Organizaciones advierten que deben esclarecerse las denuncias de víctimas sobre posible corrupción en la Comisión y fondos de ayuda. Ley de Víctimas ordena a presidente a convocar al Sistema, pero no ha ocurrido.
Organizaciones y especialistas en derechos humanos exigieron al gobierno federal que se revelen los resultados de una auditoría operativa y financiera realizada a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), tras las denuncias de víctimas de posibles malos manejos y hasta desvío de los recursos en dicha institución, y en el fondo destinado para ayudar a las víctimas.
Además, demandaron al presidente Andrés Manuel López Obrador que convoque con carácter de urgente al pleno del Sistema Nacional de Atención a Víctimas (SNAV) el cual se ha reunido solo una vez en seis años, pese a crisis de violencia y al incremento récord de homicidios por cinco años consecutivos.
El 2019 no fue un buen año para la economía mexicana, puesto que se contrajo 0.1 por ciento en los dos primeros trimestres del año y registró un crecimiento nulo del 0 por ciento en el tercero. Eso obligó a López Obrador a ir virando su discurso, desde prometer fervorosamente que se alcanzaría un crecimiento del 2 por ciento hasta restar importancia al crecimiento económico y priorizar el bienestar social.
El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confió este miércoles que la ratificación definitiva del tratado comercial T-MEC ayude a superar los pronósticos del Fondo Monetario Internacional (FMI), que rebajó del 1.3 al 1 por ciento la previsión de crecimiento de la economía mexicana para 2020.
En mayo de 2019 cuando rindió un informe por los primeros cien días al frente de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero se escuchó con mucha suficiencia. Presumía haber tomado el control de lo que fue la PGR, una institución que encontró no solo con una obesa nómina cargada de contrataciones realizadas para favorecer a personas cercanas al poder, familiares y amigos de quienes encabezaron la dependencia cuando estaba en la facultad del Gobierno de la República.
Ya con autonomía, Gertz Manero también habló claro sobre los casos más notorios que lleva la Fiscalía, particularmente de dos, el caso Odebrecht, una historia de corrupción, sobornos en Petróleos Mexicanos cuando la encabezó Emilio Lozoya Austin, un hombre cercanísimo al entonces Presidente Enrique Peña Nieto, también refirió la investigación de la Estafa Maestra, otro entramado de corrupción durante el Gobierno de Peña que involucró a varias secretarías de estado y universidad cuyo daño al erario supera los siete mil millones de pesos. Además, ofreció tener resultados también de la investigación sobre los hechos acontecidos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, particularmente con los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, hechos en los que unos fueron asesinados y 43 desaparecidos.
El Presidente ya no quiere escuchar. Ya no quiere ver. Ya no quiere saber de la violencia galopante que ha rebasado a su Gobierno, que arrodilla a millones de mexicanos y convida al poderoso crimen organizado a darse un festín ante la inmovilidad de la seguridad pública. Allí vemos a una Guardia Nacional sometiendo y poniéndole el pie – literal- a los migrantes que llegan del sur. Más ocupados nuestros soldados en ser el muro diseñado desde Washington con sede en Tapachula, que en apoyar las tareas para contener a los delincuentes.
El INM impidió el acceso a integrantes del Colectivo de Observación de la frontera sureste que tiene permiso para visitar el centro de detención ubicado en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
El Instituto Nacional de Migración (INM) impidió el acceso a la estación migratoria de La Mosca, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a tres integrantes del Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos del Sureste Mexicano que disponen de permiso para visitar el centro de detención.
Ahí permanecen encerrados la mayoría de centroamericanos que el sábado se entregaron a las autoridades en el puente Rodolfo Robles, que separa México de Guatemala. El INM dijo el domingo en un comunicado que la mayoría serán deportados.
Con una serie de movimientos impulsados desde la Secretaría de Educación Pública, a cargo de Esteban Moctezuma Barragán, el empresario Ricardo Salinas Pliego transfiere sus 83 orquestas Azteca al gobierno federal.
Los metales de la orquesta empezaron a sonar junto con la marimba. Niños, padres de familia y funcionarios formaron un semicírculo en torno a los músicos que tocaban en la explanada de la Secretaría de Educación de Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez.
Eran niños y jóvenes de primaria y secundaria. Tuvieron como escenario la sombra de un frondoso árbol que les cubrió de los intensos rayos del sol ese mediodía del 22 de noviembre de 2019.
Se trataba de una fecha especial, como expresó la secretaria de Educación de Chiapas, Rosa Aidé Domínguez Ochoa: “Le doy la bienvenida a la Orquesta Nueva Escuela Mexicana de Tuxtla Gutiérrez”.
El Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica (Conave) recomendó informar sobre el coronavirus al personal sanitario de primer nivel de México, garantizar la notificación de casos sospechosos en las unidades de inteligencia epidemiológica y ante la ocurrencia de casos sospechosos, hacer estudio del caso y notificarlo.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que hay un caso de coronavirus chino que se está analizando en Tamaulipas y otro caso que ha sido descartado.
El pasado 2 de mayo, Lucía se sumó al #MeToo tras emitir una denuncia pública en la que afirmó que fue víctima de abuso sexual por parte del Padre Fernando Martínez. Los abusos se dieron cuando la víctima tenía 8 años, mientras estaba inscrita en el Instituto Cumbres. Además, en su denuncia, Salazar aseguró que las autoridades escolares decidieron “callar”, al igual que los padres de otras víctimas menores de edad.
Colegios y seminarios en los que operaron y operan los Legionarios de Cristo son como fábricas de pederastas que viven décadas bajo el arropo de la impunidad, denuncia Ana Lucía Salazar, víctima de la congregación religiosa que fue fundada por Marcial Maciel.
De acuerdo con la documentación, la red llevaba por los menos cinco años exportando cocaína por el Pacífico a través de una ruta que empleaba contactos en Colombia, Ecuador, Panamá, Costa Rica, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá. La droga era recibida en buena medida por el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Luis del Río, alias “Señor T”, es un presunto narcotraficante acusado por las autoridades colombianas de tener nexos con Pablo Escobar y la antigua Oficina de Envigado, que por años intentó esconderse de las autoridades, pero, a pesar de sus esfuerzos, no logró volverse invisible del todo.
El pasado 24 de noviembre, un operativo conjunto entre la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en ingles) y la Dirección Antinarcóticos de Colombia golpeo a una red de tráfico internacional de cocaína, liderada desde el departamento de Antioquia.
Más de 3 mil migrantes hondureños y hondureñas quienes integran la primera caravana 2020, formada principalmente por jóvenes, intentaron entrar por el río Suchiate a México. Pero, fueron detenidos por efectivos de la Guardia Nacional, quienes, con escudos antimotines, toletes, gas pimienta y lanzamientos de piedras montaron una feroz persecución.
La población migrante que llegó desde el viernes a la fronteriza ciudad de Tecún Umán, Guatemala, el sábado anterior comenzó a presionar para lograr ingresar a territorio mexicano. Sin embargo, las autoridades migratorias y la Guardia Nacional impidieron el ingreso cerrando el portón fronterizo, argumentando que sólo extranjeros con visa o permisos migratorios especiales podían ingresar a territorio azteca.
La irrupción de migrantes hondureños a México obedeció a que fueron engañados por sus líderes que les ofrecieron que habría paso libre hacia Estados Unidos, afirmó hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien destacó que "no queremos que lleguen al norte y que puedan ser enganchados o víctimas de las delincuencia".
En la conferencia diaria, el mandatario reconoció que la migración genera mucha polémica, pero el gobierno federal busca respetar los derechos humanos de quienes pretenden cruzar fronteras.
Reconoció que la Guardia Nacional utilizó gases lacrimógenos en Chiapas esta semana, pero dijo que se trató de un caso aislado, después de que los militares recibieron agresiones de algún grupo de migrantes.
A través del Instituto, el Gobierno Federal obtendrá recursos que destinará para el beneficio de la sociedad, a través de obras, becas y bienes específicos, especialmente para comunidades marginadas.
El Diario Oficial de la Federación publicó hoy el decreto para cambiar de nombre al Instituto de Administración de Bienes y Activos (antes Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, SAE), por el de Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep).
El documento establece que “todas las referencias que hagan mención al Instituto de Administración de Bienes y Activos en la normatividad vigente, se entenderán realizadas al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado”.
El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que no han podido disminuir el índice de homicidios, pero aclaró que a su gobierno le tocó “la resaca” de una política corrupta en materia de seguridad.
“Todavía no hemos podido disminuir, como lo vamos a lograr, el número de homicidios, porque el número de robo de vehículos ha caído mucho y otros robos en general, el robo en transporte”, aseguró durante su conferencia matutina de este miércoles.
La encargada de despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE), Verónica Hernández Giadáns, admitió en una comparecencia ante el Congreso local ser “prima hermana” de Guadalupe Hernández “La Jefa”, operadora de Los Zetas y cercana al capo Hernán Martínez Zavaleta “El Comandante H”, jefe de plaza detenido en el 2017 en Cárdenas, Tabasco.
Hernández Giadáns admitió el parentesco con “La Jefa” luego de ser cuestionada por el diputado del Partido del Trabajo (PT), José Manuel Pozos Castro.
La Fiscal excusó que ella “no escogió a su familia” y que ni su familia, ni sus amigos están por encima de la ley.
La Caminata por la Verdad, Justicia y Paz, encabezada por Javier Sicilia y Julián Lebaron, del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), iniciará a las nueve de la mañana el próximo 23 de enero en la glorieta La Paloma de la Paz, ubicada al norte de Cuernavaca, informaron los organizadores, y ya en la Ciudad de México, el 26 de enero, recorrerán desde la Estela de Luz al Palacio Nacional.
El caso Ayotzinapa entrará en etapa de procesos judiciales y, en ese contexto, serán llamados a declarar los autores de la “verdad histórica”, anunció el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SG), Alejandro Encinas.
Entrevistado en la SG, comentó que se ha iniciado “un nuevo ciclo” en la investigación, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR). “Van a empezar a tomarse decisiones de carácter judicial”, las cuales se darán a conocer durante las próximas semanas, indicó.
Con una tasa de 85.4 asesinatos por cada cien mil habitantes en 2019, la entidad se colocó por cuarto año consecutivo en el primer lugar nacional de la incidencia de ese delito desde el punto de vista proporcional, de acuerdo con el reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
En segundo sitio se ubicó Baja California con una tasa de 72.65, seguido por Chihuahua (57.55), Morelos (45.04), Guanajuato (44.95), Guerrero (43.44), Quintana Roo (40.66), Sonora (34.96), Michoacán (34.50) y Zacatecas (30.82).
En números absolutos, Colima registró 760 asesinatos (749 homicidios dolosos y 11 feminicidios) en el año recién concluido, lo que representa un incremento de 5.5% en comparación con 2018, cuando la cifra ascendió a 720 (707 homicidios dolosos y 13 feminicidios).
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la actuación de la Guardia Nacional en la frontera sur, es para que se apliquen las leyes mexicanas así como para proteger a los migrantes que intentan cruzar por el país para llegar a Estados Unidos.
Tras los incidentes de contención que protagonizó ayer la Guardia Nacional en la ribera del río Suchiate, el mandatario fue reticente a abordar el tema para derivar el informe al canciller Marcelo Ebrard quien dará una posición en el transcurso del día.
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en su gobierno no hay protección ni pactos con las organizaciones criminales como en el caso del secretario de seguridad en la administración de Felipe Calderón, Genaro García Luna.
“Ya no es como lo hacían antes, no es el caso del señor García Luna, esto es distinto, eso (complicidades como las del exfuncionario detenido en Estados Unidos) tiene que ver con el conservadurismo porque, con todo respeto, son muy corruptos”.
La CEAV enfrenta amparos y quejas en CNDH por violaciones a derechos humanos. Pocos recursos y abandono afectan su operación a seis años de su puesta en marcha.
Un total de 476 denuncias por maltratos, abusos y acoso sexual; 53 quejas y dos recomendaciones por violaciones a Derechos Humanos, y casi 250 amparos en contra por omisiones y negligencias. Ello sumado a la falta de abogados para las víctimas (los que hay tienen 100 casos simultáneos cada uno), recortes presupuestales y hasta posible desvío de recursos.
El balance corresponde a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), institución que a seis años de su puesta en marcha opera al borde del colapso, con la responsabilidad casi exclusiva de apoyar y reparar el daño causado a las víctimas de delitos y violaciones a sus derechos humanos.
México cierra un lustro histórico de violencia. De 2015 a 2019 la tasa de víctimas de homicidio y feminicidio prácticamente se ha duplicado.
El 2019 dejó un saldo oficial de 35 mil 588 víctimas de homicidios dolosos y feminicidios, un promedio de 97.5 personas asesinadas todos los días. Se trata de la cifra anual de asesinatos más alta de la que haya registro en el país. La tasa de crímenes registrada el año pasado superó a la de 2018, que de por sí ya había sido récord.
Es el quinto año consecutivo con incremento de homicidios en el país, aunque a comparación de los años anteriores se trató de la menor alza de un año a otro. La tasa de personas asesinadas en 2019 (incluyendo homicidios y feminicidios) fue de 28.3 víctimas por cada cien mil habitantes, apenas un 1.8% superior a la de 2018.
El Instituto Nacional de Migración (INM) inició con el proceso de deportación a Honduras de 110 migrantes pertenecientes a la caravana migrante que partió de ese país en días pasados.
A las 8:43 horas de este martes, una aeronave de la Guardia Nacional (GN) salió del Aeropuerto Internacional Carlos Rovirosa Pérez, ubicado en Villahermosa, Tabasco, hacia San Pedro Sula, Honduras, con 110 migrantes a bordo, así como agentes federales de Migración y elementos de la GN.
Pese a las denuncias en su contra por abuso sexual, por encubrir violaciones y por su relación con el escándalo financiero conocido como los Panama Papers, personajes cercanos al extinto fundador Marcial Maciel mantienen el poder de la congregación, así lo reflejan documentos a los que Proceso tuvo acceso y testimonios que advierten del riesgo de que dicho grupo clerical conocido como “los macielistas” mantenga el control de los Legionarios tras el proceso de renovación de la cúpula que inicia el lunes 20 en Roma.
Identificados como “macielistas” por su vínculo con su fundador fallecido en 2008, Marcial Maciel, los miembros de la cúpula de la vieja guardia de los Legionarios de Cristo no sólo siguieron activos y en plenitud de sus facultades, permanecieron en la cima del poder de la congregación religiosa pese a los escándalos más recientes, a la nueva ola de denuncias de víctimas de abuso sexual y a los juicios que se abrieron en 2019.
Tampoco ha importado que parte del clero mexicano y el Vaticano estén revisando su posición por las acusaciones de encubrimiento.
El general brigadier retirado Marcos Esteban Juárez Escalera, actual director de las cárceles de Baja California en el gobierno morenista de Jaime Bonilla, es señalado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) como pieza clave en el caso Ayotzinapa, como lo reveló un texto del semanario Zeta publicado en la revista Proceso.
En enero de 2019, Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación, declaró que uno de los objetivos claves de la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas era conocer la identidad de “Caminante” y “Patrón”, quienes habrían participado en los hechos sucedidos la noche del 26 de septiembre de 2014 y la madrugada siguiente.
Los fiscales de Estados Unidos aseguran que cuentan con documentos financieros y material clasificado que prueba la culpabilidad del exsecretario.
El exsecretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, se presentó este martes a la que fue su segunda audiencia en la Corte Federal de Brooklin, Nueva York.
En la audiencia de apenas 15 minutos, el juez Brian Cogan, quien también llevó el proceso contra Joaquín el Chapo Guzman, dio a la fiscalía estadounidense un plazo de 30 días para acreditar sus pruebas.
García Luna es acusado por las autoridades de Estados Unidos por conspiración para tráfico de cocaína, así como por falsas declaraciones.
