El acuerdo de emergencia sanitaria por COVID-19 estableció que los servicios de atención a la violencia contra las mujeres son “esenciales”, por lo que deben seguir abiertos. Sin embargo, la mitad de los Centros de Justicia para las Mujeres (CJM o Cejum) ha reducido los servicios que presta, en varios casos, porque los poderes judiciales estatales suspendieron labores.
Además, en cuatro estados no hay Centro y en otros cuatro no tiene albergue de emergencia para recibir ni por unos días a mujeres que tengan que huir de casa por enfrentar violencia de su pareja, un reclamo de distintas organizaciones sociales que consideran que en estos momentos hubiera sido aún más importante implementar, cuando ya se ha probado que las agresiones en los hogares están aumentando.