La orden de los Legionarios de Cristo enfrenta hoy un nuevo escándalo al revelarse que existen denuncias en su contra por delitos financieros.
Previo a la conferencia presidencial de este martes, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, confirmó que ya hay investigaciones contra esa organización religiosa, aunque ninguna ha arrojado si existe algún delito.
Tras reconocer ante el cuerpo diplomático que en materia de seguridad las estadísticas todavía no les dan la razón, Alfonso Durazo presumió que, por lo menos, del gabinete de Andrés Manuel López Obrador “no saldrá ningún (Genaro) García Luna”.
Durante la 31 Reunión de Embajadores y Cónsules –en la que el gobierno federal dicta a los representantes de México los lineamientos de política exterior del año-, los integrantes del gabinete de seguridad de López Obrador ofrecieron el balance más positivo posible del año pasado, en el que se registraron más de 32 mil 500 asesinatos entre enero y noviembre.
La senadora Xóchitl Gálvez, del Partido Acción Nacional (PAN), presentó una solicitud a la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, para que realice una investigación de la evolución patrimonial del titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, durante sus 37 años en el servicio público y no solo desde que asumió el cargo desde el 1 de diciembre.
En conferencia de prensa, Gálvez dijo que con base en los artículos 30, 31, 36 y 41 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la SFP tiene la facultad de investigar si los ingresos percibidos por el titular de la CFE, desde que comenzó a ser funcionario público en la década de los 70, coinciden con los recursos declarados.
“No compartimos el criterio de que sólo puede investigar al titular de la CFE a partir del 1 de diciembre de 2018. Esa afirmación es un precedente peligroso para todas las investigaciones que se estén llevando a cabo en este momento respecto de servidores públicos que trabajaron en las anteriores administraciones”, aseguró la legisladora panista.
Los alumnos manifestantes se negaron a entregar las instalaciones pero aceptaron tener un diálogo con autoridades escolares y estudiantes el próximo jueves.
La Escuela Nacional Preparatoria 9 “Pedro de Alba” continúa tomada por un grupo de estudiantes a pesar de las peticiones de padres, docentes y autoridades escolares para reabrir las instalaciones y regresar a clases. Las labores en la preparatoria están suspendidas desde noviembre pasado.
Los estudiantes que tienen tomadas las instalaciones exigen, entre otras cosas, la renuncia de algunos administrativos a quienes acusan de no atender las denuncias por violencia de género registradas en la escuela.
Antes del 31 de enero, 800 policías se incorporarán a las labores de patrullaje en ocho sectores prioritarios de diversas alcaldías en CDMX, para reforzar la seguridad.
Con el fin de disminuir los índices delictivos en la Ciudad de México, la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum anunció que se reforzará el número de oficiales de policía en diferentes puntos de la ciudad, e iniciarán este mes en ocho puntos de la capital.
En conferencia de prensa, Sheinbaum dijo que este año esperan desplegar 5 mil elementos nuevos de Seguridad Pública, aunque en enero serán solo 800 policías los que comenzarán a patrullar en ocho cuadrantes.
México ha aprobado reformas con el objetivo de garantizar un voto secreto en cuestiones contractuales y un control efectivo de los miembros sobre los líderes sindicales, pero esas medidas no se implementarán a nivel nacional sino hasta 2022.
Entre el 80 y el 85 por ciento de todos los contratos sindicales en México se firmaron sin la aprobación de los empleados que deben proteger, aseguró el martes la Secretaria del Trabajo Luisa María Alcalde.
Los sindicatos corruptos en México han firmado desde hace mucho tiempo sus contratos con las compañías incluso antes de que se abran las fábricas, asegurando salarios bajos.
Las declaraciones de Julián LeBarón fueron hechas después de la reunión que sostuvo con integrantes de la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada (Seido); además, dio a conocer que el Ministerio Público ya obtuvo más órdenes de arresto contra los participantes del ataque, éstos fueron identificados “por testimonios y declaraciones”.
Julián LeBarón reveló la mañana de este martes que hay 40 presuntos involucrados en la masacre ocurrida en noviembre pasado en Bavispe, Sonora, donde murieron tres mujeres y seis niños.
El doloroso promedio de 1.2 policías asesinados cada 24 horas en México tiene otra cara poco visible para la sociedad, pues no sólo murieron los servidores públicos, sino que “en un solo año, 442 familias enteras quedaron en el desamparo, en el abandono total. Esas viudas y esos hijos de los policías fallecidos, a veces no tienen qué comer, no tienen posibilidades para que los niños vayan a la escuela y sigan con sus estudios”, aseguró a ZETA el investigador Rubén Ortega Montes, secretario general de Unidos por la Seguridad, Asociación Civil.
Por lo menos 28 estados del país registraron crímenes de policías preventivos, viales e investigadores. El 53 por ciento eran policías municipales, 42 por ciento estatales y sólo el 5 por ciento federales. Guanajuato es la entidad que tuvo más oficiales asesinados (73), mientras que Baja California cerró el año con 12 homicidios en ese contexto. Otros representantes de autoridad también fueron atacados, con siete alcaldes asesinados, doce ex alcaldes y más de 30 funcionarios municipales victimados.
La titular del Trabajo precisó que este centro se encargará de todos los registros sindicales del país, así como de todos los depósitos de contratos colectivos.
Luisa María Alcalde Luján, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), manifestó que la publicación de la Ley Orgánica del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral es uno de los pilares de la Reforma Laboral publicada el 1 de mayo del 2018.
“Es una reforma francamente transformadora, profunda que pasa de un sistema corporativo, antidemocrático a un sistema de libertades, de democracia. Entre uno de los pilares está la creación de este Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral; ayer se publicó su ley orgánica en el Diario Oficial de la Federación (DOF)”, dijo en entrevista para Aristegui en Vivo.
Un policía vestido de civil de la Comisión Estatal de Seguridad Pública de Morelos desfundó un arma de fuego cuando pobladores de la entidad protestaban por la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y exigían justicia para el asesinato del defensor nahua Samir Flores y la cancelación del Proyecto Integral Morelos (PIM).
“Se le dijo hoy de manera directa y a la cara ‘Queremos Justicia para Samir’ y solo nos respondió todo encabronado, ‘ya estuvo’. Minutos después, un policía vestido de civil sacó su arma y amenazó a los manifestantes que continuaban diciendo lo que piensan. Esa es la otra cara del presidente”, denunció el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua (FPDTA) Morelos, Puebla, Tlaxcala tras la visita de AMLO el pasado 6 de enero.
El canciller Marcelo Ebrard Casaubón indicó que la relación con Estados Unidos este año se centrará en determinar “qué va a poner Estados Unidos como esfuerzo correlativo a lo que México hace todos los días” en su combate contra los grupos de la delincuencia organizada.
En el año 2017, Morena presentó una denuncia ante el INE en contra de una estrategia del PRI, presuntamente elaborada por el consultor Jordi Segarra Tomás, para la campaña electoral del Estado de México. Consistía en la compra y coacción del voto antes y durante la jornada electoral de ese año bajo la operación de secretarios del Gabinete federal. El órgano electoral concluyó que no pudo verificar la vinculación de los servidores públicos federales en la contienda electoral. En consecuencia, declaró “improcedente” la denuncia. Tres años después y ya con el cambio de Gobierno federal, uno de los exculpados por el INE, Jordi Segarra, es investigado por la Fiscalía General por presunto lavado de dinero.
Jordi Segarra Tomás, estratega de campañas electorales del PRI investigado por presunto lavado de dinero, estuvo en la mira del Instituto Nacional Electoral (INE) en el año 2017 por el documento denominado “Activación de lugares Edomex-8 mayo 2017”, que consistía en la compra y coacción del voto antes y durante la jornada electoral de ese año bajo la operación de secretarios del Gabinete federal.
En el expediente INE/UTF/DRN/10444/2017, el órgano electoral a cargo de Lorenzo Córdova Vianello, concluyó que no pudo verificar la vinculación de los servidores públicos federales y locales en eventos que influyeran en la decisión de los ciudadanos del Estado de México en la contienda electoral a favor del entonces candidato del PRI, Alfredo del Mazo Maza. En consecuencia, declaró “improcedente” la denuncia.
Después de que el Gobierno de Estados Unidos matara al general Qasem Soleimaní, Irán prometió que vengaría la muerte del militar. Este martes, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Alí Shamjaní, reveló que tienen identificados “trece escenarios” para su “fuerte venganza” contra Estados Unidos por el asesinato del militar. El Pentágono confirmó el ataque a la base de Ain Assad.
Teherán lanzó “decenas” de misiles tierra-tierra hacia una base aérea de Irak en la que hay tropas estadounidenses, en represalia por el asesinato de un alto general iraní a manos de Estados Unidos, informó el miércoles la televisión estatal de Irán.
Se trata de una venganza por la muerte del general de la Guardia Revolucionaria Qassem Soleimani, señaló la televisora.
Posteriormente, la Guardia Revolucionaria de Irán le advirtió a Estados Unidos y a sus aliados regionales que no tomen represalias por el ataque con misiles, según un comunicado difundido por la agencia noticiosa estatal IRNA.
El ejército de Estados Unidos anunció el lunes por la noche al número dos del mando militar iraquí que iba a "reorganizar" las fuerzas de la coalición antiyihadistas con miras a "una retirada de Irak segura y eficaz", en una carta de la que la AFP pudo consultar una copia.
La administración de Peña Nieto en su último año tuvo para gastar en promoción 8 mil 537 millones de pesos. Ahora el monto destinado para esto es de 2 mil 452 mdp.
Para 2020, el gasto en servicios de comunicación social y publicidad de todo el gobierno federal, lo que se conoce como concepto 3600, tiene aprobado un monto de 2 mil 452 millones 509 mil 122 pesos, eso es casi la mitad de lo que tuvo en 2019, cuando registró un presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados de 4 mil 211 millones, 215 mil 495 pesos.
El presupuesto suele registrar una variación cuando la Secretaría de Hacienda autoriza adecuaciones presupuestarias a las dependencias, pero el año pasado no hubo una adecuación importante, después de los ajustes quedó en 4 mil 103 millones 740 mil 026 pesos.
Las presiones en Notimex para que los trabajadores se afilien a un nuevo sindicato o de lo contrario serán despedidos fue exhibida en un audio que circula en redes sociales.
El Sindicato Único de Trabajadores de Notimex (SUTNOTIMEX) difundió un audio en el que identifica presuntamente al subdirector de Información legislativa de Notimex, Alejandro Salas, cuando recomienda a un trabajador que se afilie al sindicato blanco de Notimex para evitar el despido.
La politóloga y escritora Denise Dresser denunció el calvario del que fue víctima su madre de 83 años de edad quien fue extorsionada para pagar por el supuesto secuestro de la también activista.
A través de su artículo publicado hoy en el diario Reforma, la también colaboradora de Proceso lamentó que sigan las extorsiones y la impotencia por “no saber a que autoridad recurrir y la frustración de encontrar la indolencia de siempre”.
De acuerdo con Dresser, la medianoche del sábado, su madre recibió una llamada a su celular, le pusieron un audio con la voz de su hija y le dijeron que la tenían secuestrada. Acto seguido, la amenazaron con matarla si no seguía las instrucciones de los presuntos plagiarios.
Voz y Dignidad por los Nuestros tiene reportes de al menos 100 casos al año de violencia contra familias de paisanos que regresan a San Luis Potosí por carreteras de Tamaulipas, aseguró a Proceso Edith Pérez, fundadora de la ONG.
“Bajita la mano, recibimos uno 100 casos por año de agresiones, robos, secuestros y crímenes contra familias que viven en Estados Unidos y que regresan a la huasteca potosina”, precisó Edith Pérez, quien perdió en una carretera de ciudad Mante a hijos, hermanos y sobrinos.
El caso más reciente es el de una familia que viajaba en dos autos de San Luis Potosí a Oklahoma, y que perdió a un menor de 13 años de edad en una agresión armada.
Además, resultaron lesionados dos adultos y un niño más en los hechos ocurridos en la carretera Reynosa-Nuevo Laredo, a la altura del paraje Los Arcos, en el municipio de Ciudad Mier.
La Unidad de Inteligencia acusa a Robles de ocultar información; además de Emilio Zebadúa, es investigado su hermano, su chofer y Ramón Sosamontes.
La Fiscalía General de la República (FGR) investiga por presunto lavado de dinero a Emilio Zebadúa, exoficial mayor de la Sedesol y la Sedatu durante las gestiones de Rosario Robles, y encargado de la administración del presupuesto de ambas dependencias cuando ocurrió el presunto esquema de desvío de recursos públicos conocido como La Estafa Maestra.
También se investiga a su hermano, José Ramón Zebadúa, y a Roberto Gómez Morales, quien ha sido chofer de Emilio Zebadúa durante años, luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda encontró “operaciones inusuales” en sus cuentas bancarias, confirmaron fuentes de la Fiscalía y de Hacienda a Animal Político.
Para este año destacan los recortes a la Policía Ministerial, la SEIDO, y los servicios periciales y forenses.
Para este 2020, el presupuesto aprobado en la Cámara de Diputados para la Fiscalía General de la República (FGR) sufrió recortes en áreas clave para el combate, la investigación y el esclarecimiento de los delitos.
En noviembre del año pasado, cuando los diputados aprobaron el Presupuesto 2020, se dio a conocer que la FGR dispondrá de 16 mil 702 millones de pesos, hasta 1 mil 500 millones menos de lo que el Gobierno Federal solicitó en el Proyecto de Presupuesto que se presentó meses antes, en septiembre de 2019.
El homicidio del general iraní Qasem Suleimani, ocurrido el jueves dos en Bagdad, ordenado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podría causar una confrontación militar regional como no se ha visto desde la Segunda Guerra Mundial. Comandante de la Fuerza Quds de los Guardianes de la Revolución –designado por Washington como grupo terrorista–, el general asesinado es la figura sin la cual no se puede entender la configuración actual de Oriente Medio.
Desde la perspectiva del régimen iraní, sus aliados y sus simpatizantes, el general Qasem Suleimani era un auténtico héroe revolucionario, el que más hizo para sostener la resistencia de su pueblo y la de otros de la zona ante la permanente intervención de Estados Unidos y Gran Bretaña, y ante la agresión de sus enemigos árabes sunitas.
Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, negocia un acuerdo con el Departamento de Justicia para evitar ser enjuiciado por cuatro delitos relacionados al narcotráfico, notificaron sus abogados a la Corte federal.
Entregado a la oficina del juez Brian Cogan, de la Corte federal del Distrito Este, en Brooklyn, Nueva York, el documento indica que las negociaciones de García Luna con el gobierno estadunidense iniciaron el pasado 3 de enero, día que se declaró “no culpable” de los cargos que le imputan.
De visita en esta comunidad perteneciente al municipio de Ayala, donde hace un año arrancó el Año de Emiliano Zapata, el presidente Andrés Manuel López Obrador enfrentó reclamos de campesinos y activistas, quienes recordaron al mandatario que el asesinato de Samir Flores, ocurrido el 20 de febrero del año pasado, no ha sido esclarecido.
“¡Obrador, mentiroso y hablador!”, fue el grito que acompañó la protesta de decenas de integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), quienes además exigieron retirar la polémica pintura de Zapata Desnudo, que desde hace más de un mes se exhibe en el Palacio de Bellas Artes, en la capital mexicana.
Los sets de las series “Hernán” y “Mexica” fueron clausurados de manera simbólica el pasado 5 de enero ante el daño ecológico que representan para el Área Natural Protegida (ANP) del ejido de San Gregorio Atlapulco, Xochimilco, donde son construidos con “el aval” de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, aseguraron ejidatarios y vecinos.
Los habitantes de San Gregorio Atlapulco, San Luis Tlaxialtemalco y Centro señalaron que es “muy grave” que la autoridades capitalinas otorguen permisos para la construcción de sets que dañan la flora y la fauna del lugar, sobre todo cuando se trata de una ANP con denominaciones de protección de organismos como la UNESCO y la RAMSAR y está catalogada como Suelo de Conservación.
Después de diversas acusaciones que lo responsabilizan de las agresiones contra la joven saxofonista María Elena Ríos Ortiz y ante la investigación que realizan las autoridades de justicia de Oaxaca para dar con los responsables de ese ataque sufrido con ácido sulfúrico; el ex diputado priista, Juan Vera Carrizal solicitó un amparo que se le concedió el pasado 27 de diciembre por el Juzgado federal Cuarto de Distrito con sede en San Bartolo Coyotepec en el estado de Oaxaca.
El juicio de amparo indirecto quedó registrado en el expediente 1196/2019, en el Juzgado Cuarto de Distrito del Estado y con ello no podrá ser detenido por ninguna autoridad de justicia.
