Por ley no deberían estar en activo, pero no han sido removidos ni despedidos. Ninguno de los reos fugados tenía amparo para evitar traslado.
Uno de cada tres guardias asignados a los reclusorios de la Ciudad de México —los de mayor población del país— no deberían estar haciendo ese trabajo, pues no cumplen con un requisito básico que la ley contempla para cualquier elemento de seguridad: tener una certificación aprobada y vigente que pruebe que son confiables.
Datos oficiales del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelan que la capital contaba al arranque del año con 3 mil 784 elementos de prevención y readaptación social en activo, que son los asignados a los penales. Entre ellos estaban los ocho custodios del Reclusorio Sur ahora suspendidos por su posible participación en la fuga de tres internos del Cártel de Sinaloa.
Datos oficiales del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelan que la capital contaba al arranque del año con 3 mil 784 elementos de prevención y readaptación social en activo, que son los asignados a los penales. Entre ellos estaban los ocho custodios del Reclusorio Sur ahora suspendidos por su posible participación en la fuga de tres internos del Cártel de Sinaloa.
