El Ministro Fernando Franco González Salas tomó en cuenta los recursos presentados por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC) para evitar que se aplique la llamada “Ley Bonilla”, una reforma a la Constitución de la entidad para ampliar el periodo de Gobierno de la nueva administración. Sin embargo, se negó a conceder una suspensión para impedir la toma de protesta de Jaime Bonilla Valdez, quien obtuvo el triunfo en las elecciones pasadas con el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite cuatro acciones de inconstitucionalidad promovidas contra la extensión del mandato de Jaime Bonilla, próximo Gobernador de Baja California, la cual pasó de dos a cinco años.
El Ministro Fernando Franco González Salas tomó en cuenta los recursos presentados por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC) para evitar que se aplique la llamada “Ley Bonilla”, una reforma a la Constitución de la entidad para ampliar el periodo de Gobierno de la nueva administración.
“Lamentamos profundamente estas expresiones suscitadas en un contexto de hostilidad y discurso de odio hacia las personas migrantes", señaló el Consejo Ciudadano del INM.
Organizaciones reprobaron las declaraciones del titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, quien dijo que los migrantes indocumentados serán enviados a sus lugares de origen “así sean de Marte”.
El Consejo Ciudadano del INM hizo público un exhorto dirigido al comisionado y censuró sus palabras “despectivas” hacia los migrantes, pronunciadas el martes durante la inauguración de una exposición.
El mandatario aseguró que "vamos bien" al cumplirse el plazo de los seis meses que dio para mejorar los resultados en materia de seguridad.
A pesar de los hecho violentos ocurridos en Culiacán, Sinaloa, la población confía en la estrategia de seguridad implementada por el gobierno, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.
“¿Qué se ha logrado? Que la gente tenga confianza en nuestra estrategia, no lo digo yo, lo dice la última encuesta del Inegi, que pasó de noche, donde hay una participación distinta.
Ricardo Salinas Pliego demandó al semanario, luego de que reveló sus vínculos con la compraventa a sobreprecio de Grupo Fertinal por parte de Pemex durante la administración de Enrique Peña Nieto.
El abogado de la revista Proceso, Ernesto Villanueva, indicó que tienen “muy bien documentado” el reportaje que originó la demanda que interpuso contra ese medio el empresario Ricardo Salinas Pliego, titulado “Salinas Pliego, el magnate que movió los hilos de la estafa Pemex-Fertinal”.
El recurso presentado por los abogados del magnate tardó en darse a conocer porque existía una “orden de censura previa”.
El presidente del Consejo Nacional Agropecuario advierte de “una tormenta perfecta para acabar con el sector agroalimentario”.
La iniciativa presentada por el diputado de Morena, Carlos Lamarque, para obligar a pagar los derechos de agua a todos los agricultores del país a partir de 2020, “acabaría con el sector agroalimentario” de México, advirtió Bosco de la Vega, presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA).
En entrevista para Aristegui en Vivo, De la Vega consideró que la iniciativa presentada el pasado jueves 17 de octubre, se redactó “al vapor”, sin tomar en cuenta a campesinos a través de consultas, y sin valorar el impacto negativo que podría tener en este sector productivo del país.
El Cartel de Sinaloa (CDS) en ningún momento atentó contra la integridad física de ningún ciudadano durante el operativo de rescate de Ovidio Guzmán López en Culiacán, y sólo respondió a los ataques de las fuerzas federales, señala un “comunicado” presuntamente enviado por el cartel a varios periodistas por diversos sistemas de mensajes electrónicos.
El supuesto comunicado también agradece al “gobierno de Andrés Manuel López Obrador que haya ordenado la liberación de Ovidio Guzmán” y pide al mandatario que considere pedir la renuncia “a quienes de manera irresponsable pusieron en riesgo la vida de gente inocente”.
Los legisladores señalan que en el dictamen aprobado en la Comisión de Salud no se definen con claridad quiénes podrán ser beneficiarios, ni de dónde saldrán los recursos para el Instituto que reemplaza al Seguro Popular.
Diputados de partidos políticos de oposición, como el PAN y Movimiento Ciudadano, advirtieron que el dictamen de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que da la base legal para crear el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), que sustituirá al Seguro Popular, provocará opacidad en el manejo de los recursos y discrecionalidad para elegir a los beneficiarios.
La promesa del gobierno es crear un sistema universal de salud, que permita el acceso a todas las personas sin seguridad social, garantizando no solo las consultas médicas, sino también los medicamentos y otros insumos y servicios de salud.
La defensa de Robles insiste en que el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, sobrino de Dolores Padierna, no debería llevar el caso por el posible conflicto de interés que su parentesco representa.
Rosario Robles entró a la sala vestida con un suéter de cuello alto y pantalón beige, el color del uniforme en el penal femenil de Santa Martha Acatitla donde ha permanecido los últimos 71 días. Horas antes había sido trasladada a los juzgados del Reclusorio Sur para presenciar la audiencia que abría la posibilidad de seguir su juicio en libertad.
Allí, se encontró por tercera vez con el juez que lleva su caso, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, sobrino de Dolores Padierna cuyo esposo, René Bejarano, estuvo en prisión tras la difusión en 2004 de los videos donde se le veía recibir dinero en efectivo de manos del empresario Carlos Ahumada, entonces contratista del gobierno del Distrito Federal y pareja sentimental de Robles.
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no tiene información sobre la supuesta detención de Iván Archivaldo Guzmán, otro de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, durante el operativo en Culiacán, Sinaloa, el pasado 17 de octubre, que terminó con la liberación de Ovidio Guzmán.
“No me dieron información sobre eso. Yo lo que supe es de este operativo cuando ya estaba en marcha y ya me informaron la circunstancia en que se estaban dando las cosas”, respondió al ser cuestionado sobre la información que publicó el diario The New York Times de que el Ejército también habría detenido y luego liberado a otro hijo del Chapo.
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su estrategia de seguridad es diferente a la de sexenios pasados y aunque lo llamen cobarde “acepta todo” y seguirá con la misma estrategia de atender las causas porque quiere “dormir en paz”, sin “daños colaterales”.
Durante su conferencia matutina de este miércoles, López Obrador dijo que en el pasado se optó solo por atender los efectos y no las causas, pero que su gobierno está cambiando el paradigma.
Los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC) presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el pasado viernes 18, las primeras acciones de inconstitucionalidad contra la llamada “Ley Bonilla” en Baja California.
Frente al máximo tribunal del país, los representantes de los partidos políticos señalaron que con estos recursos se pondrá a prueba la independencia del Poder Judicial de la Federación (PJF).
El gobierno federal tiene más solicitudes de extradición de líderes de la delincuencia organizada, como la que se dio para detener a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, pero se ha actuado con respeto pleno a la soberanía de México, aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Existe cooperación con Estados Unidos, como en otros ámbitos de la relación bilateral, como la migración o el control del contrabando, "pero no somos colonia de ningún gobierno extranjero", dijo el mandatario en su conferencia diaria.
El décimo tercer tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito ordenó descongelar por tiempo indefinido las cuentas de Alonso Ancira, dueño de la empresa de Altos Hornos de México.
El amparo en revisión de queja que radica en el expediente 353/2019 señala que el bloque por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no cumple con la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en el sentido de que los bloqueos son inconstitucionales, salvo cuando tiene como origen una resolución de un organismo internacional, como el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, o una solicitud de una autoridad extranjera reconocida en los tratados internacionales.
Desde Palacio Nacional el Mandatario mexicano defendió esa postura, debido a que, dijo, el impuesto fue creado hace cuatro años y llegaba a las entidades sin alcanzar “a los pueblos”. Los Gobernadores también coincidieron en que se analicen las nuevas disposiciones para la entrega de concesiones, porque, aseguraron, la minería es la oportunidad de que las zonas rurales y más alejadas tengan desarrollo.
Sobre los recursos del Fondo Minero el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que estos deberán quedarse en las entidades y municipios que los producen, luego de que ayer la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) exigiera preservar lo obtenido.
“Yo no estaba informado (del operativo para detener al hijo de “El Chapo” Guzmán). No me informan en estos casos. Cuando me enteré, les pido que se reúnan, que tomen una decisión y yo lo avalo…”, dijo López Obrador. Graves, y preocupantes, sus palabras.
Graves, porque se están tomando decisiones de alto riesgo a sus espaldas y sin consulta obligada, sobre todo cuando en el fracaso gubernamental en Culiacán intervinieron agentes de la DEA. Aún más: el Presidente de México aislado durante tres horas por su terquedad de viajar en vuelo comercial, que en nada abona a la tranquilidad nacional. Un mandatario rebasado por su equipo y por la inseguridad.
Cuando criminales del cártel de Sinaloa tomaron de rehenes a elementos del Ejército Mexicano, les desposeyeron de sus radios de comunicación civil. Utilizaron la frecuencia oficial para hacer contacto con los mandos militares y negociar la liberación de Ovidio Guzmán López, el jueves 17 de octubre en Culiacán, Sinaloa.
En una sesión que se extendió hasta la madrugada de este miércoles, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena decidió posponer en definitiva el proceso interno del partido hasta que haya un padrón confiable producto de una reafiliación, así como descartar las asambleas ya realizadas. Se prevé que se repondrá en su totalidad a principios del próximo año.
La decisión fue tomada por la dirigencia del partido después de evaluar los datos sobre las primeras cuatro jornadas de asambleas, en las que hay más de 65 suspensiones, así como cientos de impugnaciones y miles de quejas de la militancia.
Representantes de 40 comunidades de Ixtacamaxtitlán, Puebla, exigieron al secretario del Medio Ambiente, Víctor Toledo, no aprobar el Manifiesto de Impacto Ambiental del Proyecto Minero Ixtaca, de la empresa canadiense Almaden Minerals y su filial Minera Gorrión.
Además, entregaron a la Semarnat más de cuatro mil firmas de actas de asambleas comunitarias y asambleas de grupo, donde expresan su rechazo al proyecto minero a cielo abierto, el cual, a pesar de no contar con la autorización, ya se promueve en las comunidades con promesas de empleo para el 2020.
Durante su tradicional encuentro matutino con la prensa, el mandatario lamentó que los alcaldes quisieran ingresar a Palacio Nacional por la fuerza, lo que consideró como un comportamiento incorrecto. “Les gana mucho el ansia opositora, la desesperación y quienes están a cargo del cuidado sintieron que podían entrar por la fuerza. Yo lamento mucho esto”, expresó.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo hoy que la protesta de alcaldes ayer, en Palacio Nacional, es política, y que quieren que el Gobierno federal se endeude para que reparta más dinero. Les recomendó recurrir a la Cámara de Diputados a negociar sus ingresos y emprender planes de austeridad: recortar salarios, dejar de viajar, etcétera.
El extinto Proméxico destinó más de 17 mdp para financiar “narconovelas” en 2018, el último año que gobernó Enrique Peña Nieto y cuando el fideicomiso estaba dirigido por Paulo Carreño King. Las series, que abordaron desde la ficción la vida en Culiacán, Sinaloa, fueron compradas por Blim de Televisa; pero no lograron dar la competencia en el mercado de plataformas “bajo demanda”. Por su parte, la realidad ganó. Y su escena, en estos momentos, es así: la capital sinaloense da la batalla por la normalidad después de que el pasado jueves 17 una balacera de cinco horas lo paralizó todo. El dinero para las series es más de la mitad del fondo destinado para los desplazados sinaloenses por la violencia que fue de 30 mdp y del cual, queda poco más de un millón.
A través del extinto fideicomiso Proméxico, el ex Presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) patrocinó en su último año de Gobierno, las producciones de las telenovelas La Piloto y Las Buchonas de Tierra Blanca, cuyo tema central era el narcotráfico sinaloense.
La productora PS By Lemon recibió para la realización de esas dos series, 17 millones 500 mil pesos, cuando al organismo paraestatal lo dirigía Paulo Carreño King, mientras en México continuaba la guerra en contra del llamado crimen organizado con su saldo real de desaparecidos y muertos.
Los productores de aguacate mexicanos llevan años viviendo con el miedo a los asaltos y chantajes, pero la situación adquirió un cariz internacional a mediados de agosto, cuando un equipo de inspectores del Departamento de Agricultura de Estados Unidos fue “amenazado directamente” en Ziracuaretiro, una localidad al oeste de Uruapan, en Michoacán. “En futuras situaciones que resulten en una violación de la seguridad o muestren una amenaza física inminente al bienestar del personal del APHIS, suspenderemos de inmediato las actividades del programa”, señaló el Departamento de Agricultura estadounidense (USDA, por sus siglas en inglés) en una carta, refiriéndose al Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas por su acrónimo.
Pequeños agricultores de aguacate armados con rifles AR-15 hacen turnos para gestionar la seguridad de un puesto de control contra ladrones y extorsionistas de los cárteles de la droga en San Juan Parangaricutiro, en el estado de Michoacán, el corazón de la producción de esta fruta a la que los locales llaman “oro verde”.
El Conapred advirtió que se puede convertir "en un impedimento para que todas las personas ejerzan plenamente su derecho a la salud".
El Congreso del Estado de Nuevo León aprobó por mayoría incluir la Objeción de Conciencia en la Ley Estatal de Salud, que implica que el personal de salud podrá negarse a brindar servicios a personas de la comunidad LGBTTTI y a mujeres que busquen abortar, entre otros.
El pasado 15 de octubre 2019, la propuesta fue presentada por la diputada del PT, María Guadalupe Rodríguez Martínez, y contenía reformas al artículo 48 de la citada ley.
El secretario de Seguridad Ciudadana indicó que se indagarán los posibles nexos entre los servidores públicos y los 31 detenidos en la colonia Morelos.
La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad Ciudadana indagan los posibles nexos entre funcionarios de la capital y los 31 detenidos en la colonia Morelos que tenían un arsenal, casi tres toneladas de droga y vehículos robados.
“Esta secretaría tuvo conocimiento de la colusión de este grupo delictivo con autoridades de la Ciudad de México, las cuales daban posiblemente protección a esta organización, por lo cual se tomó la decisión de operar a la brevedad“, dijo en secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch.
El caso de la desaparición de cuatro ingenieros agrónomos desaparecidos por policías municipales de Torreón, Coahuila, hace exactamente 10 años, es un botón de muestra de la criminalización de las víctimas, la indiferencia y el incumplimiento de los compromisos con las familias de los desaparecidos, durante los gobiernos de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador.
Así lo denunció María Antonia Melo, hermana de Matusalén Melo Cadena, uno de los cuatro profesionistas que el 21 de octubre de 2009 fueron detenidos por policías municipales de Torreón cuando se dirigían a su trabajo.
La fuga de 55 reos del penal de Aguaruto, durante el operativo fallido para la captura de Ovidio Guzmán, ocurrió porque los custodios penitenciarios no opusieron resistencia por lo que el director, Eduardo Arturo Bailleres Mendoza, fue destituido y está bajo investigación, informó esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador.
