república (FGR).
El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador debe encontrar respuestas en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa tras un año de su administración y reproducir este éxito en los miles de casos de desaparecidos en México, dijo este martes Amnistía Internacional (AI).
La iniciativa, enviada al Congreso local, incluye un banco de datos de los policías de la ciudad y de los elementos de empresas privadas de seguridad.
La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, presentó este martes ante el Congreso local una iniciativa para crear un banco de ADN para uso forense, el cual servirá para facilitar las investigaciones, principalmente, en casos de violaciones, delitos sexuales, secuestro y feminicidio.
Esta iniciativa, que forma parte del plan de acción inmediata de atención a la violencia contra las mujeres, incluye un banco de datos de los policías de la ciudad y de los elementos de empresas privadas de seguridad.
El organismo considera que está cerca de cumplir su meta y que con la prueba piloto se ha avanzado lo suficiente para preparar la reforma que vuelva obligatorio el aseguramiento de estas empleadas.
De cada mil trabajadoras del hogar que hay en México, solo tres se han inscrito en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a través de la prueba piloto para darle seguridad social a este tipo de empleadas, a cinco meses de iniciada.
De acuerdo con información obtenida vía transparencia, en agosto estaban aseguradas un total de 6 mil 631, es decir, el 0.3% de 2.2 millones de trabajadoras del hogar que hay en el país.
La inflación tocó su nivel más bajo no visto en los últimos tres años al registrar una tasa anual de 2.99%, en la primera quincena de septiembre, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Al interior del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) la inflación subyacente se ubicó en 3.78%, luego de que las mercancías alimenticias tuvieron un rebote marginal, en línea con un menor descenso en frutas y verduras, al tiempo que las no alimenticias tuvieron un regreso modesto.
Primero dijo “Mexicanos por la Corrupción…” luego, “a favor de la corrupción”. Un murmullo recorrió el salón Tesorería de Palacio Nacional: que es “Contra la Corrupción”. Y entonces –dijo el presidente– “¿me equivoqué? ¿No era así?”
No es la primera vez, pero esta fue insistente, deliberadamente incorrecto según denotaba la sonrisa, el tono y la posterior aclaración sobre el nombre de la organización a la que el presidente Andrés Manuel López Obrador señala en el genérico “nuestros adversarios”, “los conservadores”, “los neoliberales”, “los corruptos que además son muy hipócritas”.
Una nueva investigación realizada por Arelí Quintero reveló que del 2001 al 2017 su familia constituyó 10 sociedades, cinco de las cuales son dirigidas por la pareja de Bartlett, Julia Abdala Lemus, mientras que el hijo del funcionario, León Manuel Bartlett Álvarez, encabeza las cinco restantes. Manuel Bartlett está directamente relacionado con otras dos empresas constituidas antes del año 2000. Estos señalamientos forman parte de un reportaje más extenso realizado por la periodista Arelí Quintero, el cual será presentado completo la tarde de este martes durante el programa de radio de Loret de Mola en W Radio.
Manuel Bartlett, Director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), no sólo omitió informar en su declaración patrimonial que su familia posee 23 casas, pues también ocultó que está involucrado, directa o indirectamente, con 12 empresas que le podrían generar un conflicto de interés como encargado del sector energético del país, reveló un nuevo reportaje de la periodista Arelí Quintero.
La iniciativa de Ley de Amnistía de AMLO está incompleta si no incluye una política pública para la reinserción de mujeres, señalan especialistas.
Bety Maldonado vendía droga en la puerta de su casa. Llevaba seis meses en eso cuando la detuvieron. Llegaron alrededor de 150 elementos de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), rodearon la privada familiar donde estaba su vivienda y detuvieron a 22 personas, entre familiares y hasta vecinos.
Era marzo de 2010. Le dieron seis años de prisión. Primero la llevaron a Santa Martha Acatitla. Pero el expresidente Felipe Calderón había iniciado su guerra contra las drogas, y quienes estaban presos por delitos contra la salud debían estar en un penal federal.
Los senadores de Morena argumentan que en ambos estados la violencia ha incrementado con los gobiernos panistas.
Ante los niveles de inseguridad que se viven en varios estados del país, los grupos parlamentarios de Morena y del PAN en el Senado presentarán este martes una petición para desaparecer los poderes en Tamaulipas, Guanajuato y Veracruz.
Esto implicaría la destitución de los gobernadores en turno y la llegada de nuevas administraciones con base en lo establecido en el artículo 76, fracción V de la Constitución.
Las irregularidades presupuestarias que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) halló en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) entre 2014 y 2018 tienen al menos 90 probables responsables directos e indirectos. Además del ex Secretario Gerardo Ruiz Esparza, destacan Benito Neme Sastré (Caminos y Puentes Federales) y el ex Gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello.
Gerardo Ruiz Esparza es el escalón más alto en una trama de presunta corrupción en la SCT. Durante el sexenio pasado, la ASF encontró más de 16.5 mil millones de pesos en irregularidades no solventadas, ya fuera por actos u omisiones que fueron maquinados desde la base hasta la punta de la escalera burocrática.
Además de Ruiz Esparza, cuando menos 89 funcionarios relacionados con su administración (2012-2018) fueron probables responsables directos o indirectos de las anomalías halladas por la ASF, en 251 auditorías realizadas entre 2014 y 2018.
El Presidente de Estados Unidos alabó la cooperación que los países vecinos están mostrando en materia migratoria y, especialmente, las acciones del mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador. “México nos está mostrando gran respeto y yo les respeto a cambio”, afirmó. También tuvo un mensaje directo para quienes se planteen tratar de cruzar la frontera: “Escuche estas palabras: no pague a los traficantes, no pague a los coyotes, no se ponga en peligro, no ponga a sus niños en peligro. Porque si llega hasta aquí, no se le va a permitir entrar, se le va a retornar rápidamente a casa y no será puesto en libertad en nuestro país”.
El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió este martes ante la ONU contra las políticas de “fronteras abiertas” y urgió al mundo a acabar con la “migración ilegal”, defendiendo las “medidas sin precedentes” que está tomando su Gobierno.
Trump señaló la migración como uno de los desafíos “más críticos” a los que se enfrenta el mundo y acusó a quienes defienden la libertad de movimiento de los migrantes de estar ayudando a traficantes de personas y redes criminales.
Las entidades con mayores tasas de prevalencia, fueron la Ciudad de México y el Estado de México con el 42 y 41 por ciento, respectivamente, de delitos en contra de personas mayores de 18 años. Por otro lado, Chiapas y Veracrúz tuvieron una menor tasa de prevalencia.
Durante 2018 las pérdidas económicas por la comisión de delitos, tanto para las víctimas como para el ejercicio de políticas públicas que combatieran, fue de 286 mil millones de pesos, es decir, el 1.54 del Producto Interno Bruto (PIB) de ese año.
El director del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Julio Santaella, dio a conocer en conferencia de prensa los resultados correspondientes a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) de 2019, que se conjunta con la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas, dada a conocer en octubre, para dar un panorama de la percepción de inseguridad en el país.
Esta es la triada detrás de “la verdad histórica” de Ayotzinapa. En 2014, Jesús Murillo Karam y Tomás Zerón de Lucio ocupaban cargos clave en la PGR; de modo que en sus manos cayó la responsabilidad de las primeras indagatorias de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Después, a cargo de la Unidad Especial del caso, fue nombrado José Aarón Pérez Carro. Los tres integraron la alta burocracia, con un salario promedio de 177 mil 380 pesos al mes. Ninguno fue transparente ante los ciudadanos con la evolución de su fortuna en sus declaraciones patrimoniales y lejos de lograr algo de luz sobre los hechos, avalaron una versión que hoy, los padres de los estudiantes califican como “un mito” que los condujo por el tormento. En un vuelco de roles, estos tres investigadores serán llamados a cuentas.
Fueron los hombres que tuvieron en sus manos la responsabilidad de las primeras investigaciones de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero; pero lejos de cumplir con el esclarecimiento de los hechos, generaron “la verdad histórica”, un relato que ahora, cuando la tragedia cumple cinco años, los padres de las víctimas califican como “un mito” que los condujo por el tormento.
El riesgo de que un niño, niña o adolescente sea asesinado en México es mucho mayor que en países en las que existe un conflicto armado como Palestina o Siria. Cifras oficiales muestran que en territorio mexicano cada día mueren cuatro menores de edad a causa de la violencia.
Así lo dio a conocer esta mañana la organización internacional Save the Children, para exigir al gobierno mexicano una política y una agenda de protección y cuidado a los derechos de ese sector. Asimismo, demandó a la ONU abordar “con sensibilidad y seriedad” el tema de la violencia contra este sector a escala mundial durante la Cumbre de Salud Mental que se realizará mañana en Nueva York en el marco de los trabajos de la asamblea general, pues en el mundo hay 420 millones de niños que viven en situaciones de conflicto, de los cuales 24 millones podrían estar experimentando altos niveles de estrés.
En sólo cuatro años Televisa, que fuera uno de los mayores emporios televisivos del continente, perdió 70% de su valor. Junto con TV Azteca se convirtió en el medio imprescindible para difundir la publicidad oficial, que llegó a representar justamente 70% de sus ingresos. Pero ni Emilio Azcárraga Jean ni su equipo pudieron enfrentar dos cambios decisivos en la sociedad mexicana: el avance irrefrenable de los contenidos digitales y la llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador, con su austeridad en el gasto público.
El 6 de junio de 2015 Televisa llegó a tener un valor en el mercado de 353 mil 411 millones de pesos. Seis meses antes, en diciembre de 2014, el entonces presidente Enrique Peña Nieto no tenía reparo en declarar que era “motivo de orgullo tener a una empresa mexicana” como esa televisora.
Pero en tiempos de Netflix, Youtube y la austeridad republicana impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la capitalización de mercado de la televisora es de 106 mil 38 millones de pesos al 12 de septiembre, según el medio especializado en finanzas Bloomberg. Es decir, el imperio que dejó Emilio Azcárraga Milmo, El Tigre, ha perdido 70% de su valor en ese periodo.
El jueves 26 se cumplen cinco años de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Por ese caso fueron consignadas 142 personas; sin embargo, 77 de ellas han obtenido su libertad por diversas anomalías en el proceso. Peor aún: la cifra de presuntos implicados liberados podría crecer si la FGR no logra acreditar que las declaraciones de tres personas aprehendidas fueron obtenidas de manera lícita.
De no atenderse los lineamientos establecidos por el Poder Judicial de la Federación, el próximo jueves 26, cuando se cumplen cinco años de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, podrían ser liberados otros tres involucrados en esos hechos.
El cambio de administración federal dejó al descubierto a los altos mandos policiacos y funcionarios de distintos niveles que contribuyeron a manipular pruebas, fabricar culpables y encubrir delitos relacionados con el caso Ayotzinapa. El pasado 22 de julio la CNDH presentó denuncias contra el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, por realizar ilegalmente la diligencia en el río San Juan que le sirvió al entonces procurador Jesús Murillo para confeccionar su ya desacreditada “verdad histórica”. Sin embargo, la FGR todavía está integrando sus propias carpetas y ninguna de las dos instituciones ha fincado responsabilidad alguna al propio exprocurador.
Han pasado cinco años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Uno de ellos es el hijo de Ezequiel Mora, un hombre bajito, fornido, de tez morena curtida por el sol del campo y a quien el dolor en los pies le ha impedido asistir recientemente a las reuniones con la Comisión de la Verdad que integró el gobierno federal.
Un juez giró una orden de aprehensión contra el exfiscal de Veracruz por el delito de secuestro; él asegura haber comprobado que no cometió ningún delito.
Un juez giró una orden de aprehensión contra Jorge Winckler Ortiz, separado temporalmente del cargo de fiscal de Veracruz, y otros de sus colaboradores por el delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro.
La orden de aprehensión fue confirmada este domingo por el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García.
