En un intento por frenar el crecimiento de las extorsiones en México, delito que en 14 estados ya es el de mayor incidencia, el gobierno puso en marcha una nueva estrategia sustentada en la creación de una base nacional de números de extorsionadores, y en el rastreo, identificación y neutralización de las cuentas que se utilizan para cobrar estos fraudes.
Se trata de un plan coordinado entre el gobierno federal y todos los estados del país, articulado por el Sistema Nacional de Seguridad Pública a través del Centro Nacional de Información (CNI) en lo relacionado con la base de datos, y por la Unidad de Inteligencia Financiera para la desarticulación de las redes de cobro.