Algunas de las esposas y madres de las víctimas hablaron ayer antes de que iniciara una marcha en Alcozacán, en donde la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF), presentó a 19 niños y adolescentes que fueron preparados en el uso de las armas para defender a sus familias y pueblos de los ataques del grupo delictivo Los Ardillos, al que responsabilizan de la masacre de Mexcalcingo.
Madres y esposas de algunos de los indígenas integrantes del grupo Sensación Musical, asesinados el viernes pasado en Mexcalcingo, reclamaron justicia y apoyo del Gobierno para su sobrevivencia. En total son 22 huérfanos, todos menores de 18 años, ocho viudas y dos madres.
Lorenzo Linares Jiménez, una de las víctimas de 32 años, era soltero, pero cuidaba a su madre María Antonia Jiménez Tepetitlán de 57 años, quien pidió la detención de los culpables que masacraron a los músicos la tarde del viernes pasado cuando regresaban de una tocada de Tlayelpan.
La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), obtuvo nuevos testimonios que fortalecen la teoría que realizó en contra de dos acusados de haber sido autores materiales del homicidios del corresponsal de La Jornada Javier Valdez Cárdenas en hechos ocurridos el 15 de mayo de 2017 en esta ciudad.
De 800 pacientes, a siete niños se les retrasó una semana la quimioterapia y ahora ya hay dosis para todos, dijo Jaime Zermeño Nieto, director general del Hospital Infantil de México Federico Gómez.
Jaime Nieto Zermeño, director general del Hospital Infantil de México Federico Gómez, aseguró que es falso que sólo haya medicamento suficiente para tres días y respondió al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien lo culpó por el desabasto, que tiene todo el derecho de investigarlo.
El director dijo que desde ayer tienen abasto total para poco más de un mes para atender a los niños que requieren quimioterapia.
Los agentes y elementos antimotines rodearon a los migrantes que transitaban por una carretera en Chiapas.
Decenas de agentes de la Guardia Nacional rodearon a un grupo de migrantes que se encontraban en un punto de la carretera entre Ciudad Hidalgo y Tapachula, en Chiapas.
Elementos antimotines bloquearon por completo la carretera.
Cuando los elementos de la Guardia comenzaron a acercarse, los migrantes se concentraron en un grupo, ondearon algunas banderas de Nicaragua mientras gritaban “estamos en paz, aquí estamos en paz”.
Durante el segundo semestre de 2019, se estima que 27.2 por ciento de las mujeres de 18 años y más en zonas urbanas fue víctima de al menos un tipo de acoso personal y/o violencia sexual en lugares públicos, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), que realiza el Inegi, se encontró que en este periodo 19.4 por ciento de las personas fue víctima de acoso; en el caso de los hombres la cifra fue menor, de 10.1 por ciento.
A partir de los resultados de 2019, la ENSU, que tiene como objetivo obtener información sobre la percepción de la seguridad pública, también busca identificar situaciones de violencia como agresiones físicas, abuso, hostigamiento y acoso sexual.
A casi tres meses de haber recibido una sentencia de 45 años de prisión por el asesinato de Lesvy Berlín Rivera Osorio, la defensa legal del agresor, Jorge Luis González, pidió que se reponga una parte del juicio, por lo que la audiencia para que la sentencia quede en firme se pospuso hasta nuevo aviso.
El pasado 24 de octubre, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJ) sentenció a 45 años de prisión a Jorge Luis González luego de acreditar con diversos peritajes, que éste la estranguló el 3 de mayo del 2017 y que Lesvy fue víctima de diversos tipos de violencia durante su relación.
El ELN no es ajeno a la violencia, pero buena parte de ella es de naturaleza insurgente, más que puramente criminal. Esto hace de la guerrilla un objetivo prioritario del Gobierno colombiano, pero dado que controlan y regulan la violencia dentro de Venezuela, son vistos allí como una fuerza casi legítima.
El último ejército insurgente de Colombia es ahora la agrupación criminal más poderosa de Latinoamérica por su expansión en toda Colombia y en Venezuela y por su mayor participación en el tráfico de drogas.
El Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha resistido los mejores esfuerzos del Gobierno colombiano, y de su aliado Estados Unidos, durante más de cinco décadas. Amigos en altos cargos en Caracas han ayudado al ELN a convertirse en un ejército revolucionario colombo-venezolano, lo que tendrá profundas consecuencias para ambos países y para el panorama criminal de la región.
El mandatario señaló que los integrantes de su gabinete no se atreven a plantear el dar privilegios fiscales a privados.
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en gobiernos anteriores grandes bancos y empresas se beneficiaban de su relación con funcionarios públicos para que se les condonaran grandes cantidades en impuestos.
Aseguró que los integrantes de su gabinete son “gentes íntegras” que no se atreven a plantear el dar privilegios fiscales a privados.
Estas son algunas de las cifras dadas a conocer por las organizaciones CartoCrítica y la Alianza Mexicana contra el Fracking, durante la presentación del informe La contribución de Pemex a la Emergencia Climática.
Para mitigar la contaminación por emisión de Gases de Efecto Invernadero que se generan en México en un solo año, el país necesitaría reforestar más de 7 mil millones de árboles en una superficie del tamaño de Veracruz.
Esto significa que, al menos, se necesitaría reforestar en un año lo equivalente a casi 13 veces el programa Sembrando Vida, el programa estrella del Ejecutivo federal para restaurar tierras a través de la plantación de 552 millones de árboles frutales y maderables al año, y para el que este 2020 destinará más de 25 mil millones de pesos de presupuesto.
El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró como un caso aislado el uso de gas lacrimógeno por parte de la Guardia Nacional en contra de los migrantes centroamericanos que cruzaron el Río Suchiate, en la frontera con Guatemala.
Por portación ilegal de arma de fuego, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a Raúl “N” de 50 años, alias “El R”, y a Víctor “N” de 52. El primero es presunto autor material de los 24 homicidios registrados en La Marquesa en el año 2008 e identificado como presunto sicario del cártel de los Beltrán Leyva.
De acuerdo con la SSC, la detención ocurrió en calles de la colonia Polanco Tercera Sección, alcaldía Miguel Hidalgo, cuando los uniformados realizaban labores de seguridad y le marcaron el alto a un vehículo con placas del Estado de México para realizar una inspección de rutina.
Al revisar el auto, hallaron un arma de fuego calibre 9 milímetros, un cargador y 14 cartuchos útiles, cuya portación legal no pudieron comprobar.
El caso de los 10 músicos ejecutados el pasado fin de semana en el municipio de Chilapa llegó a la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien lamentó lo sucedido y confió en que las autoridades estatales hagan justicia.
Pero el gobernador Héctor Astudillo ya no quiere saber nada de ese asunto a la luz del reclamo que hizo a los medios de comunicación por difundir ese tipo de sucesos que, en su opinión, afectan la imagen de la entidad.
En un comunicado, la CEAV "coincide" con el reportaje publicado por Animal Político sobre las fallas en la atención de víctimas.
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) emitió un comunicado este miércoles con relación a la nota “Comisión de Víctimas, con personal insuficiente y 476 denuncias por maltrato y acoso”, publicada ayer martes por Animal Político.
En el comunicado, la CEAV “coincide sustancialmente” con el diagnóstico presentado en el reportaje y argumenta que las fallas en la atención a víctimas se deben a diversas razones, entre ellas, la insuficiencia de personal, falta de dinamismo en la colaboración con otras dependencias y un “rezago histórico” de trámites.
Organizaciones advierten que deben esclarecerse las denuncias de víctimas sobre posible corrupción en la Comisión y fondos de ayuda. Ley de Víctimas ordena a presidente a convocar al Sistema, pero no ha ocurrido.
Organizaciones y especialistas en derechos humanos exigieron al gobierno federal que se revelen los resultados de una auditoría operativa y financiera realizada a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), tras las denuncias de víctimas de posibles malos manejos y hasta desvío de los recursos en dicha institución, y en el fondo destinado para ayudar a las víctimas.
Además, demandaron al presidente Andrés Manuel López Obrador que convoque con carácter de urgente al pleno del Sistema Nacional de Atención a Víctimas (SNAV) el cual se ha reunido solo una vez en seis años, pese a crisis de violencia y al incremento récord de homicidios por cinco años consecutivos.
El 2019 no fue un buen año para la economía mexicana, puesto que se contrajo 0.1 por ciento en los dos primeros trimestres del año y registró un crecimiento nulo del 0 por ciento en el tercero. Eso obligó a López Obrador a ir virando su discurso, desde prometer fervorosamente que se alcanzaría un crecimiento del 2 por ciento hasta restar importancia al crecimiento económico y priorizar el bienestar social.
El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confió este miércoles que la ratificación definitiva del tratado comercial T-MEC ayude a superar los pronósticos del Fondo Monetario Internacional (FMI), que rebajó del 1.3 al 1 por ciento la previsión de crecimiento de la economía mexicana para 2020.
En mayo de 2019 cuando rindió un informe por los primeros cien días al frente de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero se escuchó con mucha suficiencia. Presumía haber tomado el control de lo que fue la PGR, una institución que encontró no solo con una obesa nómina cargada de contrataciones realizadas para favorecer a personas cercanas al poder, familiares y amigos de quienes encabezaron la dependencia cuando estaba en la facultad del Gobierno de la República.
Ya con autonomía, Gertz Manero también habló claro sobre los casos más notorios que lleva la Fiscalía, particularmente de dos, el caso Odebrecht, una historia de corrupción, sobornos en Petróleos Mexicanos cuando la encabezó Emilio Lozoya Austin, un hombre cercanísimo al entonces Presidente Enrique Peña Nieto, también refirió la investigación de la Estafa Maestra, otro entramado de corrupción durante el Gobierno de Peña que involucró a varias secretarías de estado y universidad cuyo daño al erario supera los siete mil millones de pesos. Además, ofreció tener resultados también de la investigación sobre los hechos acontecidos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, particularmente con los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, hechos en los que unos fueron asesinados y 43 desaparecidos.
El Presidente ya no quiere escuchar. Ya no quiere ver. Ya no quiere saber de la violencia galopante que ha rebasado a su Gobierno, que arrodilla a millones de mexicanos y convida al poderoso crimen organizado a darse un festín ante la inmovilidad de la seguridad pública. Allí vemos a una Guardia Nacional sometiendo y poniéndole el pie – literal- a los migrantes que llegan del sur. Más ocupados nuestros soldados en ser el muro diseñado desde Washington con sede en Tapachula, que en apoyar las tareas para contener a los delincuentes.
El INM impidió el acceso a integrantes del Colectivo de Observación de la frontera sureste que tiene permiso para visitar el centro de detención ubicado en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
El Instituto Nacional de Migración (INM) impidió el acceso a la estación migratoria de La Mosca, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a tres integrantes del Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos del Sureste Mexicano que disponen de permiso para visitar el centro de detención.
Ahí permanecen encerrados la mayoría de centroamericanos que el sábado se entregaron a las autoridades en el puente Rodolfo Robles, que separa México de Guatemala. El INM dijo el domingo en un comunicado que la mayoría serán deportados.
Con una serie de movimientos impulsados desde la Secretaría de Educación Pública, a cargo de Esteban Moctezuma Barragán, el empresario Ricardo Salinas Pliego transfiere sus 83 orquestas Azteca al gobierno federal.
Los metales de la orquesta empezaron a sonar junto con la marimba. Niños, padres de familia y funcionarios formaron un semicírculo en torno a los músicos que tocaban en la explanada de la Secretaría de Educación de Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez.
Eran niños y jóvenes de primaria y secundaria. Tuvieron como escenario la sombra de un frondoso árbol que les cubrió de los intensos rayos del sol ese mediodía del 22 de noviembre de 2019.
Se trataba de una fecha especial, como expresó la secretaria de Educación de Chiapas, Rosa Aidé Domínguez Ochoa: “Le doy la bienvenida a la Orquesta Nueva Escuela Mexicana de Tuxtla Gutiérrez”.
El Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica (Conave) recomendó informar sobre el coronavirus al personal sanitario de primer nivel de México, garantizar la notificación de casos sospechosos en las unidades de inteligencia epidemiológica y ante la ocurrencia de casos sospechosos, hacer estudio del caso y notificarlo.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que hay un caso de coronavirus chino que se está analizando en Tamaulipas y otro caso que ha sido descartado.
El pasado 2 de mayo, Lucía se sumó al #MeToo tras emitir una denuncia pública en la que afirmó que fue víctima de abuso sexual por parte del Padre Fernando Martínez. Los abusos se dieron cuando la víctima tenía 8 años, mientras estaba inscrita en el Instituto Cumbres. Además, en su denuncia, Salazar aseguró que las autoridades escolares decidieron “callar”, al igual que los padres de otras víctimas menores de edad.
Colegios y seminarios en los que operaron y operan los Legionarios de Cristo son como fábricas de pederastas que viven décadas bajo el arropo de la impunidad, denuncia Ana Lucía Salazar, víctima de la congregación religiosa que fue fundada por Marcial Maciel.
De acuerdo con la documentación, la red llevaba por los menos cinco años exportando cocaína por el Pacífico a través de una ruta que empleaba contactos en Colombia, Ecuador, Panamá, Costa Rica, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá. La droga era recibida en buena medida por el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Luis del Río, alias “Señor T”, es un presunto narcotraficante acusado por las autoridades colombianas de tener nexos con Pablo Escobar y la antigua Oficina de Envigado, que por años intentó esconderse de las autoridades, pero, a pesar de sus esfuerzos, no logró volverse invisible del todo.
El pasado 24 de noviembre, un operativo conjunto entre la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en ingles) y la Dirección Antinarcóticos de Colombia golpeo a una red de tráfico internacional de cocaína, liderada desde el departamento de Antioquia.
Más de 3 mil migrantes hondureños y hondureñas quienes integran la primera caravana 2020, formada principalmente por jóvenes, intentaron entrar por el río Suchiate a México. Pero, fueron detenidos por efectivos de la Guardia Nacional, quienes, con escudos antimotines, toletes, gas pimienta y lanzamientos de piedras montaron una feroz persecución.
La población migrante que llegó desde el viernes a la fronteriza ciudad de Tecún Umán, Guatemala, el sábado anterior comenzó a presionar para lograr ingresar a territorio mexicano. Sin embargo, las autoridades migratorias y la Guardia Nacional impidieron el ingreso cerrando el portón fronterizo, argumentando que sólo extranjeros con visa o permisos migratorios especiales podían ingresar a territorio azteca.
La irrupción de migrantes hondureños a México obedeció a que fueron engañados por sus líderes que les ofrecieron que habría paso libre hacia Estados Unidos, afirmó hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien destacó que "no queremos que lleguen al norte y que puedan ser enganchados o víctimas de las delincuencia".
En la conferencia diaria, el mandatario reconoció que la migración genera mucha polémica, pero el gobierno federal busca respetar los derechos humanos de quienes pretenden cruzar fronteras.
Reconoció que la Guardia Nacional utilizó gases lacrimógenos en Chiapas esta semana, pero dijo que se trató de un caso aislado, después de que los militares recibieron agresiones de algún grupo de migrantes.
A través del Instituto, el Gobierno Federal obtendrá recursos que destinará para el beneficio de la sociedad, a través de obras, becas y bienes específicos, especialmente para comunidades marginadas.
El Diario Oficial de la Federación publicó hoy el decreto para cambiar de nombre al Instituto de Administración de Bienes y Activos (antes Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, SAE), por el de Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep).
El documento establece que “todas las referencias que hagan mención al Instituto de Administración de Bienes y Activos en la normatividad vigente, se entenderán realizadas al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado”.
