El presidente Andrés Manuel López Obrador declinó referirse a la violencia y la cancelación de asambleas distritales de Morena pues, aseguró, no se meterá en asuntos partidistas.
En su conferencia de prensa matutina de este lunes, el mandatario fue insistente en afirmar que no abordaría temas partidistas y, ante la petición de Bertha Luján sobre que la Guardia Nacional intervenga para evitar la violencia en el proceso interno morenista, advirtió:
A petición de los abogados de Ricardo Salinas Pliego, un juez de la Ciudad de México emitió una orden de censura previa que impide a Proceso informar sobre una demanda por “daño moral” que interpusieron el multimillonario y Banco Azteca contra este semanario, parte del equipo directivo y un reportero.
El magnate y su banco reclaman a Proceso una serie de investigaciones periodísticas que muestran su participación en la compraventa a sobreprecio de Grupo Fertinal por parte de Pemex durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
El presidente dice que la mayoría de los mexicanos está de acuerdo con la decisión tomada por el gobierno el pasado jueves.
El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que la decisión tomada por el gabinete de seguridad en el operativo del pasado jueves en Culiacán, Sinaloa, fue la más acertada para no arriesgar la vida de más personas.
“Nosotros no vamos nunca a optar por la guerra, por la confrontación, por el uso de la fuerza, lo que nos importa es la vida de las personas (…) tengo la conciencia tranquila y yo sé que actuamos de manera correcta, y vamos a seguir atacando las causas que generan la violencia”, señaló el mandatario en su conferencia matutina de este lunes.
Líderes de al menos tres grupos al interior del sindicato pelean ante tribunales y la Secretaría del Trabajo la toma de nota, es decir el reconocimiento oficial de la organización.
Tras la renuncia de Carlos Romero Deschamps a la dirigencia del sindicato petrolero después de 26 años, su segundo al mando y secretario del Interior, Manuel Limón Hernández, tomó su lugar y de acuerdo a los estatutos de la organización podría seguir hasta 2024 sin realizar una nueva elección.
En tanto, líderes de al menos tres grupos al interior del sindicato pelean ante la Secretaría del Trabajo y tribunales la toma de nota del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, es decir el reconocimiento oficial de la organización, y la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo, ambos en poder de la dirigencia en funciones.
Colectivos en defensa del agua documentan que la Conagua ha otorgado más de 500 mil concesiones de 1992 a mayo de 2019 que han sido, aseguran, en violación de vedas, de límites de disponibilidad, de derechos de núcleos agrarios y de pueblos indígenas y de terceros, y sin ningún sistema efectivo de control sobre la contaminación. Para uso industrial y agroindustrial, de las más de 5 mil dadas en el periodo referido, un 30.87 por ciento ha ido para empresas como GEO, ARA, Bachoco, Sukarne, Danone, Femsa, Heineken, Lala, Cemex, Apasco, entre otras, de acuerdo con el Registro Público de Derechos de Agua.
De los 5 mil 769 títulos de concesiones que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha dado para uso industrial y agroindustrial de 1992 a mayo de 2019, el 30.87 por ciento (1,781) ha sido para las empresas Geo, Ara, ICA, Homex (sector inmobiliario), Bacocho, Sukarne (granjas), Danone, Nestlé (embotelladoras), FEMSA, Pepsi, AGA (refresqueras), AB InBev, Heineken (cerveceras), Lala, Nestlé (lecheras), Cemex, Apasco, Cruz Azul, Moctezuma (cementeras), y Pfizer, Bayer (farmacéuticas), de acuerdo con el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA).
“Esto no va a ser otro Ayotzinapa. Aquí se van a establecer las responsabilidades con toda precisión, con todo apego a la ley y con toda transparencia”, sostuvo el Fiscal General de la República.
Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), anunció que la dependencia a su cargo creará un grupo especial para investigar exhaustivamente los actos de violencia suscitados el pasado 17 de octubre y sentenció que Culiacán no sería otro Ayotzinapa.
The Wall Street Journal fue el primero de los diarios extranjeros que dijo que los criminales habrían enviado dos videos a mandos militares de Culiacán para presionar al Gobierno federal. En una de las grabaciones se veía que varios de ellos permanecían como rehenes; en la otra, un elemento castrense ejecutado. Eso es lo que dijo. Luego, Alan Feuer, reportero que cubrió el juicio de Joaquín “El Chapo” Guzmán para The New York Times en Nueva York, abundó: “Actualización sobre el arresto de Ovidio Guzmán: el Ejército mexicano lo capturó a él y a su hermano mayor Iván en un momento, también. La gente de Iván lo sacó de custodia, de acuerdo con personas informadas sobre el asunto. Luego secuestraron a familias de funcionarios mexicanos para forzar la liberación de Ovidio también”.
Periodistas de dos medios extranjeros, The New York Times y The Wall Street Journal, dijeron que, según sus fuentes, el Cártel de Sinaloa presionó al Gobierno mexicano secuestrando militares o familiares de funcionarios y militares para lograr la liberación de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo”, en Culiacán.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que sí le gustaría ir a comparecer ante la autoridad si lo llaman por haber respaldado la decisión del Gabinete de Seguridad de liberar a Guzmán López el jueves pasado.
En la antigua sede del Senado, en Xiconténcalt, este lunes los tres poderes de la Unión –Ejecutivo, Legislativo y Judicial - iniciaron los trabajos para una reforma de fondo de procuración e impartición de justicia con el objetivo de que los mexicanos vuelvan a confiar en las instituciones que lo integran y acabar con la corrupción, el nepotismo y la impunidad.
El presidente de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, destacó que se trata “de un hecho histórico” con el que inicia un diálogo institucional entre poderes hacia una reforma integral en materia de justicia.
El canciller mexicano Marcelo Ebrard Casaubón aseveró que “habrá un antes y un después” en la relación entre México y los Estados Unidos referente a los mecanismos de revisión y prevención del tráfico ilícito de armas hacia nuestro país.
Tras la reunión a puerta cerrada esta mañana entre el gabinete de seguridad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el propio Ebrard con funcionarios del gobierno de Washington, entre ellos el embajador estadunidense en nuestro país, Christopher Landau, el canciller habló de ese antes y después.
Entre agosto y octubre de este año el Servicio de Administración Tributaria (SAT) canceló 13 mil 934 adeudos fiscales por un monto superior a los 126 mil millones de pesos, y entre los beneficiarios se encuentran Juan Manuel “El Mono” Muñoz, detenido en Texas por lavado de dinero del narcotráfico; el dueño de Ficrea, Rafael Antonio Olvera Amezcua, y seis empresas involucradas en el esquema de “La Estafa Maestra”.
Lo anterior, de acuerdo con bases de datos oficiales obtenidas y procesadas por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
El Partido Acción Nacional (PAN) denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) al presidente, Andrés Manuel López Obrador, al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, y a quienes resultan responsables por la liberación de Ovidio Guzmán Salazar, hijo de “El Chapo” Guzmán durante el operativo fallido en Culiacán el pasado 17 de octubre.
“Este hecho evidencia que la delincuencia doblegó al gobierno mexicano. No podemos aceptar ni sometimiento, ni la amnistía para criminales” afirmó Marko Cortés, dirigente nacional del PAN.
El Ombudsman Luis Raúl González Pérez consideró que “la autoridad que dolosamente pretende justificar el que no se garantice la seguridad e integridad de las personas, aduciendo que no lo hace porque los derechos humanos no se lo permiten, además de confundir a la opinión pública, reconoce expresamente su omisión o incapacidad para cumplir con las obligaciones que la Ley le impone”, ya que “la defensa de los derechos humanos no promueve el incumplimiento de la Ley o que la misma sea objeto de negociación. Por el contrario, sólo en el marco de la Ley los derechos humanos se pueden materializar y ser vigentes”.
Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, aseguró esta mañana que ya se está haciendo una revisión del operativo fallido para detener a Ovidio Guzmán López, hijo de “El Chapo”, el jueves pasado en Culiacán, Sinaloa, el cual desató una ola de violencia. Más tarde, Luis Raúl González Pérez, titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), pidió emprender una investigación objetiva e imparcial del caso.
Aunque se esperaba que la administración federal cambiara la clasificación de sus programas bandera, no lo hizo, pese a las acusaciones de que como están generan opacidad y le abren la puerta a la corrupción.
Los programas insignia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida, pensión para personas con discapacidad, Producción para el Bienestar y becas para estudiantes de Educación Media Superior no tendrán reglas de operación para 2020, tal y como sucedió en este 2019.
Eso significa que no habrá los elementos suficientes para poder evaluar a su población objetivo, el mecanismo de selección de los beneficiarios, los parámetros para su operación, sus metas, resultados y forma de gastar los recursos.
Desde hace dos meses la extitular de Sedesol y Sedatu se encuentra recluida en el penal de Santa Martha por el proceso judicial que enfrenta.
Un magistrado ordenó que se realice otra audiencia para revisar si Rosario Robles debe permanecer en prisión, luego de que el juez Felipe de Jesús Delgadillo determinó su aprehensión como medida cautelar ante “riesgo de fuga” como parte del proceso judicial que enfrenta por el delito de ejercicio indebido de la función pública.
El abogado de Robles, Julio Hernández Barros, informó a Animal Político que “el Quinto Tribunal Unitario revoca y ordena reposición de procedimiento con amplias posibilidades de cambio de la medida cautelar en los próximos días”.
Salinas Pliego aseguró que no era socio de Fertinal y sólo había reconocido que Banco Azteca y Arrendadora Internacional Azteca –ambas de Grupo Salinas– hicieron un préstamo de 406 millones de dólares a la empresa de fertilizantes entre 2008 y 2015, pero según los documentos consultados por Proceso, a cambio se quedaron en prenda con todos los bienes y las acciones de Fabio Massimo Cobarrubias Piffer –quien fue director general de Fertinal entre 1992 y 2016.
El empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego y Banco Azteca demandaron por “daño moral” a la Revista Proceso, a un reportero y a dos directivos del medio debido a la publicación de un reportaje que dio cuenta de vínculos del multimillonario con la compra de una planta de Grupo Fertinal, con sobreprecio, por Petróleos Mexicanos (Pemex).
Ante el Juzgado civil número 62, con sede en la Ciudad de México, el 26 de agosto Grupo Salinas y Salinas Pliego argumentaron una “campaña de desprestigio” en su contra “con el único propósito de sembrar en la población mexicana una idea errónea y negativa [de que] el Señor Ricardo Salinas Pliego es una persona corrupta”, afirmó el semanario en su versión electrónica.
En medio de lo que fue un logro para el Presidente Andrés Manuel López Obrador, que encabezó el inicio de la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, un grupo de personas vecinas a la Base Aérea insiste en un tema que no ha sido tomado en cuenta: en la zona, la escasez de agua se agudizará.
Hay un tema que no ha sido mencionado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador ni por los miembros de su Gabinete. Cuando se habla de la construcción del Aeropuerto en la Base Aérea de Santa Lucía y de la cancelación de la obra se mencionan la corrupción, el suelo, los amparos, pero no hay un informe sobre el impacto que este proyecto tendrá en el sistema hídrico de la zona.
Un grupo de vecinos, aunque cada vez más reducido, no quita el dedo del renglón y le dicen al Presidente, al que desde enero le han solicitado una audiencia, que el Aeropuerto y todos los servicios que traerá consigo, agudizará la crisis de agua que ya se sufre.
Mario Pacheco Ventura, secretario de Finanzas en el gobierno de Roberto Sandoval en Nayarit (2011-2017), fue detenido en Tepic por su presunta responsabilidad en delitos como abuso de autoridad, peculado, entre otros.
La información fue dada a conocer por la Fiscalía General del estado, gobernado actualmente por el panista Antonio Echevarría, en donde precisa que al extesorero se le liberó una orden de aprehensión en su contra al ser señalado en los delitos de ejercicio indebido de funciones, abuso de autoridad, coalición de servidores públicos y peculado.
Habitantes de comunidades indígenas aledañas a la base de Santa Lucía han promovido 10 amparos que todavía no se resuelven.
Mientras en el interior de la Base Aérea de Santa Lucía el gobierno montó este jueves una exhibición de maquinaria pesada para dar por segunda vez el banderazo a la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, en los alrededores aún se palpaba inconformidad.
Habitantes de los 12 pueblos originarios de Tecámac, el municipio mexiquense donde se ubica la base, se manifestaron en la puerta principal para advertirle al presidente Andrés Manuel López Obrador que su lucha contra el megaproyecto seguirá en sus territorios y en los tribunales, incluso internacionales.
En 2017 organizaciones solicitaron la Alerta de Género para la CDMX, la petición no prosperó con Miguel Ángel Mancera y ahora queda en pausa por temas jurídicos.
Durante los últimos dos años los gobiernos capitalinos han retrasado, por diversas razones, la implementación de la Alerta de Violencia de Género (AVG) en la Ciudad de México, a pesar de los altos índices de violencia e impunidad registrados.
La Alerta de Violencia de Género (AVG) es un mecanismo de protección que consiste en un conjunto de acciones gubernamentales para enfrentar y erradicar la violencia feminicida y/o la existencia de un agravio que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres.
Durante los enfrentamientos entre fuerzas de seguridad pública y grupos armados ocurridos durante la tarde y noche de ayer en Culiacán, Sinaloa fallecieron ocho personas, informó el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval González.
Entre los muertos se encuentra un civil, un agente de la Guardia Nacional, cinco presuntos criminales y un interno del penal de Aguaruto. También se reportaron 16 heridos.
El titular de Sedena detalló que los grupos criminales realizaron 19 bloqueos a vialidades y 14 agresiones con arma de fuego a personal del Ejército y la Guardia Nacional.
Tras los hechos de violencia registrados ayer en Culiacán Sinaloa, y recientemente en otras partes del país como Guerrero, Michoacán y también en la Ciudad de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la estrategia de seguridad de su gobierno “no ha fracasado”.
Lo ocurrido ayer en Culiacán, Sinaloa –donde se desataron violentos enfrentamientos tras la detención de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán y que obligó a las fuerzas de seguridad a liberarlo—fue “un hecho lamentable”, afirmó el mandatario.
Ocho elementos del Ejército estuvieron retenidos por el grupo criminal que participó en las balaceras de ayer en Culiacán, Sinaloa, admitió el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval.
Sin dar detalles, el titular de la Sedena aclaró que los mismos fueron liberados al abortar el operativo de las fuerzas armadas.
Sandoval no precisó en dónde fueron retenidos los militares ni cuanto tiempo permanecieron en manos de la delincuencia.
Tras 10 horas de enfrentamientos, el gobierno federal informó que hubo agresiones y retención de elementos federales, que luego fueron liberados.
El enfrentamiento entre fuerzas federales y grupos del crimen organizado en Culiacán, Sinaloa, por el operativo para detener a Ovidio Guzmán López, hijo del ‘Chapo’ Guzmán dejó como saldo un civil y elementos de seguridad muertos y heridos, bloqueos y fuga de reos.
Durante los enfrentamientos un oficial y ocho elementos de tropa fueron retenidos por hombres armados, horas más tarde fueron liberados sin lesiones.
Alfonso Durazo, secretario de Seguridad, indicó que formalmente no hubo una detención contra el hijo de Chapo y que la suspensión del operativo no involucró ninguna negociación.
El operativo para detener a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín el Chapo Guzmán, fue fallido, deficiente y precipitado, admitieron Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional y el titular de Seguridad, Alfonso Durazo.
“El grupo responsable de esta acción policiaca, en su afán de obtener resultados positivos, actuó de manera precipitada“, con deficiente planeación, así como falta de previsión sobre las consecuencias de la intervención, omitiendo además obtener el consenso de sus superiores, es decir, del Gabinete de Seguridad”, aunque nada fue improvisado, aseguró Cresencio Sandoval.
El Fondo Sectorial establecido entre el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y la Secretaría de Energía (Sener) deberá entregar información en torno a la entrega de recursos públicos para proyectos de sustentabilidad energética.
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales ordenó en particular que se hagan públicos los convenios de asignación de recursos firmados con quienes reciben apoyo de los Centros Mexicanos de Innovación en Energía (CEMIEs) para el desarrollo de proyectos de tecnologías, productos y servicios.
