Aumentar las penas para feminicidas no garantiza erradicar la violencia contra las mujeres en México; cumplir con lo que establece desde 2007 la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), sí.
El pasado 18 de febrero, presionados por una jornada de cinco días consecutivos de protestas feministas en todo el país, el pleno del Congreso federal aprobó la propuesta del Partido Encuentro Social de aumentar de 60 a 65 años la pena de cárcel y una multa de 130 mil pesos para quien cometa el delito de feminicidio: asesinar a una mujer por razón de género.
Alrededor de 200 mujeres colocaron una ofrenda con flores, fotografías y veladoras en el Ángel de la Independencia en memoria de las víctimas de feminicidio y desaparición en México, así como para exigir justicia y un cese a la violencia machista.
A la protesta acudieron madres que expresaron el temor que sienten cuando sus hijas salen de casa y reiteraron su exigencia de seguridad para las mujeres.
La cúpula empresarial, advirtió en el Senado, que realizar una sobrerregulación de la subcontratación laboral u outsourcing, como se pretende desde esta cámara (con el dictamen aprobado en comisiones), ocasionaría graves consecuencias para el país, entre ellas, la pérdida de empleos y de ingresos vía las exportaciones porque varios sectores prioritarios para el país hacen uso extensivo de esa forma de “contratación legal”.
El presidente del Consejo Mexicano de Negocios (CMN),Antonio del Valle, sostuvo ante senadores, funcionarios y empresarios que la subcontratación no sólo garantiza el derecho de los trabajadores, impulsa también la economía formal y aumenta la competitividad del país al hacer más eficiente el funcionamiento del mercado laboral.
El ex secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont aseguró que “nunca” tuvo evidencia de que Genaro García Luna, secretario de Seguridad Publica federal en el sexenio de Felipe Calderón, tuviera nexos con el crimen organizado.
“Ninguna de las fuentes nacionales o internacionales jamás me llamó la atención con seriedad de la vinculación de García Luna con alguna organización criminal. A mí jamás se me paso información alguna, yo quiero pensar que al presidente (Felipe Calderón) menos, en ese sentido sí compartíamos información similar. No le he dado especial seguimiento al asunto, entendiendo que este tema se está ventilando en otra jurisdicción. Si esa evidencia se materializa, ocho o nueve años después, primero hay que entender por qué se tardó en materializar".
Al entrevistar a los delincuentes, preguntarles las razones por las cuales cometen estos actos violentos, entender los incentivos que los llevaron a crear carreras criminales y a mantenerse en ellas, especialistas humanizaron la violencia.
Expertos mexicanos estudiaron la criminalidad en América Latina desde la perspectiva de los perpetradores con el objetivo de dejar de analizar la violencia como un acumulado de cifras -número de muertos o de personas desaparecidas, por ejemplo- y entenderla como actos realizados por seres humanos con motivaciones específicas.
Bajo la pregunta ¿qué es lo que impulsa a las personas a realizar estos actos y normalizarlos?, Laura H. Atuesta y Javier Treviño, académicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) del México, en la región centro, le dieron forma al libro La muerte es un negocio. Miradas a la violencia criminal en América Latina, en el que se indaga la naturaleza de las acciones y de quienes cometen los hechos criminales.
De ser encontrados culpables al finalizar el proceso de los delitos planteados por los fiscales ambos podrían alcanzar una pena superior a los 100 años de prisión.
Un juez de la Ciudad de México determinó esta madrugada someter a proceso penal a Giovana “N” y Mario “N” por su presunta responsabilidad en el secuestro agravado y feminicidio de la niña Fátima de 7 años, y concedió a la Fiscalía de la Ciudad de México cuatro meses mas para completar la investigación, previo a llegar al juicio.
Luego de una audiencia de cuatro horas y media de duración que se realizó casi en su totalidad a puerta cerrada, el juez Agustín Moreno Gaspar ordenó que la pareja de inculpados permanezca en prisión preventiva mientras se desarrolla todo el proceso. Mario en el Reclusorio Oriente y Giovana en el penal femenil de Santa Martha.
Esta orden de captura contra Karime Macías responde a una investigación de la Procuraduría Fiscal de la Federación.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) confirmó la existencia de una orden de aprehensión en contra de Karime Macías Tubilla, esposa del exgobernador veracruzano Javier Duarte, por presunta defraudación fiscal.
De acuerdo con las autoridades, esta orden de captura responde a una investigación de la Procuraduría Fiscal de la Federación.
Tras el cateo de una casa de seguridad del Cártel de Sinaloa el 20 de febrero, fueron detenidos por elementos de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación (GESI), Andrés Ortiz Sánchez y Fermín Pérez Mondragón, ex policías municipales de Tijuana, y operadores de tráfico de drogas en el municipio de Rosarito. Es su segunda captura en 11 años.
En el Informe Policiaco Homologado los agentes dejaron constancia de que “al llevar a cabo las detenciones Ortiz Sánchez refirió ser jefe de plaza del Cártel de Sinaloa, y Pérez Mondragón hizo el intento de agredir y desarmar a los agentes aprehensores”.
A las 6 de la tarde del 20 febrero, los agentes de la guardia estatal ejecutaron una orden de cateo en el domicilio ubicado en la calle Santa Theresa 301, local 31y calle Santa Martha del fraccionamiento Cuesta Blanca en Tijuana, zona colindante con el municipio de Rosarito.
María de Jesús Patricio Martínez, Marichuy, vocera del Concejo Indígena de Gobierno, aseguró que en la actual administración se “agudizó” la represión contra defensores de la Madre Tierra, pues inició una “guerra desatada” contra las comunidades que se oponen a la implementación de megaproyectos a lo largo y ancho del país.
En entrevista, la vocera indígena afirmó que con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador “se ha agudizado la represión contra nuestras comunidades”, particularmente aquellas que se encuentran en resistencia contra los megaproyectos.
Con la frase: “El feminicidio de una niña es el fracaso de una sociedad, es un motivo de vergüenza para todxs”, la oficina en México de la Organización de las Naciones Unidas, dedicada a promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres (ONU Mujeres), condenó el asesinato de Fátima, la niña de siete años que el martes 11 fue secuestrada cuando esperaba a su mamá afuera de la primaria, llevada a una casa, violada y torturada. Sus restos fueron hallados cuatro días después en una bolsa de plástico.
¿Qué pasa en una sociedad donde una niña es asesinada? La psicóloga chilena Paula Narváez, oficial a cargo de ONU Mujeres en México, dice en entrevista que el feminicidio es la expresión más brutal de la violación a los derechos humanos de las niñas y las mujeres, y que estos crímenes se instalan en un sistema cultural patriarcal que las discrimina, violenta e impide el ejercicio de sus derechos.
El primer aniversario del asesinato de Samir Flores Soberanes, defensor del territorio nahua y comunicador comunitario, fue el marco para una jornada de protestas contra los megaproyectos que se imponen sobre los territorios indígenas y la represión contra quienes se oponen a ellos. El día terminó con la colocación de busto de Samir en pleno zócalo capitalino, viendo hacia el Palacio Nacional.
Miles de indígenas procedentes de Morelos, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Chiapas, Estado de México, Puebla y Querétaro, entre otros, se movilizaron este viernes en el centro de la Ciudad de México para exigir la cancelación del Proyecto Integral Morelos, del Tren Maya y del Corredor Interocéanico, entre otros proyectos que se planean sobre los pueblos, naciones y tribus indígenas.
A pesar de la contaminación al agua y la tierra provocada por las operaciones de las termoeléctricas, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que ya fueron aprobados los fondos para construir una planta en Baja California Sur, con la que pretende “garantizar que no falte la energía eléctrica, es decir, que no haya apagones”.
Integrantes del partido Morena en Baja California están presionado a directores del cuerpo de bomberos en el Estado para que no respalden la iniciativa de ley que busca otorgarles prestaciones laborales, pues “si se meten al tema los van a correr”.
El jueves, la Comisión de Gobernación del Congreso estatal desechó la propuesta de la diputada del Partido del Trabajo, Claudia Agatón, que pretendía elevar las direcciones de bomberos de la entidad a Honorable Cuerpo de Bomberos, y que todos los trabajadores contaran con los mismos derechos laborales establecidos por la Constitución.
La Fiscalía de Jalisco informó que, de las siete jóvenes que reportadas como desaparecidas entre el 17 y 19 de febrero, cinco ya fueron localizadas y falta por encontrar a dos menores.
La dependencia refirió que aún investiga la “desaparición de otras dos menores presentadas las últimas horas por igual número de personas; la indagatoria está en curso en espera de alcanzar resultados satisfactorios”.
“Hombres armados llegaron, los encañonaron y rápidamente los obligaron a subir a una camioneta. Vi como ocho jóvenes subidos a la fuerza, pero luego supe serían seis los levantados. Desde ahí no sé nada de mi hijo”, narra Elba Gutiérrez, madre del desaparecido Brayan de Jesús Hernández.
La señora, quien hoy vive a “salto de mata” por la serie de amenazas recibidas en casi cuatro años de búsqueda de su hijo, sospecha que la Policía Intermunicipal tuvo participación en la posterior desaparición masiva, en pleno centro de este municipio petrolero.
Cielo Cristal Guzmán Jiménez, de16 años, Brayan de Jesús Hernández Gutiérrez, de 17, Francisco Santis Benítez, de 20, y tres jóvenes más, llegaron con puntualidad al Parque Juárez, el 28 de abril del 2016.
La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) confirmó que el testigo protegido Casio –identificado públicamente como Alfredo Piñera Guevara, vocero estatal del Partido Acción Nacional (PAN)– grabó sus conversaciones telefónicas con periodistas para señalar a Miroslava Breach Velducea como responsable de la información que reveló vínculos entre el crimen organizado y candidatos a ediles en municipios serranos en la elección local de 2016.
El Ministerio Público de la Feadle presentó dos grabaciones en el juicio oral contra Juan Carlos N, presunto coautor material del homicidio de la corresponsal de La Jornada, obtenidas de la computadora de Wilberth Jaciel N, también señalado como coautor material y en cuyo domicilio se encontró el vehículo que utilizaron para cometer el crimen.
Al darse a conocer que el Informe de la Cuenta Pública de 2018 –último de la gestión de Enrique Peña Nieto– arrojó un presunto daño patrimonial por 144 mil millones de pesos, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció: Peña, como es de dominio público, permitió la corrupción. Y estamos actuando, todos los expedientes que se encontraron abiertos se les dio continuidad, no se cerraron porque no tenemos relaciones de complicidad con nadie.
Sin embargo, reiteró su postura de que no habrá venganzas, sino que es necesario ya no permitir la corrupción y mirar hacia el futuro sin acciones espectaculares, ni persecuciones a sus antecesores. También desde que tomé posesión fui muy claro, dije: No vamos a llevar a cabo ninguna denuncia en contra de los ex presidentes.
Esta tarde de viernes 21 de febrero, fue detenido el hombre que presuntamente mató a la joven estudiante Marbella Valdez Villarreal, cuyo cuerpo fue localizado en la colonia Xicotencatl Leyva Alemán, en Tijuana, el 8 de febrero.
De acuerdo a información obtenido por ZETA, el presunto responsable fue identificado como Juan Pérez Hernández (Se presume inocente, mientras no se declare su responsabilidad por la autoridad judicial. Art.13, CNPP), quien ya fue asegurado luego de que una juez de control otorgara la orden de aprehensión en su contra.
El hombre ya se encuentra bajo resguardo de las autoridades y se espera que en las próximas horas sea presentado al juez para que se determine su situación legal.
Entre el viernes 21 y el sábado 22 de febrero se registraron 8 homicidios más en Tijuana, entre ellos se incluye a dos mujeres, una de ellas fue hallada sin vida en la canalización del río, muy cerca de la garita de El Chaparral.
El reporte se dio cerca de las 7:50 horas del viernes 21, el cual indicaba que al interior de la canalización se encontraban los restos de una mujer sin identificar, a pesar de su estado de descomposición se le distinguieron dos tatuajes como señas particulares. El primero con la imagen de 2 calaveras besándose con 4 rosas de color rojo en la pierna derecha, y el segundo tatuaje con la imagen de la Santa Muerte en región abdominal lado derecho, el cuerpo se encuentra semi cubierto por una cobija negra con amarillo.
A menos de un día de que estallara la huelga en Notimex, la secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex (SUTNotimex), Adriana Urrea, denunció represalias contra empleados que apoyan el movimiento en defensa de su contrato colectivo de trabajo.
Además, señaló en conferencia de prensa, la dirección ha intentado romper la huelga al confrontar a los empleados en el estacionamiento del edificio, por donde entran las personas que laboran en otras empresas instaladas en el mismo inmueble, ubicado en Baja California 200, en la colonia Roma.
Dos hombres con el rostro cubierto entraron al baño y atacaron a la estudiante, quien se reporta fuera de peligro.
Una alumna del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Azcapotzalco fue atacada en uno de los baños del plantel por dos sujetos con el rostro cubierto.
En un comunicado la escuela informó que la alumna fue atendida de inmediato en el servicio médico y se encuentra fuera de peligro.
El grupo de alumnas Colectiva Ácrata Feminista reportó que el hecho ocurrió alrededor de las 8:00 de la mañana. Denunció que los hombres cortaron los brazos de la joven y le dislocaron los hombros.
La Auditoría Superior de la Federación detectó que en el último año de gobierno de Peña Nieto hubo gastos sin comprobación y aumentos de presupuesto injustificados para publicidad oficial o propaganda.
El gobierno de Enrique Peña Nieto se despidió en 2018 con un presunto gasto irregular en publicidad oficial, que incluye pautas ‘fantasma’ y aumentos de presupuesto injustificados, por un monto de 1,809 millones de pesos, indicó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en una auditoría forense sobre el gasto en comunicación social.
La ASF detalló de entrada que la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 (PEF 2018) autorizó en un par de partidas para la emisión de mensajes un gasto total de 1,092 millones de pesos.
Francisco Guízar Pavón, “El Rey de las Gasolinas” –extrabajador de Petróleos Mexicanos (Pemex) supuestamente ligado a Los Zetas–, fue ejecutado a balazos en el distrito Cascatta de Lomas de Angelópolis, zona de fraccionamientos exclusivos de Puebla.
El cuerpo de Guízar Pavón fue localizado esta mañana en el interior de una camioneta Toyota con placas de Veracruz (YXF-734-A), que presentaba ocho impactos de bala en la ventanilla del conductor. Se presume que al menos dos dieron en la cabeza de la víctima.
En el último lustro se incrementó en 244% el número de denuncias anuales por narcomenudeo en esta entidad, al pasar de 493 en 2015 a mil 699 en 2019, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
El crecimiento a lo largo de ese periodo se produjo de manera sostenida, con 520 denuncias en 2016, para ascender a 939 un año después y a mil 148 en 2018. Además, durante el primer mes de 2020 se advierte que la proporción de ese delito sigue creciendo, al registrarse 157 denuncias.
Por otra parte, enero de este año se convirtió en el mes más letal en materia de homicidios dolosos en la entidad, con un total de 74 personas asesinadas, la cifra más alta en comparación con los 12 meses de 2019, cuando se cometieron 760 homicidios dolosos, esto es, 63.3 casos por mes.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) alertó que se perderán 37 mil 740 millones de pesos si la operación del Tren Interurbano México-Toluca se pospone hasta 2024, año en que concluye la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.
En su más reciente informe de la cuenta pública, la ASF hizo el siguiente cálculo:
“Si el proyecto entrara en operación en 2022, se registraría una pérdida de 18 mil 059.8 millones de pesos y si el tren entrara en operación en 2024, la pérdida estimada aumentaría a 37 mil 740.3 millones de pesos”.
