Las partículas de dióxido de azufre (so2) emitidas por la termoeléctrica Francisco Pérez Ríos, de Tula, Hidalgo, han provocado un aumento de enfermedades respiratorias en los habitantes de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, alertaron organizaciones ambientalistas.
“Es increíble que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Secretaría de Energía (Sener) no tengan una visión correcta de energías limpias. Están metiendo al presidente (Andrés Manuel López Obrador) en un problema, México será objetado por la comunidad internacional”, sostuvo Adrián Fernández, director de Iniciativa Climática de México.
En septiembre de 2014, más de 100 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, se trasladaron a Iguala de la Independencia y fueron perseguidos y atacados por policías municipales y presuntos miembros del crimen organizado. El saldo: 43 jóvenes desaparecidos, tres asesinados, y dos con lesiones perpetuas.
Autoridades mexicanas hallaron restos que estarían relacionados con el caso Ayotzinapa, y que ya se están analizando en las Universidad de Innsbruck, en Austria.
La presidenta de la CNDH dispuso que abogados y peritos médicos acudan al hospital regional en Villahermosa, Tabasco, para auxiliar a los afectados por el suministro del medicamento heparina sódica contaminado o 'caduco'.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) informó que investigará los hechos, así como las acciones u omisiones de las autoridades de Petróleos Mexicanos (Pemex) por el caso, de por lo menos, dos pacientes de hemodiálisis fallecidos y 42 más afectados por el suministro del medicamento heparina sódica contaminado o “caduco”, en el hospital regional de Villahermosa, Tabasco.
De acuerdo con un comunicado, la presidenta de la CNDH , María del Rosario Piedra Ibarra, instruyó el inicio de una queja de oficio para indagar presuntas violaciones a derechos humanos.
Ejidatarios de El Bajío de Caborca, Sonora, mantienen una protesta en la Mina Dipolos para exigir que la Guardia Nacional no se ponga al servicio del empresario Alberto Baillères, quien –afirmaron– mantiene la sustracción ilegal de oro de sus terrenos.
Gregorio Meza Mendoza, vocero de los campesinos, dijo vía telefónica a Apro que “desde ayer martes los ejidatarios se movilizaron a Puerto Peñasco para denunciar que efectivos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano le impiden la entrada a sus terrenos, donde se asienta la Mina Dipolos”.
La fecha original propuesta para el inicio de la venta era el 9 de marzo, día del paro nacional de mujeres.
La rifa relacionada con el avión presidencial no se realizará el próximo lunes 9 de marzo para que no coincida con el paro nacional de mujeres, informó esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Los “cachitos” serán distribuidos hasta el martes 10 de marzo.
“De repente un grupo vinculado a un partido se ofende que por qué van a empezar a distribuirse los boletos, además hasta groseras. Entonces no, no, no, no, no va a ser el lunes, el martes, no se puede caer en ninguna provocación”, apuntó.
En septiembre de 2017, Mara desapareció tras abordar un Cabify y días después fue hallada muerta. A más de dos años, sus familiares luchan por conseguir justicia.
Han pasado dos años y seis meses del feminicidio de Mara Castilla. Para su hermana Karen, con quien vivía entonces en Puebla, el miedo se convirtió en un doloroso compañero, porque sabe que ser mujer en México significa una permanente vulnerabilidad, a grado tal que ha cambiado su cotidianidad y adoptó medidas como siempre mandar su ubicación en tiempo real porque “si vuelve a haber una emergencia, sepamos dónde empezar”.
Personal de la Subsecretaría de Gobernación federal arribó a Ciudad Altamirano para reunirse con más de un centenar de personas desplazadas por la violencia del municipio de Zirándaro en la región de la Tierra Caliente de la entidad.
La reunión, encabezada por el jefe del departamento de la Subsecretaria de Derechos Humanos del gobierno federal, Gustavo Medrano, se realiza en el fraccionamiento Brisas del Balsas, propiedad del narcotraficante Cleotilde Toribio Rentería El Tilde, quien fue detenido en 2012 y sentenciado a 29 años de prisión en junio 2018 por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, informaron fuentes oficiales.
El Ejército considera a El Tilde como fundador del grupo delictivo Guerreros Unidos en 2011 y enlace con el Cártel Independiente de Acapulco.
Cuando mujeres acuden con una autoridad, para pedir ayuda ante la violencia, son muchas las fallas que impiden activar los mecanismos de protección necesarios.
Abril Pérez Sagaón fue asesinada el 25 de noviembre de 2019, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Cuando ocurrió el crimen, ella ya había interpuesto una denuncia e iniciado un proceso judicial contra su pareja, quien presuntamente trató de asesinarla en enero de 2019. El hombre la habría golpeado con un bat mientras ella dormía.
Abril incluso tenía medidas cautelares, pero días antes del homicidio el hombre fue liberado de prisión por decisión de dos jueces y un magistrado, quienes consideraron que lo sucedido no fue intento de feminicidio, sino “lesiones y violencia familiar”. Días después, dos sujetos dispararon contra ella y la asesinaron.
Ante las irregularidades en el Instituto de Rehabilitación, personal médico pide la visita del secretario de Salud, Jorge Alcocer, y la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval.
En el Instituto Nacional de Rehabilitación, un hospital de tercer nivel, hay salas sin un solo paciente, como una de Hospitalización de Ortopedia Pediátrica. Ahí las cuatro camas están vacías y en el piso se acumulan, casi ya como en bodega, mesas de servicio, lámparas, sillas de ruedas.
A las salas vacías se suman las paredes agrietadas por todas partes de la institución. Son los efectos del sismo de 2017, que aquí siguen sin poder repararse. Los techos tienen goteras, en áreas cruciales como el banco de sangre y los laboratorios de rayos x. Hay baños fuera de servicio y zonas con escaso alumbrado por falta de focos. El mobiliario está viejo, y roto.
Un elemento de la Policía Municipal de Irapuato fue asesinado el martes por la noche cuando salía de su turno de servicio en la corporación.
El agente Martín Rodríguez Mendoza fue la víctima y se convirtió en el segundo policía municipal de Irapuato asesinado en los dos meses y tres días transcurridos del año.
En el estado han sido asesinados 11 agentes de corporaciones de seguridad en este mismo lapso del 2020, según datos de la organización Causa en Común.
Seguridad Pública de Irapuato informó que el agente, con grado de policía tercero y al menos 20 años de servicio en la corporación municipal, fue atacado alrededor de las siete de la noche del martes.
Jaime Bonilla, gobernador de Baja California “lo tiene todo”, como reza la publicidad del condominio donde habita: el penthouse de la torre Zafiro del exclusivo complejo residencial New City enclavado en la llamada “zona dorada”.
El gobernador, quien desde la década de los noventas trasladó su residencia a Estados Unidos y solicitó la ciudadanía de ese país, nunca ocultó este departamento, como sí ocurrió con la casa de dos mil metros cuadrados y mil de construcción, ubicada en el condado de San Diego, California.
El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador busca vincular a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, con grupos del narcotráfico, en particular con el Cártel del Pacífico, por “corrupción política”.
Así lo reveló el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, quien dijo que ya solicitaron a autoridades de Estados Unidos la información de los nexos del funcionario calderonista con dichos grupos delincuenciales.
Sobre Emilio Lozoya se tienen pendientes de desarrollo tres investigaciones: sobre la adquisición de un astillero en España, que ha implicado para Petróleos Mexicanos (Pemex) pérdidas por 50 millones de euros; por la adquisición de Fertinal y en torno al complejo petroquímico Etileno Siglo XXI.
Así lo informó Santiago Nieto, director de la Unidad de Inteligencia Financiera, quien esta mañana en la conferencia de prensa en Palacio Nacional señaló que no podría dar más detalle por el nivel de sigilo de las indagatorias a cargo de la Fiscalía General de la República.
El ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, presentó una demanda de amparo ante un juez federal para obtener el beneficio de la prisión domiciliaria.
En 2018 fue condenado a nueve años de prisión al declararse culpable de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.
El fin de semana pasado, el ex gobernador presentó la demanda de garantías ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en materia Penal en Ciudad de México, en la cual reclama la resolución del 31 de enero de este año, en la que un juez de control ratificó la resolución del 4 de enero, sobre la solicitud de sustitución de medida cautelar.
"Es preocupante que el Presidente se enoje, pero es grave que arremeta contra la sociedad que abuchea a un político, que los llame mentirosos".
Molesto, severamente molesto. Reflejando en sus gestos el enojo, el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, arenga con las manos mientras grita al micrófono, “parece como si no estuviésemos haciendo nada; llevamos 14 meses, y a ver, yo les digo –exclama levantando el índice de su mano derecha- ¿no están recibiendo más del doble los adultos mayores en pensión? ¿Es lo mismo que antes? ¿Qué no están recibiendo los niños, las niñas, con discapacidad su pensión?”… y la masa responde que no, pero los ignora ese primer momento y sigue en su preguntar para demostrar su legado de Gobierno, “¿Saben cuántas becas estamos entregando? ¡Claro que falta!, pero, ¿saben cuántas llevamos entregadas? ¡11 millones de becas en todo el país! A ver, les pregunto: ¿No todos los que estudian preparatoria tienen sus becas?…”.
"El 60 por ciento de los encuestados cree los feminicidios son consecuencia de la impunidad que se vive en México".
¿Por qué es importante la encuesta del lunes pasado del diario Reforma sobre la aprobación ciudadana hacia López Obrador?
Porque desde 2012, las encuestas de Reforma han sido las más certeras en cuanto a elecciones. Inclusive, acertó en su pronóstico de por cuanto ganaría AMLO la Presidencia en 2018, lo que le valió el aplauso del tabasqueño. (Claro: lo ubicaba como ganador).
¿Aún es alto el grado de respaldo popular para López Obrador?
La inclusión de las mujeres en la política forma parte del discurso de todo político, pero también hubo dinero destinado a lograrlo. La ASF detalló que ese presupuesto terminó en mobiliario desaparecido en el último año del ex Presidente Enrique Peña.
Poco se sabe del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad y Perspectiva de Género (PFTPG), que fue creado en 2008 –en el sexenio del priista Enrique Peña Nieto– y está a cargo del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres). El más reciente informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), correspondiente a la Cuenta Pública de 2018, halló una serie de irregularidades como gastos sin facturas y el presupuesto asignado terminó en mobiliario desaparecido.
El PFTPG busca promover y fomentar condiciones para alcanzar “la igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros; el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres y su participación equitativa en la vida política, cultural, económica y social del país; y de contribuir a la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género”.
El procedimiento podría derivar en la remoción de la comisionada y en una acusación penal en su contra. Desde octubre las victimas ganaron un amparo para que CEAV fijara el pago de una indemnización, pero ello no ha ocurrido.
Un juez federal inició un procedimiento judicial en contra de la comisionada de Atención a Victimas, Mara Gómez Pérez, por incumplir con una sentencia de amparo en la que se ordenaba, desde octubre pasado, que se emitiera un acuerdo de reparación de daño en favor de la familia de una niña fallecida en la Guardería ABC.
Dicho procedimiento podría derivar incluso en la remoción del cargo de la comisionada y en una acusación penal en su contra, dado que incumplir con una resolución de amparo es un delito federal que se castiga hasta con 10 años de prisión.
Las comunidades mayas que integran el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (CRIPX) recibirán este miércoles la resolución de un juez sobre su solicitud para que proceda la suspensión definitiva del Tren Maya, luego de que presentaran pruebas documentales sobre los impactos del megaproyecto federal y alegatos de las evidencias durante una audiencia incidental en el Juzgado Primero de Distrito de Campeche.
De acuerdo con la activista Elisa Cruz, de ser negada la suspensión, el CRIPX determinaría si interponer otro recurso legal, “porque sí pone en riesgo la materia del amparo que empiecen a hacer las estaciones del tren y eso implica que desplace gente. “Eso es lo que vamos a alegar si no otorgan la suspensión”, detalló.
La Unidad de inteligencia Financiera (UIF) detalló que en total fueron congeladas las cuentas de seis personas vinculadas con el grupo religioso La Luz del Mundo, mientras que los recursos asegurados a terceros ascienden a 82 mil 483 pesos, ya que también estarían ligados a algunos delitos.
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de inteligencia Financiera (UIF), informó esta mañana que se bloquearon cuentas bancarias por 359 millones 981 mil 131 pesos y un millón 569 mil 236 dólares, las cuales están ligadas al grupo religioso La Luz del Mundo.
En conferencia de prensa, explicó que fue detectado un pastor de la tercera generación de dicha religión, quien presuntamente engañaba a sus víctimas a través de la fe, con el objetivo de que donaran sus pertenencias a la iglesia y para “tener relaciones sexuales con las más jóvenes”.
La aprobación en las encuestas en el arranque del sexenio de Andrés Manuel López Obrador es la mayor de todos los presidentes desde Ernesto Zedillo Ponce de León a la fecha. Pero su caída entre enero y febrero de este año es sólo comparable con la que tuvo Enrique Peña Nieto en un año.
La popularidad de Andrés Manuel López Obrador ha sufrido un fuerte descalabro, de acuerdo con el ponderado de seis encuestas que salieron en los últimos cinco días. Se trata de una pérdida de 7 puntos en un mes, y un acumulado de 19 puntos menos entre febrero de 2019 y febrero de 2020, dice el promedio. El Presidente dijo que “vamos bien”, en respuesta a algunas de las encuestas, y citó que todavía tiene una aceptación mayoritaria. Y es cierto. Pero el ritmo de la merma sugiere que si no hace algo pronto perderá esa ventaja que le da seguridad.
Las encuestas citadas por el promedio que hace Oráculus son de los diarios El Financiero y Reforma, de Varela y Asociados, de Demotecnia, de Buendía y Laredo y de Enkoll. En todas cae más o menos con el mismo ritmo.
Lozoya Austin fue detenido el pasado 12 de febrero y recientemente trasladado del centro penitenciario de Málaga a la cárcel de Madrid IV, en Navalcarnero en España, se le acusa por su presunta implicación en la trama de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, delincuencia organizada y cohecho.
El ex Juez español Baltasar Garzón será el abogado del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, quien enfrentará su proceso de extradición a México en la Audiencia Nacional.
El despacho del ex jurista, International Legal Office for Cooperation and Development (Ilocad, por sus siglas en inglés), conformado por ocho abogados, se enfrentará al bufete español Garrigues, que representa al Gobierno de México en el juicio de extradición del ex funcionario.
La regla aplica incluso a los casos previos a 2019, cuando el feminicidio aún no se incluía en el catálogo de delitos con prisión automática.
Un Tribunal federal resolvió que un intento de feminicidio, aun cuando no tenga como resultado final la muerte de la víctima, es un ilícito grave que amerita prisión preventiva oficiosa (automática) para el presunto responsable de haberlo cometido, al igual que si se hubiera consumado.
Así lo definieron los magistrados del Noveno Tribunal Colegiado tras analizar a fondo un caso registrado en Xochimilco, en el que una joven estuvo a punto de ser asesinada a golpes por su exnovio dentro de su casa, lo que no ocurrió gracias a que una vecina intervino.
"Hemos batallado mucho para poner un freno a quienes atacan al bosque. Para nosotros, el bosque es algo sagrado", dicen comunitarios de Nahuatzén.
Con las cicatrices aún frescas de tres balazos que estallaron en el cristal delantero, una vieja camioneta avanza renqueante por senderos sinuosos hasta adentrarse en la profundidad de los montes de Nahuatzén, en la meseta purépecha del estado de Michoacán.
La camioneta la maneja un integrante de la ronda comunitaria; un grupo de policías purépechas que desde 2015, cuando los vecinos de la localidad siguieron el ejemplo de lo sucedido en Cherán en 2011 y expulsaron a los partidos políticos y a la policía municipal por la corrupción y la violencia, tomó el control de la vigilancia del pueblo.
Un informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la situación de los derechos humanos en Colombia presentado la semana pasada contiene una afirmación sorprendente que evidencia el alto grado de influencia que han alcanzado los cárteles mexicanos de la droga en el mundo del crimen colombiano.
De acuerdo con el reporte, que causó un gran malestar en el gobierno por el crudo diagnóstico que hace sobre la situación humanitaria en el país, en varias regiones golpeadas por la violencia hay presencia de grupos delictivos extranjeros que participan en el conflicto.
Aunque el informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) no se refiere en específico a los cárteles mexicanos de la droga, sí menciona regiones en las que incluso organismos colombianos han mencionado a esas organizaciones como factores de intimidación a la población civil, en especial al Cártel de Sinaloa.
La Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y la Fiscalía han alertado sobre casos de violencia y violaciones a los derechos humanos en los que la población denuncia que está involucrado “el Sinaloa”, como le llaman a ese cártel en varias zonas de Colombia.
En su reporte, la ONU señala que en 2019 “grupos criminales como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (también llamadas Clan del Golfo), los Caparros y La Mafia, así como organizaciones criminales transnacionales, emplearon extrema violencia en las disputas por el control de las economías ilícitas”.
Estos grupos, agrega el informe, “actuaron principalmente en Antioquia, Cauca, Chocó, Córdoba, Guainía, Huila, La Guajira, Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Putumayo y Valle del Cauca”.
Los cárteles mexicanos tienen estrechos vínculos con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, Los Caparros y las disidencias de la exguerrilla de las FARC involucradas en la producción de cocaína. Y sus áreas de mayor presencia están en las regiones mencionadas por la ONU, en especial Antioquia, Nariño, Cauca, Chocó, Putumayo y Córdoba.
El director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), Camilo González Posso, dice que es evidente que la ONU “ya puso en la mira a los cárteles mexicanos como actores que están detrás de violaciones a los derechos humanos” que ocurren en varias regiones de Colombia.
“No es que participen de manera directa, pero son los que financian y les dan las armas a los grupos criminales colombianos que ejercen la violencia contra población civil y que están asesinando a líderes sociales”, señala.
De acuerdo con la ONU, en 2019 fueron asesinados 108 defensores de derechos humanos en Colombia, el doble que en 2018.
La senadora y presidenta de la Unión Patriótica (UP), Aída Avella, ha dicho a Proceso que en Colombia “está en marcha un proceso de aniquilamiento de la dirigencia social en el que los cárteles mexicanos están jugando un papel como financiadores de las estructuras armadas que están asesinando dirigentes”.
Y es que los grupos criminales señalados como autores de esos homicidios están involucrados en el narcotráfico y en varios casos tienen relaciones con los cárteles mexicanos, no sólo con el de Sinaloa sino también con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y otras estructuras más pequeñas que han subsistido a la desarticulación de Los Zetas, La Familia y los Caballeros Templarios.
Tanto el Clan del Golfo (o Autodefensas Gaitanistas de Colombia) como Los Caparros, Los Puntilleros, Los Rastrojos y La Empresa, que tienen relación con organizaciones criminales mexicanas, han sido mencionados en las investigaciones de los homicidios de líderes sociales.
Para el investigador del conflicto armado, Ariel Ávila, nada de lo que ocurre en las zonas más violentas de Colombia le es ajeno a los enviados de los cárteles mexicanos.
“En Colombia –señala– tenemos un incremento muy importante en la presencia de organizaciones mexicanas del narcotráfico que vienen a asegurar el abastecimiento de cocaína. Traen financiamiento y traen armas. Esto influye fuertemente en el aumento de la violencia en muchas regiones y esto es un factor que, sin duda, está asociado en forma indirecta al asesinato de líderes sociales”.
El informe de la ONU, que abarca el periodo 2019, afirma que Colombia vive una “violencia endémica”.
El organismo señaló que el año pasado se registraron 36 masacres en el país, la cifra más alta desde 2014, y que las protestas sociales en contra del gobierno del presidente Iván Duque fueron reprimidas por la policía, la cual respondió “de manera desproporcionada a incidentes aislados de violencia”.
La implementación de los acuerdos de paz con la exguerrilla de las FARC, señala el reporte, no muestra avances, en especial la reforma rural integral que contempla reparto de tierras a campesinos pobres y la cual ha sido duramente criticada por el partido de Duque, el ultraderechista Centro Democrático.
Otra denuncia que causó escozor es la que indica que el Ejército utiliza a miembros de grupos criminales en operaciones como allanamientos, incautaciones y detenciones de personas.
Duque calificó el reporte de la ONU como una “intromisión en la soberanía” de Colombia.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: RAFAEL CRODA.
LINK: https://www.proceso.com.mx/619971/carteles-mexicanos-en-la-mira-de-la-onu
