Un juez federal ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) entregar a Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), los registros de la carpeta de investigación que se le sigue por el caso de Agronitrogenados.
El Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en Ciudad de México otorgó un amparo al ex funcionario, quién reclama a América Lucena Rojas, agente del Ministerio Público Federal, en funciones de fiscal en jefe de la Unidad de Investigación en Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de la Justicia, omitir lo acordado en los escritos presentados el 30 de mayo y 11 de junio de este año.
Ante el paro de 25 universidades y cinco sindicatos para demandar recursos de rescate a nueve universidades en crisis financiera, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se va a revisar el presupuesto que se les asignó, pero que, si no tienen razón, “aunque se pare el país” no va a estar a expensas de chantajes.
“Si no se tienen la razón, aunque se pare el país, porque no vamos a estar a expensas de chantaje y nunca van a cambiar las cosas, pero si es una petición justa, entonces sí”, dijo esta mañana en Palacio Nacional.
La Cámara de Diputados aprobó con 324 votos de diputados de Morena, PT, PES, PVEM y Movimiento Ciudadano la Ley Federal de Austeridad Republicana que llegó como minuta del Senado de la República.
Al argumentar el dictamen, el diputado de Morena y secretario de la Comisión de Presupuesto, Erasmo González Robledo, dijo que lo que se busca es que dicha ley se mantenga en el tiempo, que la austeridad se aplique al gasto público y que contribuya a una administración eficaz de los recursos públicos.
Horas antes de presentar su renuncia como Ministro de la Suprema Corte de Justicia (SCJN), Eduardo Medina Mora prohibió el pasado 3 de octubre al Congreso de Nuevo León sancionar a Jaime Rodríguez Calderón, hasta que la demanda interpuesta en su contra por desvío de recursos durante las elecciones en 2017, sea resuelta. El entonces Ministro de la SCJN admitió a trámite la controversia constitucional promovida desde el 27 de septiembre por “El Bronco” y concedió una suspensión que habrá de blindarlo ante cualquier castigo durante varios meses.
La Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso de Nuevo León aprobó este miércoles una reforma al Artículo 106 de la Constitución Política del estado, por lo que se abrió la posibilidad de que el Gobernador Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, pueda ser juzgado por cualquier motivo.
Por decisión unánime, los diputados avalaron el proyecto que elimina la inmunidad penal del mandatario de la entidad; es decir, podría ser enjuiciado y procesado por cualquier delito cometido, sin necesidad de recurrir a un juicio político.
El colectivo #NoMásDerroches interpuso 147 amparos contra el proyecto, tanto en el Estado de México como en la CDMX; después, solicitó la suspensión de las obras en al menos 20 juzgados.
Este martes un juez revocó una suspensión que él mismo había dictado contra la construcción de un nuevo aeropuerto civil en la Base Aérea de Santa Lucía; pero eso no significa que las obras vayan a comenzar ya, puesto que todavía hay otras seis suspensiones vigentes.
En todas las recomendaciones se señala que deben considerarse los protocolos de Estambul y reponerse las diligencias con “un enfoque de derechos humanos”.
En un operativo realizado el 4 de diciembre de 2013, cinco elementos de la Procuraduría General de Justicia entraron a un hotel y detuvieron a un hombre a quien colocaron una bolsa de plástico en la cabeza para que confesara un delito. El hombre aguantó esa y otras torturas y no habló.
Ante esto, los policías sometieron a la esposa del detenido, la obligaron a desnudarse e hincarse frente a un hombre que amagaba con violarla. El detenido observaba lo que estaba ocurriendo. Si no daba la información que le pedían, su mujer sería violada frente a él.
A pesar de que la empresa Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico, S.A. de C.V. (Dimesa) fue vetada por la federación para participar en licitaciones públicas, ese impedimento no aplicó en esta entidad.
Junto con Laboratorios Pisa, Dimesa ganó una licitación por mil 134 millones de pesos a la que convocó la Secretaría de Salud estatal, cuyo titular, Fernando Petersen Aranguren, es nada menos que familiar de los accionistas de esta última compañía, lo que podría implicar un conflicto de interés.
En Jalisco los superdelegados de la Cuarta Transformación van de pifia en pifia: Carlos Lomelí dejó el cargo el pasado 12 de junio inmerso en el escándalo; su sustituto, Armando Zazueta Hernández, en mes y medio de gestión es señalado por varias tropelías, pero sobre todo por nepotismo, una práctica muy generalizada en la nómina de los Servidores de la Nación en esa entidad. Al parecer, en Jalisco el mensaje anticorrupción del presidente Andrés Manuel López Obrador aún no llega.
Creadas en la actual administración para evitar el exceso burocrático y la intermediación en la entrega de apoyos sociales, las Coordinaciones Estatales de Desarrollo empiezan a registrar los primeros casos de corrupción, pero ninguna como la llamada “superdelegación” en Jalisco, hasta ahora la más emblemática de la descomposición.
Su episodio más reciente es una red de nepotismo: el superdelegado Armando Zazueta Hernández, designado apenas el pasado 15 de agosto –aunque inició sus actividades públicas hasta el 1 de septiembre– es la cabeza de una estructura plagada de parientes y amigos, tanto en los cargos de decisión como en la asignación de plazas y apoyos económicos.
Por mayoría de votos, el Senado de la República aprobó este martes la renuncia del ministro Eduardo Medina Mora y lo dejó sin fuero.
“Lo que mal empieza mal acaba”, soltó el legislador Salomón Jara, de Morena, durante su intervención en tribuna, al referirse al cuestionado arribo de Medina Mora a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 2015.
Geovanna Bañuelos, del Partido del Trabajo (PT), recordó que cuando Eduardo Medina fue propuesto para ocupar una vacante en el máximo tribunal, tras el fallecimiento del ministro Sergio Valls, el rechazo a su candidatura logró reunir más de 50 mil firmas en la plataforma Change.org.
Coparmex rechazó el dictamen que busca modificar el pago de salarios caídos que el patrón deberá cubrir en caso de perder un juicio laboral.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) rechazó el dictamen aprobado en la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Senadores, con el que se recomienda reformar el párrafo segundo y derogar el párrafo tercero del artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) en materia de salarios caídos.
El dictamen contempla ampliar el periodo y el porcentaje que el patrón deberá cubrir en caso de perder un juicio laboral.
El gobierno federal sigue ausente» en la zona afectada por la empresa minera Torex Gold Resources INC, en Guerrero, por lo que «la impunidad sigue siendo el elemento central del poder corporativo empresarial que tiene sumisos, sometidos y comprados a cada uno de los operadores políticos del estado», denunció la Red Mexicana de Afectados y Afectadas por la Minería (REMA).
Destacó que una de cada tres personas que participan, son mujeres y afirmó la importancia del relevo generacional en el campo, además de que las mujeres tengan sean posesionarias de la tierra. La Secretaria de Bienestar calificó como único en el mundo el progarma por su sentido social y escala espacial, debido a que entre el periodo 2020-2021 se espera que se extienda a través de un millón de hectáreas.
María Luisa Albores González, Secretaria de Bienestar, afirmó que a un año de haber iniciado con el programa “Sembrando Vida” se ha alcanzado al 99.6 por ciento de la población objetivo.
En junio de 2019 trascendió que el entonces Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eduardo Medina Mora, era investigado por autoridades de los Estados Unidos respecto transacciones millonarias que se preciaban irregulares. Se hicieron públicas algunas operaciones financieras que sobrepasaban los sueldos obtenidos por Medina en los periodos que fungió como funcionario público y Embajador.
Para finales de julio de este año, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público investigaba al ahora ex Ministro. Esa indagación se presume fue el motivo de su renuncia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que hasta hoy oficialmente no ha sido precisado.
El ex Presidente panista dijo entender que parte del agravio de los familiares de los jóvenes asesinados por el Ejército dentro del Tec de Monterrey en 2010 fue que él no estuvo cerca, por lo que dijo que buscará platicar con ellos.
Trece años después de iniciar la guerra contra el narcotráfico, el ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa reconoció que le faltó permanecer más cerca de familiares de víctimas. El ex Jefe del Ejecutivo se pronunció particularmente por el caso de Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, estudiantes del Tecnológico de Monterrey asesinados por militares dentro de su escuela y a quienes el Gobierno de Calderón describió como sicarios; el ex mandatario dijo que no descarta buscar a sus familias para conversar.
Ambos registros son oficiales, pues las dos licencias aparecen en el sistema de la Secretaría de Movilidad, sin embargo, en el camino hubo irregularidades, advierte el subsecretario de Transporte, Brando Flores.
Después de confirmar la existencia de dos licencias de conducir a nombre de la extitular de Sedesol, Rosario Robles, la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México(Semovi) reconoció que un “presunto uso ilegal” del trámite permitió que exfuncionarios hicieran ambos registros oficiales sin que fuera detectado como una irregularidad.
Cada funcionario que realiza el trámite para la obtención de licencias en los módulos de la Semovi tiene una clave única que le permite imprimir el documento y registrarlo en el sistema, por eso es que la responsabilidad recae en quienes tramitaron ambas licencias, advierte el subsecretario de Transporte, Brando Flores, en entrevista con Animal Político.
La obra tendría que sustituir al Hospital General San Alejandro que resultó dañado en el sismo de 2017 y atendía al 60% de los derechohabientes de la entidad.
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) gastó 427 millones de pesos en un terreno que incluye un edificio a medio construir, que debía convertirse en un nuevo hospital para Puebla, pero que resultó una obra inservible y sólo podrá utilizarse en el futuro para oficinas.
El nuevo hospital sustituiría al Hospital General San Alejandro de Puebla, el principal servicio para 60% de los derechohabientes del estado que resultó con severos daños estructurales tras el temblor del 19 de septiembre de 2017.
Desde que llegó al Senado, Armando Guadiana Tijerina, empresario minero de la región de Coahuila, ha salido en defensa de la actividad minera y el uso del fracking como método de extracción. La semana pasada dijo que no serían aprobadas iniciativas de prohibición contra esta práctica de extracción, declaración que puso en alerta a más de 40 organizaciones. Frente a este panorama, la Alianza Mexicana contra el Fracking urgió al Presidente Andrés Manuel López Obrador a que su compromiso 75 de los 100 del Gobierno de la 4T, sobre que no habrá más fracking en México, se traduzca en acción contundente con un decreto de suspensión inmediata a la realización de fractura hidráulica.
La Alianza Mexicana contra el Fracking, que agrupa a más 40 organizaciones civiles y sociales, alertaron que el Senador Armando Guadiana Tijerina busca desde el Senado avalar el fracking en México sin un análisis ni debate.
El pasado 3 de octubre, Armando Guadiana Tijerina, Senador por Coahuila y presidente de la Comisión de Energía del Senado de la República, afirmó que “ahora se hace el fracking con más orden, con mayor cuidado ecológico y con menos agua”, pero no ofreció ejemplos concretos de esto.
En entrevista con el programa “John y Sabina”, de Canal Once, el jurista afirmó que mantiene una relación cordial, afectuosa y respetuosa con el actual Presidente de la República, a quien consideró como un hombre al que le tiene aprecio y con el que está “muy de acuerdo” en cosas que está haciendo, “porque hay coincidencias previas sobre ciertas maneras de ver el mundo y al país”. “A un Presidente que es respetuoso, que no interviene en la vida del Poder Judicial, pues de repente se le quieren colgar ciertas cuestiones que no ha hecho. Y, por último, la renuncia del Ministro Medina Mora fue una decisión personal, que yo respeto, y sobre la cual no voy a expresar ningún comentario”, señaló frente a la periodista y el sociólogo John M. Ackerman.
Arturo Zaldívar, Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aseguró que Andrés Manuel López Obrador se ha mostrado respetuoso con la independencia del Poder Judicial, ya que no ha recibido ninguna insinuación o recomendación de su parte, lo que, según él, no se podría decir otros mandatarios, como Felipe Calderón Hinojosa, de quien habría recibido presiones y amenazas.
Nestlé, La Costeña, Unilever México y Alen del Norte fueron parte de los 10 principales contratistas del Gobierno de Enrique Peña Nieto. Estas compañías no sólo amasaron el 2 por ciento de los contratos gubernamentales del último sexenio priista, sino que la administración pasada les condonó 866 millones 080 mil 487.49 pesos en cuotas compensatorias y multas por omisiones fiscales.
Cuatro de las más grandes contratistas del Gobierno del ex Presidente Enrique Peña Nieto obtuvieron condonaciones fiscales por más de 866 millones de pesos, de acuerdo con datos de Fundar, Centro de Análisis e Investigación y del portal de compras gubernamentales CompraNet.
Nestlé, La Costeña, Unilever México y la empresa de productos de limpieza Alen del Norte figuraron entre las 10 empresas con más contratos gubernamentales entre 2013 y 2018, refiere CompraNet. En esos años, estas compañías firmaron 23 mil 774 contratos con diversas dependencias del Gobierno federal, por un monto superior a 5.8 mil millones de pesos.
Oaxaca y Chiapas son los dos estados más mortíferos para ambientalistas y defensores de los derechos humanos. En lo que va del año, al menos 12 activistas fueron asesinados, según datos recogidos por Amnistía Internacional (AI). Cinco de estas víctimas fueron atacadas en Oaxaca y otras cuatro en Chiapas.
La organización de defensa de los derechos humanos inició recientemente la campaña “No Más Asesinatos: Alza la Voz por las y los Ambientalistas en México” para denunciar estos ataques. Según los informes publicados por Global Witness, la cantidad de personas asesinadas cada año por su activismo ambiental está en aumento.
Pobladores de las comunidades El Copal, La Cañada y Venustiano Carranza, del municipio Bochil, en los Altos de Chiapas, negaron haber usado armas de fuego durante el desalojo del pasado 26 de septiembre, hechos donde el integrante de la Guardia Nacional (GN), Ángel Téllez Nicolás, murió de un disparo.
Señalan que cuerpos policíacos fueron los que usaron armas de fuego. Una semana después del desalojo de las comunidades que se manifestaban en demanda de recursos para obras sociales, los habitantes del lugar enviaron un mensaje y un video donde refieren que los cuerpos policíacos y militares los mantienen actualmente cercados. No les permiten salir de las comunidades bajo la amenaza de que serán detenidos.
El presidente Andrés Manuel López Obrador iniciará una serie de comunicaciones con representantes de los gobiernos y congresos de Estados Unidos y Canadá para que se apruebe la renovación del tratado comercial con América del Norte (T-MEC).
En conferencia de prensa, anunció que hoy mismo enviará una carta a la líder legislativa estadunidense, Nancy Pelossi, exponiéndole las razones del gobierno mexicano y pidiéndole que el acuerdo se apruebe sin contaminación electoral.
Confiado en que los amparos contra las obras aeroportuarias en Santa Lucía, queden resueltos a favor de su plan, el presidente Andrés Manuel López Obrador, insistió hoy en que para 2021 estará terminado el proyecto y se ahorrará 100 mil millones respecto a lo presupuestado el sexenio pasado.
En conferencia de prensa, acompañado por el titular de la secretaría de Comunicaciones y Transportes, (SCT), Javier Jimenez Espriú, el mandatario dijo confiar en los ingenieros militares que trabajan en el proyecto y podrá cumplir su compromiso de tener lista la obra a la mitad de su administración.
Después del escándalo que provocó la difusión de la lista de grandes contribuyentes beneficiados por amnistías fiscales en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, el martes 1, la titular del SAT, Margarita Ríos-Farjat, dice en entrevista que en algunos casos pudo tratarse de una estrategia para evadir impuestos. Y si bien eso quedará “en la conciencia” de quienes maniobraron así, fueron los gobiernos los que mediante la ley de ingresos vulneraron el Código Fiscal de la Federación, es decir, el estado de derecho y la justicia fiscal.
Los contribuyentes que no pagaron sus impuestos a sabiendas de que se beneficiarían de una amnistía fiscal, como las que aplicaron Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, tuvieron estrategias equiparables a la evasión fiscal, estima Ana Margarita Ríos-Farjat, titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
“Si tú eres un contribuyente y no estás pagando porque estás esperando una medida extraordinaria para abstraerte de tu obligación fiscal, pues estás evadiendo el fisco”, dice.
La Comisión de Gobernación del Senado determinó la improcedencia de las solicitudes y petición para declarar la desaparición de poderes en los estados de Guanajuato, Tamaulipas y Veracruz.
En reunión extraordinaria se presentó el dictamen en el que se destaca que “la desaparición de poderes es una intervención extraordinaria, por lo que debe ejercerse con estricto apego a la orden constitucional y respeto al Pacto Federal”.
