La CNDH cree que PGJT y FGR vulneraron gravemente los derechos humanos de las víctimas, que en su mayoría son mexicanas. “Sorprende que no haya una investigación más puntual de la acción del Estado”, dice ONG que representa a 21 familias.
El Estado aún no ha identificado a 69 de los 196 cuerpos encontrados en 48 fosas clandestinas descubiertas en San Fernando, Tamaulipas, entre abril y mayo de 2011. Algunos de los restos entregados durante este tiempo estuvieron equivocados por una deficiente actuación de las autoridades, que dificultó la investigación.
Ocho años después del hallazgo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emite un informe en el que se constatan las “graves violaciones a los derechos humanos” de las víctimas. En concreto, al derecho al acceso a la justicia, la seguridad jurídica y la verdad, tanto por las 196 víctimas como por otros 57 mexicanos desaparecidos cuyos familiares presentaron reclamos ante la institución cuando se hizo público el descubrimiento de las fosas.
Ocho años después del hallazgo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emite un informe en el que se constatan las “graves violaciones a los derechos humanos” de las víctimas. En concreto, al derecho al acceso a la justicia, la seguridad jurídica y la verdad, tanto por las 196 víctimas como por otros 57 mexicanos desaparecidos cuyos familiares presentaron reclamos ante la institución cuando se hizo público el descubrimiento de las fosas.
