Sobre los rieles de la Línea 3 del Tren Ligero de Guadalajara (L3) pesan un sobrecosto de 92 por ciento, un retraso en más de dos años de puesta en operación, los contratos decididos en procesos de licitación calificados por la Auditoría Superior de la Federación como “deficientes o pocos claros”, o “manipulados”, según supervisores de la obra, y que terminaron para empresas favorecidas con contratos por miles de millones de pesos en los gobiernos del Estado de México y de la república, encabezados por Enrique Peña Nieto.
Además de sobrecostos y retrasos, la obra de la Línea 3 provocó afectaciones a miles de vecinos y comerciantes, y el daño patrimonial a edificios históricos por negligentes ejecuciones de obra.