A 31 meses del sismo del 19 de septiembre, el colectivo Damnificados Unidos de la Ciudad de México exigió a las autoridades capitalinas cumplir los 19 pendientes sobre la reconstrucción de las viviendas afectadas desde 2017 y las obras mal ejecutadas en seguridad estructural e instalaciones, entre otras demandas, así como remarcaron la vunerabilidad de los damnificados frente a la pandemia de coronavirus.
«El Estado mexicano no ha sido capaz, por razones que ellos deberán responder al juicio de la historia, de avanzar de manera sustancial en garantizar el derecho a la vivienda a miles de mexicanos y mexicanas que recibieron en condiciones de extrema vulnerabilidad la Jornada Nacional de Sana Distancia ante la emergencia por el COVID-19», denunció el colectivo en un comunicado.
Las personas que tienen estos padecimientos escuchan todos los días en medios de comunicación o en boca de sus familiares el alto riesgo en el que están. ¿Cómo lo enfrentan?
“Me da miedo pensar que me ataque el virus y saber que corro el riesgo de perder la vida”, dice Erubiel Padilla, un hombre de 44 años, que hace cuatro fue diagnosticado con diabetes.
En las estadísticas que presenta la Secretaría de Salud todos los días en la conferencia vespertina sobre COVID-19, el número mayor de fallecidos está entre quienes padecen hipertensión o glucosa elevada en sangre.
De entre las personas que han perdido la vida a causa de este coronavirus, 43% tenían problemas de presión arterial alta y 37.3% diabetes. La siguiente mayor condición de riesgo es la obesidad, 32.6% de quienes murieron por COVID la presentaban.
Durante las últimas tres semanas, el personal del Hospital General Regional (HGR) N° 72 en Tlalnepantla, Estado de México, enfrentó la Fase 2 de la pandemia por COVID-19 sin los insumos básicos. Apenas el 7 de abril, las autoridades acordaron hacerles llegar el Equipo de Protección Personal.
El personal médico del Hospital General Regional (HGR) N° 72 en Tlalnepantla, Estado de México, erogó en tres semanas 35 mil 123 pesos de sus propios bolsillos para hacerse de guantes, batas, mascarillas, cubre bocas, goggles y gel antibacterial para poder trabajar en el recinto donde se atiende a personas con COVID-19.
De acuerdo con facturas compartidas a SinEmbargo, se trata de 15 compras que realizaron grupos de doctores para poder tener los artículos que integran el Equipo de Protección Personal (EPP): gorro, lentes con protección lateral, mascarilla quirúrgica, bata de manga larga impermeable y un par de guantes desechables.
Felipe Calderón Hinojosa se ha convertido en el gran detractor de las decisiones gubernamentales en la presente pandemia por el COVID-19. El 23 de abril se cumplen 11 años de una crisis similar, la del virus de la Influenza H1N1, vivida en su Gobierno. Aquella vez y mediante un decreto presidencial, la llave de dinero público se abrió a borbotones. Uno de los gastos fue la publicidad oficial. Sin ojo crítico, ni freno, se beneficiaron las grandes televisoras; pero también empresas fantasma. Del episodio, hasta ahora, no hay rendición de cuentas.
Cuando la noche del 23 de abril de 2009, el entonces Secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, anunció que México estaba en una crisis de contagio por el virus H1N1 de la Influenza, los negocios pequeños y grandes bajaron la cortina, las clases se suspendieron en todas las escuelas y los habitantes de la Ciudad de México se aislaron en sus casas. La capital del país se volvió fantasmagórica. Mientras, sin ojo crítico y a discreción, el grifo del dinero público se abrió a borbotones.
“Mi recomendación es que no haya ninguna sanción, que queden siempre por encima de cualquier acto aún cuando se trate de un exceso, de una irresponsabilidad, que quede a salvo el derecho a manifestarnos, la libertad de expresión”, dijo el Jefe del Ejecutivo federal en conferencia de prensa.
Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, recomendó esta mañana a la Secretaría de Gobernación (Segob) que no sancione a TV Azteca, luego de que Javier Alatorre invitara el viernes pasado a ignorar la información emitida por el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, sobre la pandemia de COVID-19 en el país.
Esta semana llegarán 200 nuevos ventiladores y monitores al país, de los cuales 150 serán para la zona metropolitana.
Gustavo Reyes Terán, titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, reconoció que hasta el mediodía de este domingo los hospitales de alta especialidad ubicados en la zona metropolitana de México contaban con un total de 77 respiradores para atender casos graves de COVID 19.
Durante la conferencia de prensa del domingo por la tarde, Reyes Terán dijo que a partir del próximo “martes o miércoles” llegarán 200 nuevos ventiladores y monitores al país para atender los casos críticos por COVID, de los cuales 150 serán para la zona metropolitana (CDMX Y EDOMEX).
"Yo sí me la juego, la verdad, me puedo contagiar, pero yo le temo más a la necesidad que tengo”, dice una trabajadora del Metro en medio de la pandemia de COVID-19.
“Ahora es más trabajo pero menos sueldo. Que ‘límpiele arriba, las mamparas, los elevadores, las taquillas, los pasamanos’. Estoy para que me manden, lo que quieran yo les lavo, pero que den bolsas para cubrirse la cara, para estar también protegidos, porque, no crea, aquí pasan y me estornudan o me avientan un tapabocas y yo lo alzo; siento que sí me voy a infectar, pero me la juego, porque no me queda otro remedio”.
La señora Martha, 56 años, carga en una mano la cubeta de agua negrísima y en la otra el trapeador con el que lavó ella sola los pisos de la estación del Metro Centro Médico, intersección de dos líneas del transporte masivo de la Ciudad. Ella sola está a cargo de la limpieza de toda la estación, porque eran siete trabajadores en total, pero ya los mandaron a sus casas por ser todos adultos mayores.
Los trabajos en el aeropuerto de Santa Lucía, que prosiguen en medio de la emergencia sanitaria, incluirán la demolición de varias instalaciones construidas en el sexenio de Enrique Peña Nieto porque el proyecto exige su reubicación. En conjunto, esas construcciones costaron más de 637 millones de pesos, que se sumarán al costo de echarlas abajo y volverlas a construir… Algo que no se reconoce en el Plan Maestro del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
La construcción del nuevo aeropuerto internacional en Santa Lucía obligará al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador a demoler y reubicar instalaciones militares recién remodeladas o con una antigüedad máxima de siete años en las que se gastaron 637 millones 909 mil pesos entre enero de 2013 y noviembre de 2018.
Entre las obras recién construidas destaca la Escuela Militar de Materiales de Guerra, que se edificó en la Base Militar de Santa Lucía tras el cierre del Campo Militar de Santa Fe por decisión de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para tratar de vender los terrenos de alta plusvalía donde se encontraba ese centro educativo, operación que no prosperó.
A partir de este lunes 20 de abril, el aislamiento social y el uso de cubrebocas cuando se esté fuera de casa serán obligatorios en Jalisco, por lo que habrá sanciones contra quienes violenten esas disposiciones, informó el gobernador Enrique Alfaro Ramírez.
Asimismo, se instalarán filtros en los límites del estado para evitar que ingresen o salgan personas contagiadas con covid-19.
“La fuerza pública tendrá la encomienda de hacerla cumplir. No es justo que quien sí están acatando estas medidas paguen por quienes no lo hacen. Insisto, está en juego la vida de todos”, apuntó.
El gobernador de Baja Califonrnia, Jaime Bonilla Valdez, puso en duda la peligrosidad de la covid-19 al considerar que los científicos “nos están asustando”, y dejó entrever que pudiera reabrir la industria maquiladora en la entidad.
Por segundo día consecutivo, el controvertido gobernador recordó que Estados Unidos no suspendió la industria maquiladora y expresó: “a la tierra que fueras, haz lo que vieres”.
“Aquí en Estados Unidos no cerraron las maquilas sólo los comercios, claro, el transporte es menos conglomerado y hay muchas reglas de aislamiento y sana distancia”, dijo el gobernador para luego completar, “ellos sí tomaron la decisión de seguir manufacturando, no apagaron la industria y esa es una cosa que estamos observando nosotros, independiente del tema de deterioro del sur de la República Mexicana”.
El gobierno federal concretó la compra del estadio Héctor Espino por más de 511 mdp. El inmueble tiene una capacidad de 13 mil personas y más de 40 años de vida.
El gobierno de México ya tiene un estadio de beisbol entre sus propiedades: el Héctor Espino, casa de los Naranjeros de Hermosillo, Sonora.
La administración de Andrés Manuel López Obrador pagó por este inmueble, a través de Banobras, 511 millones 690 mil pesos.
En febrero se realizó el pago, por parte de la Federación, pero fue hasta este mes que se terminaron las negociaciones y se pudo usar el dinero, detalló Luis Iribe Murrieta, subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del estado en entrevista con Juan Carlos Zúñiga en Reporte100.
Las empresas Galénica Support y Heilung de México son de los mismos dueños y ofertaron propuestas como si fueran competidoras diferentes.
La delegación del IMSS en Coahuila canceló el contrato por 23.8 millones de pesos que había adjudicado a la empresa que simuló competencia para venderle casi 211 mil cubrebocas N95 en medio del brote de COVID-19 en un hospital de Monclova.
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) resolvió cancelar la adjudicación directa luego de que Animal Político reveló que dos compañías, Galénica Support S.A de C.V. y Heilung de México S.A. de C.V., ambas pertenecientes a los mismos dueños, los hermanos José Luis y Juan Manuel Garza Morales, ofertaron propuestas como si fueran competidoras diferentes.
El Presidente destacó la colaboración de la gente ante las medidas de distanciamiento social. “No ha habido utilización del uso de la fuerza, no ha habido toque de queda ni ninguna de esas medidas, todo lo ha hecho la gente de manera voluntaria y hemos tenido así buena respuesta”, dijo.
Personal de salud será el encargado de vigilar y establecer los filtros sanitarios, informó el Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell Ramírez.
Durante la conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario de la salud señaló que el manejo de estos cercos se hará con personal de salud y no militar, como en otros países.
El apoyo se daría del 23 de abril al 23 de mayo en hospitales que atiendan a pacientes con padecimientos generales, no infectados con cornavirus. Las condiciones para entrar al programa son que las personas no tengan una enfermedad, como hipertensión, obesidad o diabetes.
El Gobierno federal invitó al personal médico y de enfermería de 60 a 65 años, que no tengan afectaciones de salud, a colaborar en el cuidado de pacientes que no estén infectados con el coronavirus. Quienes participen recibirían un bono a su salario del 30 por ciento extra.
Contrario al llamado de las dependencias de salud internacionales que solicitaron a las personas mayores de 60 años quedarse en sus casas para evitar ser contagiados con el virus SARS-COV2 al ser una de las poblaciones más vulnerables, el Presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a “enfermeras, a médicos de 60 a 65 años que estén sanos”. “Si están sanos, aún de 60 a 65 años pueden, si voluntariamente lo desean, ayudarnos”.
La SFP indicó que las declaraciones patrimoniales sólo deben cumplir la función de prevenir y detectar posibles actos de corrupción si se someten a un proceso de verificación rigurosa.
La Secretaría de la Función Pública (SFP) afirmó esta tarde que analizar las declaraciones patrimoniales de los funcionarios no significa que exista una acusación e su contra, ni es señal de alguna investigación por irregularidades.
Gobierno reconoce fallas en combate a este delito que en un año generó ganancias equivalentes a todos los fondos de seguridad, y que ha crecido 63% desde 2015.
En un intento por frenar el crecimiento de las extorsiones en México, delito que en 14 estados ya es el de mayor incidencia, el gobierno puso en marcha una nueva estrategia sustentada en la creación de una base nacional de números de extorsionadores, y en el rastreo, identificación y neutralización de las cuentas que se utilizan para cobrar estos fraudes.
Se trata de un plan coordinado entre el gobierno federal y todos los estados del país, articulado por el Sistema Nacional de Seguridad Pública a través del Centro Nacional de Información (CNI) en lo relacionado con la base de datos, y por la Unidad de Inteligencia Financiera para la desarticulación de las redes de cobro.
Empleados del Hospital 20 del IMSS en Tijuana, uno de los municipios con más contagio, compraron mascarillas N95 y ropa desechable gastando el 71% de su salario base.
En las últimas semanas, personal médico de hospitales en la Ciudad de México, Coahuila, Puebla, Tijuana y Estado de México, entre otros, han hecho protestas para reclamar equipo de protección y en muchos casos, al no tener respuesta, ellos lo compran de su propia bolsa. Esto les significa la única opción para evitar contagiarse, aunque también una disminución en su salario, a veces precario.
Por ejemplo, en el IMSS una enfermera general tiene un salario de 6 mil 800 pesos brutos, un médico familiar, 10 mil 459 pesos mensuales; un técnico en rayos X, 6 mil 874 y un camillero, 4 mil 681 pesos, de acuerdo con datos de Nómina Transparente, la página de la Secretaría de la Función Pública donde se registra el salario de los funcionarios públicos.
Mediante alianzas dudosas, como la establecida con los evangélicos, el presidente Andrés Manuel López Obrador está desmantelando el Estado laico, asegura Mariana Molina, representante de República Laica, organización que denuncia los discursos de corte religioso en los que el mandatario ha llegado a compararse incluso con Jesucristo. Molina lamenta que no se le pueda sancionar, pese a que es el principal responsable de socavar la separación entre las iglesias y el Estado.
República Laica, la única organización en México dedicada a defender la laicidad del Estado, empieza a tomar algunas acciones legislativas y políticas encaminadas a contener los atropellos contra el Estado laico que está cometiendo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en su alianza con algunas iglesias evangélicas.
Entre estas acciones figuran una reforma a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para castigar a los funcionarios que violen el Estado laico; interponer amparos para frenar el proselitismo evangélico en los programas sociales de gobierno; recurrir a acciones de inconstitucionalidad para bloquear la actual intentona legislativa de darle mayores privilegios a las iglesias, y seguir ejerciendo presión política a través de sus foros de análisis.
La Asociación de Gobernadores del PAN (Goan), lamentó que el presidente Andrés Manuel López Obrador responda con “evasivas” a sus demandas para enfrentar la crisis sanitaria.
En un breve comunicado, nueve gobernadores de Acción Nacional adelantan que insistirán para que el presidente les dé “una respuesta puntual” a sus requerimientos.
“No debería sorprendernos que quien todo lo ve y resuelve con lógica política y ve a la crisis sanitaria como ‘anillo al dedo’ para afianzar su proyecto considere nuestras discrepancias con tintes electorales.
No existe investigación en las dependencias y entidades del poder ejecutivo sobre el expresidente Enrique Peña Nieto.
Así lo confirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que diferentes medios de comunicación dieran a conocer que había una indagatoria abierta por la Unidad de Inteligencia Financiera, de la secretaría de Hacienda, que es parte del poder ejecutivo.
Y al rechazar la especie, el mandatario recordó que al inicio de su administración propuso una política de “punto final”.
El Consejo de la Judicatura ordenó que vuelvan a trabajar como jueces, aunque en otras adscripciones, Federico Mosco y Luis Alejandro Díaz, con el argumento de equilibrar cargas de trabajo por las guardias en el Poder Judicial durante la emergencia sanitaria.
El Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México ordenó reincorporar desde este jueves 16 de abril a los jueces Federico Mosco González y Luis Alejandro Díaz Antonio, que fueron suspendidos como funcionarios públicos el 28 de noviembre pasado para ser investigados por permitir que saliera libre el exesposo y sospechoso del feminicidio de Abril Pérez Sagaón.
El oficio del Consejo, del que Animal Político tiene copia, explica que la investigación interna contra ellos sigue su curso. Pero argumenta que se anula la suspensión “con el propósito de equilibrar las cargas de trabajo, atendiendo a las necesidades del servicio”. La vocería del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad (TSJ-CDMX) confirmó a este medio que por la necesidad de personal para cubrir las guardias que se están aplicando durante la emergencia sanitaria, es que se decidió echar mano de estos jueces.
Debido a que la tasa de abandono dentro de la población privada de su libertad es mayor en las mujeres, son ellas quienes presentan mayor vulnerabilidad de contagio ante el COVID-19 dentro de los centros penitenciarios, alertó la cofundadora y directora jurídica de Reinserta, Fernanda Dorantes Arteaga.
Al enfrentar abandono, las mujeres ven limitado su acceso a artículos de limpieza personal como es el jabón para el lavado de manos o líquidos para aseo de sus espacios personales, pues éstos son proporcionados por familiares del exterior.
Mediante una estrategia bien afinada, apoyados por una amplia red de páginas noticiosas dedicadas a difundir fake news, las cuales utilizan para la extorsión, un grupo de presuntos estafadores apareció en Tijuana para solicitar dinero bajo el argumento de que el Hospital General de esa ciudad necesita apoyos y equipos para evitar que la gente muera por COVID-19.
El grupo está encabezado por Esteban Gastélum –hijo de Juan Manuel Gastélum Buenrostro, ex Alcalde de Tijuana –y su novia Evelyn Rosas, quienes realizan su servicio social en el nosocomio, pero al mismo tiempo han montado una fuerte campaña para difundir las supuestas carencias del hospital en medio de la crisis por la pandemia, lo que han aprovechado para estafar a la ciudadanía con cuantiosas sumas de dinero.
La agencia también rebajó la calificación de las empresas energéticas IEnova y Cometa Energia. La nota de Pemex se ubica tres niveles por debajo de las del soberano como resultado del continuo deterioro de su perfil crediticio independiente.
La calificadora Fitch Rtings volvió a recortar la calificación crediticia de Pemex y disminuyó la de CFE. Apenas el miércoles la agencia rebajó la nota de México de ‘BBB’ a ‘BBB-‘ con perspectiva estable, a causa de los efectos económicos por la pandemia del COVID-19.
Este viernes, Fitch Ratings degradó las notas de las empresas productivas del Estado mexicano. Para Petróleos Mexicanos (Pemex) pasó de ‘BB’ a ‘BB-‘, con perspectiva a la abaja, y la Comisión federal de Electricidad (CFE) de ‘BBB’ a ‘BBB-‘.
Las pesquisas del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador incluirían a personajes como Humberto Castillejos, ex consejero jurídico de la Presidencia; José Narro Robles, ex Secretario de Salud; Gerardo Ruiz Esparza, ex Secretario de Comunicaciones y Transportes fallecido el pasado 1 de abril; y José Antonio Meade, ex Canciller.
El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha iniciado una investigación bancaria y de “evolución patrimonial” sobre el ex Presidente Enrique Peña Nieto, su familia más cercana y varios personajes de su gabinete, dio a conocer Univisión citando varios documentos oficiales.
