El fenómeno de desplazamiento forzado interno en México ha sido invisibilizado por los sucesivos gobiernos del país o tratado con soluciones que funcionan como paliativos, pero que no resuelven el problema real, coincidieron especialistas en el foro “Historias y reflexiones sobre desplazamiento forzado” llevado a cabo en la Universidad del Claustro de Sor Juana.
Los expertos destacaron la urgencia de que las autoridades mexicanas emitan una ley general de desplazamiento forzado, cuya aprobación ha sido postergada en al menos seis ocasiones a pesar de la gravedad de la materia. De acuerdo con Morna MacLeod, académica de la Universidad Autónoma del estado de Morelos, si bien ya hay leyes sobre el desplazamiento forzado en Chiapas y Guerrero, éstas no son operativas porque no cuentan con reglamentación.
El Convenio 189 establece que los países firmantes deben tomar medidas para asegurar que las trabajadoras del hogar “disfruten de condiciones de trabajo decentes".
Con 105 votos a favor, cero en contra y ninguna abstención, el Senado de la República ratificó el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, que reconoce a las personas trabajadores domésticas como sujetos de derechos laborales.
El Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito le negó a la ex secretaria de Desarollo Social, Rosario Robles Berlanga, la suspensión definitiva contra la vinculación a proceso del pasado 13 de agosto, que le dictó el juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, acusada por ejercicio indebido del servicio público al haber ocasionado un presunto quebranto al erario por más de 5 mil 73 millones de pesos, cuando estuvo al frente de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) entre 2012 y 2018, caso denominado la "estafa maestra".
El colegiado consideró que al negarle la protección de la justicia, el juez de amparo fundó y motivó razones por las cuales era procedente no concederle el amparo.
Un nuevo decreto presidencial en atención a las víctimas del incendio de la Guardería ABC es uno de los acuerdos comprometidos entre el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y los padres de los 49 menores fallecidos, y más de 70 sobrevivientes, de la tragedia ocurrida en Hermosillo el 5 de junio de 2009.
Este jueves el mandatario viajó a la capital sonorense para entablar una tercera reunión con los padres y madres de las víctimas, y ahí tratar tres puntos: un nuevo decreto presidencial que atienda a los sobrevivientes; el seguimiento por parte de la Fiscalía General de la República a la investigación contra los presuntos responsables del incendio, y el seguimiento a la construcción de un memorial que honre la memoria de las 25 niñas y 24 niños que murieron en la colonia Y Griega de Hermosillo, Sonora.
Ayer, el Subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Jesús Seade, acudió al Senado de la República Seade afirmó que en el T-MEC no hay ningún punto que ponga en riesgo la soberanía de México.
El Senado de la República aprobó por unanimidad el Protocolo Modificatorio al Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC).
La ratificación del acuerdo firmado el pasado martes 10 de diciembre, en el Palacio Nacional, se dio con 107 fotos a favor y sólo uno en contra.
En el inicio del proceso legislativo para la ratificación del Protocolo de Enmiendas del Acuerdo de Comercio México-Estados Unidos Canadá (T-MEC), el subsecretario de Relaciones Exteriores, Jesús Seade Kuri, reiteró ante senadores que no hay un solo punto de lo negociado que se contraponga a los intereses de México y aclaró que contra las versiones “de la prensa en ambos lados de la frontera”, se logró eliminar la intención del gobierno estadunidense de imponer una “verificación arbitraria” en materia laboral.
Seade Kuri se presentó a la reunión de las comisiones dictaminadoras de ese protocolo, que encabeza el senador Héctor Vasconcelos, al mismo tiempo en que la cancillería hizo llegar el documento con las enmiendas pactadas, que la oposición había demandado durante todo el día.
El partido político que recibió más recursos este año fue Morena. Al sumar el gasto federal y el estatal, en 2019 operó con 2 mil 704 millones de pesos.
El partido en el gobierno, Morena, anunció que renunciará 1,240 millones 458 mil 596 pesos del presupuesto federal que le corresponde para 2020, con el propósito de donar ese dinero al gobierno federal.
La presidenta del partido Yeidckol Polevnsky, aseguró que este monto representa el 75% de las prerrogativas que recibe Morena, las cuales espera se destinen al sector salud.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas y tiene abierta una investigación en contra de Genaro García Luna, exdirector de la Agencia Federal de Investigación (AFI) con Vicente Fox y secretario de seguridad pública de Felipe Calderón, informó este día el titular de ese organismo, Santiago Nieto Castillo.
Sin aportar mayores detalles, el funcionario confirmó: “Congelamos las cuentas (de García Luna) esta semana”.
El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió no adelantar juicios sobre la posible participación del expresidente Felipe Calderón en la trama de la presunta protección al cártel de Sinaloa por parte de su secretario de Seguridad, Genaro García Luna.
Incluso, dijo que no quiere que se piense que su gobierno se está aprovechando de este caso para atacar a Calderón, pues él “no hace leña del árbol caído”.
En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el mandatario confió en que tras el arresto de García Luna van a salir a la luz los nombres de los implicados.
El coordinador corporativo de la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde (CNLV), Héctor López Villarreal, desmintió que la planta enfrente problemas técnicos, estructurales, de desempeño y fugas radioactivas por encima de la norma, como documentó el semanario Proceso en la edición que se encuentra en circulación (número 2249).
En conferencia de prensa, el experto aseguró que los principales objetivos de la Central Nucleoeléctrica son la seguridad del personal, garantizar la confiabilidad de la generación, así como la excelencia en los procesos y la operación con los más altos estándares de calidad y eficiencia.
El próximo año se destinarán más de mil 400 millones de pesos para la implementación de la reforma laboral, pero pasarán años antes de poder implementarla totalmente.
La reforma constitucional en materia de justicia laboral que se aprobó en mayo pasado busca crear un nuevo sistema en que trabajadores y patrones resuelvan sus diferendos de manera pronta y expedita. Su aprobación es parte de las negociaciones que México realizó para la firma del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), sin embargo, a decir de especialistas, no hay garantía de que los cambios puedan concretarse de manera satisfactoria.
La entrada en vigor del T-MEC es un hecho, pues los gobiernos de Estados Unidos, México y Canadá firmaron este martes un acuerdo modificatorio que allana el camino para su ratificación en los congresos de los tres países.
El dictamen fue aprobado con 306 votos a favor, 129 en contra y cuatro abstenciones.
El dictamen que expide la Ley de Amnistía, para favorecer a quienes enfrenten acciones penales por delitos menores, fue aprobado en lo general por la Cámara de Diputados.
El documento, que fue aprobado por 306 votos a favor, 129 en contra y cuatro abstenciones, precisa que los posibles beneficiados de este perdón deben cumplir con tres condiciones: que la sentencia del inculpado sea la primera; que no se haya cometido delito de privación de la vida, secuestro o delitos contra la integridad personal y, no se hayan utilizado armas de fuego.
La planta nuclear de Laguna Verde, en Veracruz, es una tragedia en ciernes para el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Calificada como una de las peores del mundo, informes internos y de agencias internacionales –obtenidos por Proceso– revelan que la central opera con “fugas radiactivas, problemas técnicos, manejo inadecuado de residuos y riesgo de saturación de desechos”. Se trata de problemas que la opaca Comisión Federal de Electricidad no puede corregir porque, reconoce, se carece del recurso para hacerlo.
La Central Nucleoeléctrica Laguna Verde (CNLV) enfrenta problemas técnicos, estructurales, de desempeño y fugas radiactivas que la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS) debe tomar en cuenta ante la solicitud de renovación de su licencia para operar 30 años más.
Ejemplo de los riesgos que existen en la planta son las grietas en el contenedor primario y en la alberca de supresión, según el reporte de condición #89384, del 2 de marzo último, consultado por Proceso.
En el primer recorrido que realizaron por las comunidades que se encuentran en los márgenes de los ríos Sonora y Bacanuchi, funcionarios federales descubrieron que el gobierno de Enrique Peña Nieto ocultó un segundo derrame de tóxicos mineros, la existencia de más de mil enfermos “no reconocidos” en la zona, y que el agua de ese importante caudal sigue contaminada.
José Alonso Novelo Baeza, titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), reveló el primero de los secretos mejor guardados sobre la contaminación de esas cuencas, que afectó a más de 22 mil personas en siete municipios ribereños.
En un mensaje de cincuenta minutos, el ministro Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), rindió su primer informe de gestión al frente del máximo tribunal del país. Una frase sintetizó su proyecto: “Austeridad, combate a la corrupción, al nepotismo y cercanía con la gente”.
Acompañado del presidente Andrés Manuel López Obrador, así como de las presidentas de ambas cámaras, la diputada Laura Rojas Hernández y la senadora Mónica Fernández Balboa, Zaldívar señaló que el Poder Judicial de la Federación (PJF) inició una “transformación profunda” que habría sido “impensable sólo unos meses antes”.
“¿Por qué no nos preguntaron si queríamos el Tren Maya?”, “¿por qué solamente se habla de los beneficios y no de los perjuicios del tren?” y “después de la consulta, ¿quién tiene la última palabra?” son algunas de las preguntas que integrantes de comunidades mayas realizaron durante el foro «Encuentro en Defensa de la Vida y el Territorio» el pasado 8 de diciembre en San Antonio Ebulá, Campeche, donde discutieron la consulta sobre el Tren Maya que el gobierno federal llevará a cabo los próximos 14 y 15 de diciembre en los cinco estados por los que atravesará el megaproyecto.
A pesar de que desde el 29 de noviembre el gobierno inició con las asambleas informativas sobre el Tren Maya en algunas de las comunidades de la Península de Yucatán, los habitantes “siguen teniendo dudas” respecto al proyecto, el cual prácticamente fue echado a andar sin el consentimiento de los pueblos potencialmente afectados y sin información previa sobre sus implicaciones.
Más de 20 movimientos y organizaciones defensoras del territorio hicieron un recuento de las luchas que han enfrentado en sus comunidades a un año de la entrada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), entre las que destacaron las «batallas» contra el Proyecto Integral Morelos (PIM), en Nuevo Aeropuerto de Santa Lucía, el Corredor Transístmico y la minería.
Las organizaciones denunciaron la imposición de las obras en sus territorios, así como la falta de información a las comunidades sobre los proyectos, la simulación de las consultas oficiales, la ausencia de manifiestos de impacto ambiental «correctamente» hechos y las amenazas a la vida comunitaria por el extractivismo y el turismo masivo.
Desde su creación en 2001 y trascendiendo a su fusión con la Policía Federal Preventiva para crear la Policía Federal, la Agencia Federal de Investigación que tituló por primera vez Genaro García Luna, se significó por ser una corporación plagada de corrupción. Los “afiosos” era el mote con el cual se solía identificar a los elementos de ese cuerpo policiaco comandados por el hoy detenido ex Secretario de Seguridad Pública Federal.
Ciertamente, mayormente representaban los intereses del cártel de Sinaloa, pero no tenían escrúpulos para servir a otros cárteles en regiones del país donde la organización criminal de Joaquín Guzmán Loera “El Chapo” e Ismael Zambada García “El Mayo”.
A bordo de un jet privado, platicaba con un alto líder priista. Política y seguridad, los temas. Era 2009. Salió a la charla el todopoderoso Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Sin titubear, sin lugar a la duda, mi compañero de vuelo soltó:
Ayer, la presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, anunció que el partido renunciará al 75 por ciento, equivalente a mil 240 millones de pesos, del “financiamiento público de operación ordinaria” al que por Ley tiene derecho para 2020.
El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) deberá pagar sus multas al Instituto Nacional electoral (INE), antes de que el partido político renuncie al 75 por ciento de su financiamiento público.
La investigación se inició desde la década pasada y abarca presuntos hechos ilegales del exfuncionario en los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón. Un trámite para buscar su ciudadanía fue clave en la indagatoria.
El gobierno de los Estados Unidos afirma tener pruebas que documentan la presunta colaboración y complicidad del exsecretario de Seguridad Pública de México Genaro García Luna con actividades del crimen organizado, desde que ocupó cargos públicos en 2001 hasta el año pasado, cuando ya vivía en Florida donde intentó ocultar sus presuntas acciones delictivas.
Se trata de una investigación iniciada mucho antes de que se hicieran públicos los supuestos sobornos que habría recibido el exfuncionario en el publicitado juicio contra el Chapo en Nueva York.
Jacqueline y sus dos hijas fueron asesinadas por quien era padre de las niñas y expareja de la joven, en Naucalpan, Estado de México. El hombre se suicidó.
Este lunes, Jacqueline y sus dos hijas, de 1 y 3 años, fueron halladas sin vida dentro de un domicilio de Naucalpan, Estado de México. Las tres fueron asesinadas por Pedro “N”, quien era padre de las niñas y expareja de la joven.
El hombre envenenó a sus hijas, luego estranguló y mutiló a Jacqueline con un esmeril, y finalmente se suicidó.
Miguel Ángel Lozada Aguilar, ahora ex titular de Exploración y Producción de Petróleos Mexicanos (Pemex), fue inhabilitado por la Secretaria de la Función Pública por un lapso de 10 años. La inhabilitación le impedirá desempeñar ”empleos, cargos o comisiones en el servicio público federal”, esto por su presunta relación con desvíos de recursos en el esquema conocido como Estafa Maestra.
La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó que concluyó con la destitución e inhabilitación por 10 años del ex “Director General de la filial de Petróleos Mexicanos, Exploración y Producción, Miguel Ángel Lozada Aguilar”, presuntamente relacionado con el esquema de desvío de recursos conocido como Estafa Maestra.
El 9 de diciembre de 2005, en medio de un gran despliegue mediático de Televisa, miles de televidentes fueron testigos de la captura “en vivo” de la francesa Florence Cassez y su pareja sentimental Israel Vallarta, presuntos integrantes de la banda de secuestradores Los Zodiaco. Meses después se supo que fue un montaje orquestado por la extinta AFI, a cargo de Genaro García Luna, con la participación de la televisora. En 2013, Carlos Loret de Mola, entonces conductor de “Primero Noticias”, noticiero donde se transmitió la captura, reconoció el montaje, pero se justificó diciendo que no se dio cuenta del engaño, declaración que desmintió la periodista Laura Barranco, quien colaboraba en el programa. “En trece ocasiones le dije a Loret: ‘¡Para, ya!’ Y la respuesta que yo recibí fue, ‘no te calientes cautín’ y ‘¿no te ha quedado claro que no te pienso hacer caso? Es nota, fin de la historia’”, recordó en entrevista con SinEmbargo.
El 9 de diciembre de 2005 el noticiero “Primero Noticias” realizó un gran despliegue para mostrar “en vivo” la captura de una banda de presuntos secuestradores y la liberación de sus víctimas. Dos meses después se supo que fue un montaje orquestado por la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI), a cargo de Genaro García Luna, con la participación de medios de comunicación como Televisa, que transmitió para miles de mexicanos un espectáculo mediático del cual alertó Laura Barranco, periodista que trabajaba para la entonces televisora más poderosa de México.
Hoy, a 14 años de aquel montaje en el que se detuvo a la francesa Florence Cassez y a su pareja sentimental Israel Vallarta, presuntos integrantes de la banda de secuestradores Los Zodiaco, las personas implicadas se colocan de nuevo en el ojo público tras la detención en Estados Unidos de Genaro García Luna, acusado de asociación ilícita para el tráfico de cocaína y mentir en declaraciones.
Una buena parte del primer círculo que acompañó a Genaro García Luna como el hombre fuerte de la seguridad en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa fueron abatidos entre 2008 y 2009. Hay, además, hombres y mujeres cercanos al ex funcionario detenido en EU que también están presos o que viven con señalamientos por diversas irregularidades en sus funciones públicas. Además, de acuerdo con la periodista Anabel Hernández, quien por años ha investigado a los capos del narcotráfico y cómo se vinculan con gobiernos, varios allegados y súbditos de García Luna aún se mantienen en estructuras del poder.
Genaro García Luna, ex Secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón Hinojosa, esta hoy detenido en Estados Unidos por presuntos nexos con el narcotráfico y por falsear declaraciones. El polémico ex funcionario se rodeó a lo largo de su trayectoria de diversas figuras en los sectores policíaco, político y empresarial que, igual que él, también han sido blanco de acusaciones y señalamientos.
Otros de los integrantes del círculo cercano de García Luna –desde que él era titular de la AFI hasta que se convirtió en Secretario de Seguridad Pública federal– fueron incluso detenidos y abatidos en hechos presuntamente vinculados al crimen organizado durante los primeros años de la llamada “guerra contra el narco”.
