Un total de 476 denuncias por maltratos, abusos y acoso sexual; 53 quejas y dos recomendaciones por violaciones a Derechos Humanos, y casi 250 amparos en contra por omisiones y negligencias. Ello sumado a la falta de abogados para las víctimas (los que hay tienen 100 casos simultáneos cada uno), recortes presupuestales y hasta posible desvío de recursos.
El balance corresponde a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), institución que a seis años de su puesta en marcha opera al borde del colapso, con la responsabilidad casi exclusiva de apoyar y reparar el daño causado a las víctimas de delitos y violaciones a sus derechos humanos.