Una de las cifras más altas la tiene Jóvenes Construyendo el Futuro, con un subejercicio de 14 mil millones de pesos.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha dejado de ejercer hasta el tercer trimestre del año al menos 50 mil millones de pesos (mmdp) aprobados para ayudas sociales, lo que se conoce como subejercicio del presupuesto.
Una de las cifras más altas la tiene Jóvenes Construyendo el Futuro, de apoyo a jóvenes que no estudian ni trabajan, para que se inscriban como aprendices y adquieran experiencia. Hasta septiembre, el programa a cargo de la Secretaría del Trabajo tenía un gasto no ejercido de 14 mil millones de pesos, según los datos de la Secretaría de Hacienda.
El ex presidente Felipe Calderón demandó que se dé protección inmediata al comandante del grupo de Análisis de Información del Narcotráfico (GAIN), quien fue responsable del fallido operativo de Culiacán, Sinaloa y cuyo nombre fue revelado en la conferencia matutina del jefe del ejecutivo federal Andrés Manuel López Obrador.
En sus redes sociales, el ex panista escribió: El comandante del GAIN cuyo nombre fue irresponsablemente revelado esta mañana, debe ser protegido de inmediato, junto con toda su familia. Incluso valórese el nombrarlo agregado militar en otro país. Lo que pase a él y a los suyos es ya responsabilidad de quien ordenó e exponerlo.
Las autoridades señalan que Juan Apolinar Torales Iniesta fue responsable de ayudar a construir ilegalmente un departamento en la parte superior de la escuela.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Policía de Investigación anunciaron la detención de Juan Apolinar Torales Iniesta, presunto responsable de avalar las obras del Colegio Enrique Rébsamen, el cual colapsó en el sismo del 19 de septiembre de 2017.
De acuerdo con las autoridades capitalinas, Apolinar Torales Iniesta cuenta con una orden de captura por su probable responsabilidad en el delito de homicidio doloso, por la muerte de 26 personas tras el sismo.
Representantes de 24 organizaciones civiles de Baja California solicitaron al presidente Andrés Manuel López Obrador que promueva ante la Suprema Corte de Justicia de la Nacional (SCJN), a más tardar el 15 de noviembre, una acción de inconstitucionalidad contra la llamada “Ley Bonilla” que amplía de dos a cinco años el periodo de gobierno a Jaime Bonilla Valdez.
Lo anterior para dar certeza jurídica de que el Poder Judicial de la Federación entrará al estudio del fondo constitucional de la norma contenida en el decreto de reformas a la Constitución del estado, publicado en el Periódico Oficial local el pasado 17 de octubre.
La titular de la Secretaría de la Función Pública en Chihuahua, Mónica Vargas Ruiz, dio a conocer ayer durante la presentación del Fondo de Reparación Justicia para Chihuahua en Ciudad Juárez, que tienen pruebas suficientes para acreditar el desvío de 2 mil 467 millones de pesos, cometido por exfuncionarios del sexenio anterior.
La presentación del Fondo de Recuperación estuvo presidida por el gobernador Javier Corral Jurado y la funcionaria detalló que, en el uso de sus atribuciones, se practicaron auditorías a las secretarías de Hacienda, Desarrollo Rural, General de Gobierno, de Educación y Deporte, así como a la de Innovación y Desarrollo Económico.
El exdirector de Adquisiciones y Servicios de la Secretaría de Hacienda de Chihuahua, Antonio Enrique Tarín García, fue vinculado al décimo proceso penal por el delito de peculado agravado, por el presunto desvío de 22 millones de pesos del erario.
De acuerdo con el Ministerio Público, el imputado, que además es encargado de la dirección de Bienes Muebles y Mantenimiento a partir de mayo de 2016, intervino en el desvío de 22 millones de pesos etiquetados para fines públicos.
La parte acusadora señala que para el desvío de los recursos simularon 46 procedimientos de contratación de obra pública para la remodelación y mejoramiento de escuelas, entre la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte y la empresa MANZIL Construcciones S.A. de C.V.
Según la cronología de los hechos, fue cuando hubo amenazas contra militares y civiles que el mandatario se enteró de lo que ocurría en Sinaloa.
El jueves 17 de octubre, día del operativo fallido para detener a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, en Culiacán, el presidente Andrés Manuel López Obrador asistió al inicio de las obras en Santa Lucía.
Al evento lo acompañó su gabinete de seguridad, integrado por los titulares de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval; de Marina, José Rafael Ojeda y Alfonso Durazo de Seguridad Pública.
A las 12 horas, el mandatario recibió en Palacio Nacional a su homólogo cubano Miguel Díaz-Canel.
El presidente respondió algunas dudas sobre el operativo fallido en Culiacán y aseguró que el Estado mexicano tiene posibilidad de enfrentar a criminales y garantizar la paz.
El grupo de análisis de información del narcotráfico tomó la decisión de iniciar el fallido operativo para detener a Ovidio Guzmán en Culiacán sin avisar al gabinete de seguridad.
El titular de la Secretaría de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval González dijo que el responsable de dar la orden de iniciar las operaciones fue el Coronel de Caballería del Estado Mayor encargado del grupo antinarco.
Organizaciones de la sociedad civil, nacionales e internacionales, denunciaron el ambiente de hostigamiento e intimidación hacia líderes comunitarios de los municipios de Ahuacatlán y San Felipe Tepatlán, en la Sierra Norte poblana que se oponen la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1 (PHP1), en defensa de su territorio y el agua.
Amnistía Internacional, Fundar Centro de Análisis e Investigación, el Consejo Tiyat Tlali, el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), así como las comunidades afectadas, exigieron al estado mexicano “garantizar la protección de quienes defienden los derechos humanos y ambientales”, luego de que los líderes comunitarios han sido blanco de amenazas, eventos de descalificación, criminalización y hostigamiento.
Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, un grupo de ocho filiales de Grupo Salinas, del multimillonario Ricardo Salinas Pliego –entre ellas TV Azteca, Grupo Elektra y Banco Azteca– obtuvo condonaciones fiscales del Servicio de Administración Tributaria (SAT) por un monto total de 6 mil 934 millones 873 mil pesos.
Las empresas del magnate aparecieron en una nueva lista de beneficiarios de condonaciones de impuestos que dio a conocer hoy la organización Fundar: Banco Azteca obtuvo una condonación de 2 mil 335 millones de pesos; Operadora Unefón por 2 mil 170 millones de pesos; TV Azteca, por 2 mil 112 millones de pesos; Red Azteca Internacional, por mil 210 millones de pesos, y Grupo Elektra, por 74 millones de pesos.
Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, nunca fue sacado de su casa en Culiacán durante el operativo fallido realizado el pasado 17 de octubre en esa ciudad, reveló Luis Cresencio Sandoval González, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
“A las 18:49 por decisión colegiada de Gabinete de seguridad se ordena dar fin a la operación, 18:49 se toma decisión, en trámite y en ese momento se retira la fuerza, dejan de estar ahí, dejan al presunto delincuente en el punto, nunca es movido de ahí, se retiran y el escalón que teníamos alrededor de casa en vigilancia”, dijo el funcionario en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.
La Auditoria Superior de la Federación (ASF), identificó 10 casos en los que ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), no presentaron los documentos necesarios para comprobar los viáticos que se les asignaron por viajes de trabajo. Durante el año 2018, el monto total de estos faltantes es de 118 mil 400 pesos.
En la segunda entrega de la Cuenta Pública, correspondiente al año 2018, se da cuenta que se les permitió comprobar esta cantidad de dinero únicamente una constancia por escrito con la firma del ministro que efectuó el gasto. Esto con base es una autorización especial que les dio el Comité de Gobierno y Administración de la propia SCJN.
El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó hoy una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en contra de la llamada Ley Bonilla, que amplía de dos a cinco años el mandato de la próxima gubernatura.
Argumentó que esa legislación contraviene la Constitución Federal, ya que se pretende que tenga efectos retroactivos cuando fue expedida con posterioridad a los comicios de junio pasado.
Este es el segundo recurso legal interpuesto por el INE para salvaguardar la certeza del proceso electoral en Baja California. El primero fue presentado el pasado 24 de octubre y se trató de una acción declarativa ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para solicitar que se aclarara el periodo del próximo gobierno.
"Dejemos de preocuparnos tanto porque AMLO se crea Jesucristo, Juárez, Cárdenas o lo que quiera. Son, insistimos, únicamente distractores para la opinión pública".
Mientras López Obrador recurre a viejos trucos propagandísticos – “sacrificaron a Jesucristo por defender a los pobres”, dice, comparando, de forma grotesca, al cristianismo con la mal llamada Cuarta Transformación, y bajo un delirio emocional, emulándose como el Jesucristo de nuestros días-, los cuadros económico – financieros continúan disparando las alertas negativas para el país.
Se estima que fueron más de trescientos disparos en dos sitios distintos de la zona centro. Las ráfagas comenzaron a escucharse después de las 4:00 de la mañana y durante veinte minutos se prolongaron las detonaciones.
Dos viviendas baleadas y otras casas dañadas colateralmente, así como tres vehículos con daños, es el saldo de un ataque armado ocurrido la madrugada de este jueves en San José de Bacum, Sonora.
Pese a que es el tercer pueblo de mayor importancia en Bacum con aproximadamente doce mil habitantes carece de presencia constante de autoridades policiacas y militares.
“¡Ya paren todo, ya paren todo, ya ni modo, ya me entregué. Ya que se retiren. Dígales que se retiren. Ya no quiero que haya desmadre”, pidió Ovidio Guzmán López. Su hermano, Iván Archivaldo Guzmán Salazar, le dijo que frenarse no era opción.
“Ya paren todo, ya me entregué, ni modo”, dijo Ovidio Guzmán López a Iván Archivaldo Guzmán Salazar. “Ni madres”, fue la respuesta que obtuvo.
Defensores comunitarios y organizaciones de Oaxaca exigieron respeto a la vida comunitaria, saberes locales y a la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas, así como rechazaron los megaproyectos «como el corredor transístmico, el tren maya, los proyectos mineros, las hidroeléctricas, las termoeléctricas, los gaseoductos, eólicas y proyectos inmobiliarios» y denunciaron la amenaza de empresas transnacionales en sus territorios.
El sector minero demandó al gobierno federal “pactos de estabilidad fiscal” en los que se incluya congelar algunas contribuciones fiscales a 15 y 20 años, así como la devolución expedita del impuesto al valor agregado (IVA), blindar a la minería contra impuestos locales y la deducción al 100 por ciento en los gastos de exploración en el mismo año que son erogados, tal como ocurre en otros países de América Latina.
Las exigencias son para generar confianza y certidumbre entre los inversionistas a través de la eliminación de los desincentivos fiscales y de que se permita al sector acreditar las obras sociales de infraestructura que realiza en favor de las comunidades, según explicó Fernando Alanís, presidente de la Cámara Minera de México (Camimex).
A 15 días del operativo de las fuerzas federales en Culiacán, Sinaloa, con el que se pretendía arrestar a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, y en medio de diferentes versiones acerca de la presunta participación de agencias de seguridad del Gobierno de Estados Unidos en la incursión fallida, la Embajada de Estados Unidos en México rechazó que alguna instancia de la administración del Presidente Donald Trump participara en las acciones que encabezaron elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Marina Armada de México.
El Gobierno de Estados Unidos a través de su Embajada en México rechazó haber participado en el operativo fallido en Culiacán, Sinaloa, donde autoridades mexicanas retuvieron y luego liberaron a Ovidio Guzmán Loera, hijo del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”.
En un comunicado, la Embajada de los Estados Unidos en México, a cargo del Embajador Christopher Landau, informó que ninguna agencia de seguridad de su país participó en el operativo.
Hoy, Juan Carlos Lastiri se encuentra detenido en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México por su presunta participación en la Estafa Maestra, cuya principal operadora sería su amiga personal y jefa política, Rosario Robles Berlanga. Pero antes de este escándalo, el ex funcionario fue evidenciado en 2009 por el supuesto desvío de 800 millones de pesos del programa Unidos para Progresar, de Mario Marín Torres, así como por la presunta venta de candidaturas en 2012 como dirigente estatal del PRI y por desviar recursos para los damnificados del sismo del 19-S.
El priista poblano, quien hoy enfrenta cargos por los delitos de peculado y delincuencia organizada, cometidos en su operación de la Estafa Maestra, tiene un largo historial de corrupción, documentados a su paso por cargos como titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y la Subsecretaría de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). A pesar de que todos ellos fueron recabados en su momento, nunca se había abierto una investigación en su contra.
Durante su comparecencia en la Cámara de Diputados, Francisco Alfonso Durazo Montaño, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, aseguró que Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, no tiene en su contra una orden de aprehensión en México; además, llamó traidores a los panistas por haber prometido cosas que no cumplieron al pueblo de México.
Francisco Alfonso Durazo Montaño, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, aseguró que los panistas no tienen autoridad moral para reclamar nada porque traicionaron, durante los sexenios de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, al pueblo de México.
Personal de Fiscalía General de la República (FGR) entregó en extradición a autoridades de Estados Unidos al ex gobernador de Coahuila Jorge Juan Torres López, a fin de que enfrente en aquel país cargos de lavado de dinero, fraude y asociación delictuosa.
La FGR confirmó la entrega del ex funcionario, quien de acuerdo con la solicitud de detención provisional con fines de extradición, habría movilizado más de 2.5 millones de dólares de manera ilícita durante los once meses que gobernó Coahuila, al sustituir en el cargo a Humberto Moreira, esto, de enero a noviembre de 2011.
En 2015 Karime Macías operó junto a José Juan Janeiro Rodríguez, “cerebro financiero” de Javier Duarte, la compra de una casa de 7 millones de dólares en Miami mediante una firma fachada y una financiera uruguaya. El predio quedó registrado a nombre de ACE Realty Holdings LLC, en Delaware, ubicado en 277 Marinero Court, la cual cuenta con 7 recámaras, 9 baños y alberca; actualmente su valor comercial es de 9 millones de dólares.
Karime Macías, esposa del ex Gobernador de Veracruz, Javier Duarte, se entregó a las autoridades del Reino Unido en cumplimiento a un citatorio por una orden de aprehensión provisional con fines de extradición a México.
Desde 2017, la familia Duarte Macías acaparó la atención ya que la cabeza de la familia, Javier Duarte, en ese entonces Gobernador de Veracruz, estaba en medio de acusaciones por desvío de recursos, corrupción y por los altos niveles de inseguridad que fueron característicos durante su administración.
Como un hecho histórico calificó el presidente Andrés Manuel López Obrador la iniciativa de ley para eliminar el fuero presidencial, misma que se discute hoy en la Cámara de Diputados.
En la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional dijo que si el Poder legislativo aprueba la iniciativa, que propuso su gobierno, el presidente en turno podrá ser enjuiciado por todos los delitos, incluido el de corrupción.
Dos reos fueron encontrados muertos en el exterior de uno de los dormitorios del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Colima, informó la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado.
La ausencia de los hombres fue detectada la noche del lunes durante el pase de lista, por lo que al no localizarlos el personal de seguridad penitenciaria montó un operativo de búsqueda de acuerdo con los protocolos establecidos.
Tras el hallazgo, fue acordonada la zona y se resguardaron las evidencias, además de que se dio aviso de inmediato a la Fiscalía General del Estado.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha dejado de ejercer hasta el tercer trimestre del año al menos 50 mil millones de pesos (mmdp) aprobados para ayudas sociales, lo que se conoce como subejercicio del presupuesto.
