En junio de 2019 trascendió que el entonces Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eduardo Medina Mora, era investigado por autoridades de los Estados Unidos respecto transacciones millonarias que se preciaban irregulares. Se hicieron públicas algunas operaciones financieras que sobrepasaban los sueldos obtenidos por Medina en los periodos que fungió como funcionario público y Embajador.
Para finales de julio de este año, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público investigaba al ahora ex Ministro. Esa indagación se presume fue el motivo de su renuncia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que hasta hoy oficialmente no ha sido precisado.
El ex Presidente panista dijo entender que parte del agravio de los familiares de los jóvenes asesinados por el Ejército dentro del Tec de Monterrey en 2010 fue que él no estuvo cerca, por lo que dijo que buscará platicar con ellos.
Trece años después de iniciar la guerra contra el narcotráfico, el ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa reconoció que le faltó permanecer más cerca de familiares de víctimas. El ex Jefe del Ejecutivo se pronunció particularmente por el caso de Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, estudiantes del Tecnológico de Monterrey asesinados por militares dentro de su escuela y a quienes el Gobierno de Calderón describió como sicarios; el ex mandatario dijo que no descarta buscar a sus familias para conversar.
Ambos registros son oficiales, pues las dos licencias aparecen en el sistema de la Secretaría de Movilidad, sin embargo, en el camino hubo irregularidades, advierte el subsecretario de Transporte, Brando Flores.
Después de confirmar la existencia de dos licencias de conducir a nombre de la extitular de Sedesol, Rosario Robles, la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México(Semovi) reconoció que un “presunto uso ilegal” del trámite permitió que exfuncionarios hicieran ambos registros oficiales sin que fuera detectado como una irregularidad.
Cada funcionario que realiza el trámite para la obtención de licencias en los módulos de la Semovi tiene una clave única que le permite imprimir el documento y registrarlo en el sistema, por eso es que la responsabilidad recae en quienes tramitaron ambas licencias, advierte el subsecretario de Transporte, Brando Flores, en entrevista con Animal Político.
La obra tendría que sustituir al Hospital General San Alejandro que resultó dañado en el sismo de 2017 y atendía al 60% de los derechohabientes de la entidad.
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) gastó 427 millones de pesos en un terreno que incluye un edificio a medio construir, que debía convertirse en un nuevo hospital para Puebla, pero que resultó una obra inservible y sólo podrá utilizarse en el futuro para oficinas.
El nuevo hospital sustituiría al Hospital General San Alejandro de Puebla, el principal servicio para 60% de los derechohabientes del estado que resultó con severos daños estructurales tras el temblor del 19 de septiembre de 2017.
Desde que llegó al Senado, Armando Guadiana Tijerina, empresario minero de la región de Coahuila, ha salido en defensa de la actividad minera y el uso del fracking como método de extracción. La semana pasada dijo que no serían aprobadas iniciativas de prohibición contra esta práctica de extracción, declaración que puso en alerta a más de 40 organizaciones. Frente a este panorama, la Alianza Mexicana contra el Fracking urgió al Presidente Andrés Manuel López Obrador a que su compromiso 75 de los 100 del Gobierno de la 4T, sobre que no habrá más fracking en México, se traduzca en acción contundente con un decreto de suspensión inmediata a la realización de fractura hidráulica.
La Alianza Mexicana contra el Fracking, que agrupa a más 40 organizaciones civiles y sociales, alertaron que el Senador Armando Guadiana Tijerina busca desde el Senado avalar el fracking en México sin un análisis ni debate.
El pasado 3 de octubre, Armando Guadiana Tijerina, Senador por Coahuila y presidente de la Comisión de Energía del Senado de la República, afirmó que “ahora se hace el fracking con más orden, con mayor cuidado ecológico y con menos agua”, pero no ofreció ejemplos concretos de esto.
En entrevista con el programa “John y Sabina”, de Canal Once, el jurista afirmó que mantiene una relación cordial, afectuosa y respetuosa con el actual Presidente de la República, a quien consideró como un hombre al que le tiene aprecio y con el que está “muy de acuerdo” en cosas que está haciendo, “porque hay coincidencias previas sobre ciertas maneras de ver el mundo y al país”. “A un Presidente que es respetuoso, que no interviene en la vida del Poder Judicial, pues de repente se le quieren colgar ciertas cuestiones que no ha hecho. Y, por último, la renuncia del Ministro Medina Mora fue una decisión personal, que yo respeto, y sobre la cual no voy a expresar ningún comentario”, señaló frente a la periodista y el sociólogo John M. Ackerman.
Arturo Zaldívar, Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aseguró que Andrés Manuel López Obrador se ha mostrado respetuoso con la independencia del Poder Judicial, ya que no ha recibido ninguna insinuación o recomendación de su parte, lo que, según él, no se podría decir otros mandatarios, como Felipe Calderón Hinojosa, de quien habría recibido presiones y amenazas.
Nestlé, La Costeña, Unilever México y Alen del Norte fueron parte de los 10 principales contratistas del Gobierno de Enrique Peña Nieto. Estas compañías no sólo amasaron el 2 por ciento de los contratos gubernamentales del último sexenio priista, sino que la administración pasada les condonó 866 millones 080 mil 487.49 pesos en cuotas compensatorias y multas por omisiones fiscales.
Cuatro de las más grandes contratistas del Gobierno del ex Presidente Enrique Peña Nieto obtuvieron condonaciones fiscales por más de 866 millones de pesos, de acuerdo con datos de Fundar, Centro de Análisis e Investigación y del portal de compras gubernamentales CompraNet.
Nestlé, La Costeña, Unilever México y la empresa de productos de limpieza Alen del Norte figuraron entre las 10 empresas con más contratos gubernamentales entre 2013 y 2018, refiere CompraNet. En esos años, estas compañías firmaron 23 mil 774 contratos con diversas dependencias del Gobierno federal, por un monto superior a 5.8 mil millones de pesos.
Oaxaca y Chiapas son los dos estados más mortíferos para ambientalistas y defensores de los derechos humanos. En lo que va del año, al menos 12 activistas fueron asesinados, según datos recogidos por Amnistía Internacional (AI). Cinco de estas víctimas fueron atacadas en Oaxaca y otras cuatro en Chiapas.
La organización de defensa de los derechos humanos inició recientemente la campaña “No Más Asesinatos: Alza la Voz por las y los Ambientalistas en México” para denunciar estos ataques. Según los informes publicados por Global Witness, la cantidad de personas asesinadas cada año por su activismo ambiental está en aumento.
Pobladores de las comunidades El Copal, La Cañada y Venustiano Carranza, del municipio Bochil, en los Altos de Chiapas, negaron haber usado armas de fuego durante el desalojo del pasado 26 de septiembre, hechos donde el integrante de la Guardia Nacional (GN), Ángel Téllez Nicolás, murió de un disparo.
Señalan que cuerpos policíacos fueron los que usaron armas de fuego. Una semana después del desalojo de las comunidades que se manifestaban en demanda de recursos para obras sociales, los habitantes del lugar enviaron un mensaje y un video donde refieren que los cuerpos policíacos y militares los mantienen actualmente cercados. No les permiten salir de las comunidades bajo la amenaza de que serán detenidos.
El presidente Andrés Manuel López Obrador iniciará una serie de comunicaciones con representantes de los gobiernos y congresos de Estados Unidos y Canadá para que se apruebe la renovación del tratado comercial con América del Norte (T-MEC).
En conferencia de prensa, anunció que hoy mismo enviará una carta a la líder legislativa estadunidense, Nancy Pelossi, exponiéndole las razones del gobierno mexicano y pidiéndole que el acuerdo se apruebe sin contaminación electoral.
Confiado en que los amparos contra las obras aeroportuarias en Santa Lucía, queden resueltos a favor de su plan, el presidente Andrés Manuel López Obrador, insistió hoy en que para 2021 estará terminado el proyecto y se ahorrará 100 mil millones respecto a lo presupuestado el sexenio pasado.
En conferencia de prensa, acompañado por el titular de la secretaría de Comunicaciones y Transportes, (SCT), Javier Jimenez Espriú, el mandatario dijo confiar en los ingenieros militares que trabajan en el proyecto y podrá cumplir su compromiso de tener lista la obra a la mitad de su administración.
Después del escándalo que provocó la difusión de la lista de grandes contribuyentes beneficiados por amnistías fiscales en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, el martes 1, la titular del SAT, Margarita Ríos-Farjat, dice en entrevista que en algunos casos pudo tratarse de una estrategia para evadir impuestos. Y si bien eso quedará “en la conciencia” de quienes maniobraron así, fueron los gobiernos los que mediante la ley de ingresos vulneraron el Código Fiscal de la Federación, es decir, el estado de derecho y la justicia fiscal.
Los contribuyentes que no pagaron sus impuestos a sabiendas de que se beneficiarían de una amnistía fiscal, como las que aplicaron Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, tuvieron estrategias equiparables a la evasión fiscal, estima Ana Margarita Ríos-Farjat, titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
“Si tú eres un contribuyente y no estás pagando porque estás esperando una medida extraordinaria para abstraerte de tu obligación fiscal, pues estás evadiendo el fisco”, dice.
La Comisión de Gobernación del Senado determinó la improcedencia de las solicitudes y petición para declarar la desaparición de poderes en los estados de Guanajuato, Tamaulipas y Veracruz.
En reunión extraordinaria se presentó el dictamen en el que se destaca que “la desaparición de poderes es una intervención extraordinaria, por lo que debe ejercerse con estricto apego a la orden constitucional y respeto al Pacto Federal”.
Otorgar a los padres los subsidios para construir y mejorar los planteles da paso a la discrecionalidad, de acuerdo con la coordinadora de Educación y Finanzas Públicas del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
Con la aprobación de la nueva Ley General de Educación, en el Congreso, el pasado 25 de septiembre, se concretó la desaparición del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED) y con la publicación de los lineamientos del programa la Escuela es Nuestra, el 3 de octubre, es un hecho que la responsabilidad de construir y mejorar los planteles pasará a los padres de familia.
El colectivo #NoMásDerroches, que interpuso más de 147 amparos contra la construcción del aeropuerto civil-militar Felipe Ángeles en la base aérea de Santa Lucía, pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraer el litigio que, según ellos, “definirá el futuro de uno de los proyectos de infraestructura más importantes en la historia de México”.
Esto luego de que esta mañana el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, a cargo del juez Juan Carlos Guzmán Rosas, decidiera revertir la suspensión contra uno de los amparos bajo el argumento jurídico de que afectará el “interés nacional” al considerar a Santa Lucía “instalaciones estratégicas”.
El organismo Pueblo Sin Fronteras (PSF) denunció la situación crítica que viven cientos de migrantes africanos afuera de la Estación Migratoria Siglo XXI, donde todos están pasando hambre, los niños migrantes no tienen acceso a servicios médicos ni a escuelas, hay mujeres embarazadas que han abortado ante la falta de atención y por lo menos dos migrantes enfermos están moribundos.
Irineo Mujica, vocero de PSF dijo que la intención del Instituto Nacional de Migración (INM) es distraer al pueblo mexicano y ofuscar su responsabilidad moral y ética en esta crisis migratoria en donde mantiene en cautiverio a cientos de personas migrantes africanas en Tapachula, violando distintos convenios internacionales así́ como las leyes mexicanas.
En Guanajuato los consideraban “una red de defraudadores” en compra de vehículos, y 33 imputaciones los llevaron de penal en penal durante casi 7 años.
“Nos acusaban de cometer fraudes incluso estando presos”, dice la familia Roa Quintero
Las autoridades de Guanajuato señalaron a la familia Roa Quintero como “una red de defraudadores” en compra de automóviles a particulares, y a partir de ello un alud de 33 imputaciones en su contra los ha llevado de penal en penal durante casi siete años. Señalan mala actuación de la Fiscalía que encabeza Carlos Zamarripa y piden que cese el acoso en su contra.
El próximo 25 de octubre se tendrá el informe de hechos de todas las investigaciones con lo que se podrá determinar la causa del accidente.
En dos semanas estará listo en informe de hechos de todas las investigaciones, sobre el accidente donde murieron la gobernadora de Puebla, Martha Érika Alonso, y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle.
El informe estará terminado el 25 de octubre, y se estima que para noviembre se pueda determinar la causa del accidente, dijo este martes durante la conferencia matutina el titular de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú.
Entre las anomalías se encuentra el reporte de un perito quien dijo encontrar el cuerpo dentro de una cocina, cuando la policía reportó el hallazgo en una carretera de Villagrán.
El expediente sobre el caso de Leonardo García -el joven guanajuatense que murió en un paraje cercano a las vías del tren rodeado por 12 policías después de un supuesto enfrentamiento- tiene inconsistencias que apuntan a un posible montaje que ocultaría una ejecución extrajudicial.
Una de las anomalías es el reporte de un perito quien señaló haber encontrado el cuerpo dentro de una cocina, cuando la propia policía reportó que los hechos ocurrieron en una carretera dentro del municipio de Villagrán, a la altura de la comunidad El Rehilete.
La decisión le fue notificada al Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) en una carta dirigida al Rector David Garza Salazar, donde el ex panista agradeció la apertura y la pluralidad de la institución educativa para que asistiera a impartir una conferencia. “Sin embargo, he escuchado con especial atención el comentario de la señora Rosa Elvia Mercado, madre de de Jorge Antonio, quien señaló recientemente no estar de acuerdo con mi visita al campus en las circunstancias actuales”, precisó.
El ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa declinó esta mañana la invitación que le extendieron los estudiantes de la Sociedad de Alumnos de la Licenciatura en Derecho (SALED) para participar en el Simposio Internacional de Derecho, el cual está programado para celebrarse este miércoles 9 de octubre en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), luego de que miles rechazaran su visita al campus, donde miembros del Ejército asesinaron a dos alumnos en marzo de 2010.
En los últimos cinco años, el Gobierno mexicano ha puesto en operación varias interfases digitales para su consulta pública en los que trata de unificar y organizar la información sobre las víctimas de desaparición forzada, problemática de la que todavía no se cuenta con cifras oficiales. En este periodo, se han diversificado las propuestas, desde la creación de una plataforma para difundir cédulas, hasta el más reciente creado tras el decreto del a Ley General en Materia de Desapariciones. Sin embargo, no cuentan con la información completa y para familiares y organizaciones civiles han contribuido a minimizar la problemática y omitir información.
Durante el sexenio pasado, la Procuraduría General de la República (PGR), hoy Fiscalía General de la República (FGR), inició –luego de varios años de que la crisis de desaparecidos fue negada por el Gobierno de México– el Programa de Difusión de Personas Desaparecidas con el que supuestamente se avanzaría en materia de accesibilidad y transparencia en cuanto a los datos sobre las miles víctimas de desaparición forzada en todo el país.
Explicó que se trata de una Ley de Impuesto a la Informalidad, que consista en la aplicación de una tasa del 5 por ciento sobre los ingresos obtenidos por las personas físicas que realicen actividades empresariales, cuando en un año fiscal no rebasen los 2 millones de pesos.
La Alcaldesa de Reynosa, Tamaulipas, Maki Ortíz Domínguez, propuso establecer un impuesto del 5 por ciento al comercio informal, entre ellos taqueros y eloteros.
Durante su participación en el Parlamento Abierto sobre el Análisis del Paquete Económico para 2020, la Presidenta municipal planteó la medida como una alternativa para hacer frente al recorte presupuestal y aumentar la recaudación.
Después de ser secuestrados los policías fueron entregados a un grupo criminal; uno de ellos fue encontrado muerto.
La Fiscalía General de Guanajuato detuvo a siete personas, entre ellos tres policías municipales de Cortazar, por su presunta participación en el secuestro de tres elementos estatales, de los cuales uno fue encontrado sin vida y dos siguen desaparecidos.
El pasado 1 de octubre los tres policías estatales realizaban un recorrido en las calles de Cortazar cuando fueron privados de la libertad por un grupo de elementos municipales, quienes posteriormente los entregaron a un grupo criminal, según detalló en conferencia de prensa el fiscal general de Guanajuato, Carlos Zamarripa.
Todas las suspensiones tienen que ser revocadas para que la Sedena pueda realizar algún trabajo del aeropuerto de Santa Lucía, proyecto que está en etapa inicial.
Un juez federal revocó una de las siete suspensiones que impedía la construcción del aeropuerto en la Base Aérea Militar de Santa Lucía, en el Estado de México.
Juan Carlos Guzmán, juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa, declaró fundado un incidente de revocación de suspensión definitiva, promovido por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) con el argumento de que ese aeropuerto es un tema de seguridad nacional.
El pacto se concreta en un momento en que otras partes de la agenda comercial del gobierno de Trump han quedado estancadas. Estados Unidos ha estado enfrascado en una costosa guerra comercial con China durante más de un año, aunque los negociadores tienen programado reanudar las pláticas el jueves en Washington. “Es una gran victoria para los granjeros, rancheros y agricultores de Estados Unidos. Y eso es muy importante para mí”, dijo Trump durante la ceremonia de firma en la Casa Blanca.
Estados Unidos y Japón firmaron el lunes un acuerdo comercial limitado, un pacto que recuperaría los beneficios que perdieron los agricultores estadounidenses después de que el Presidente Donald Trump retiró a su país del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, por sus siglas en inglés) en su primera semana de Gobierno.
