Nuevos datos sobre la gestión de Emilio Lozoya Austin como director general de Pemex indican que no sólo pugnó por asignarle directamente a la trasnacional Odebrecht proyectos estratégicos muy rentables, como el gasoducto México-Guatemala. Lo hizo en contra de lineamientos del BID y la Secretaría de Energía, y mediante acuerdos personales con funcionarios del gobierno de Otto Pérez Molina que hoy están acusados de corrupción y tráfico de influencias.
A mediados de 2015, Emilio Lozoya Austin estaba empeñado en que Pemex se hiciera cargo del gasoducto de 580 kilómetros que conectaría la frontera sur de México con Guatemala para distribuir gas natural a toda la región, con una inversión inicial de 525 millones de dólares.
No sólo eso. Lozoya buscaba que Pemex adjudicara directamente el proyecto a la constructora brasileña Odebrecht, además de que la petrolera se convirtiera en propietaria y comercializadora del gas natural en la región, en un esquema parecido al del gasoducto Los Ramones en el norte del país.
