Dalia es una servidora pública que padece de una enfermedad crónica que pone en riesgo su vida frente al COVID-19. Aunque lo hizo del conocimiento de su superior en la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), un jefe de unidad, no le permitieron continuar trabajando desde casa y le pidieron, a ella y al resto de sus compañeros, retomar el trabajo presencial en las oficinas centrales de la institución desde la semana pasada.
Esta trabajadora, que ha pedido que no se especifique su enfermedad, señala que la institución federal encargada de prevenir y sancionar abusos hacia los consumidores no ha seguido recomendaciones de la autoridad sanitaria para salvaguardar la vida de los funcionarios que viven con comorbilidades, como fomentar el teletrabajo o implementar horarios escalonados en oficinas para evitar aglomeraciones.