Desde el inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum se han abierto 252 carpetas de investigación por delitos sexuales presuntamente cometidos por policías en la CDMX.
A un año de que mujeres salieron a las calles a protestar contra la violencia sexual cometida por policías capitalinos, el diálogo con las autoridades sigue, pero hasta el momento no ha dado un resultado contundente. Lo que es un hecho es que las denuncias contra elementos de seguridad siguen aumentando: desde septiembre de 2019 y hasta el 30 de junio de 2020 se han abierto 165 carpetas de investigación por delitos sexuales.
Activistas feministas como Sofía J. Poiré y Suhayla Bazbaz, quienes participaron en las mesas de diálogo que las autoridades capitalinas establecieron para tratar el tema de agresiones sexuales cometidas por fuerzas de seguridad, señalan que pese a la voluntad que mostraron las instituciones, el número de denuncias crece, sin que lleguen a ser judicializadas.
La llamada “rifa del avión presidencial” tuvo un avance mínimo en la colocación del boletaje pues, a cinco semanas de su realización apenas colocó el 33%.
El lanzamiento del sorteo, cuyos premios equivalen al costo del avión presidencial, fue a principios de marzo; para el día 20 de ese mes, con el inició del confinamiento, fueron cerrando los puestos expendedores. En el último mes, sin embargo, el boletaje apenas avanzó un 8%.
El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó hoy que su gobierno contemple un cambio de estrategia o decretar un nuevo confinamiento para hacer frente a la pandemia.
De acuerdo con el mandatario, el contagio está perdiendo fuerza y no hay información de rebrotes para considerar que, siendo una enfermedad terrible que produce muertes y causa dolor, hasta ahora “vamos bien”.
Antonio Juárez Navarro, abogado del médico urgenciólogo preso en Chiapas, Gerardo Vicente Grajales Yuca, informó que la Fiscalía General del estado (FGE) inició una nueva carpeta de investigación, pero ahora contra directivos del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (ISSTECH) por la creación de un búnker VIP para no derechohabientes contagiados de covid-19.
En conferencia de prensa, Juárez Navarro dijo que ayer se reunió con el titular de la FGE, Jorge Luis Llaven Abarca, para presentarle pruebas que deslindan de responsabilidad jurídica a Grajales Yuca.
Alessandra denunció públicamente que había sido abusada sexualmente cuando era menor de edad por un político de Querétaro y otras mujeres relataron experiencias similares a manos del mismo sujeto.
Bastó con que una mujer denunciara públicamente que había sido abusada sexualmente cuando era menor de edad presuntamente por Raúl Jaime Pérez, político panista de Querétaro, para que en cuestión de horas surgieran varios relatos de otras chicas y adultas que presuntamente vivieron experiencias similares a manos del mismo sujeto, que no se ha pronunciado públicamente y se desconoce si sigue en la ciudad.
Alessandra Cavazos fue quien decidió empezar a romper la impunidad y ahora pide a todas las mujeres que hayan vivido un abuso que alcen la voz y señalen a su agresor.
El gobernador de Baja California dijo que su gobierno no agrede a la prensa, sino que muchas veces no están de acuerdo con lo que se publica y usa su derecho de réplica.
El gobernador de Baja California dijo que no reconoce las 123 agresiones y discursos antiprensa documentados en Prensa Bajo Fuego ni tampoco los 9 meses que no ha convocado a conferencia.
“No reconocemos que son 123 veces que hemos agredido a la prensa, una cosa es que no estemos de acuerdo con lo que publican y tengamos el derecho de réplica y les digamos que está mal la historia que escribieron, que no sabemos por qué la escribieron así… y otra cosa es que los agredamos”, dijo Jaime Bonilla en una transmisión este día.
-¿¡Pues quién me los está mandando!?, reclamó enfurecido Andrés Manuel López Obrador en Veracruz a mediados de junio, después de subir apresurado las ventanillas de su camioneta y dejar atrás los reclamos enérgicos de manifestantes que con pancartas, gritos y golpes a la unidad, exigían hablar con el Presidente quien, olímpicamente, los ignoró.
La llegada de Emilio Lozoya Austin a México, suponían muchos, significaba que llegaría a enfrentar a la justicia que por tantos años presumiblemente le ha perseguido, desde que la sospecha de corrupción recayó sobre sus espaldas luego de conocerse el contenido de las investigaciones brasileñas contra la compañía Odebrecht por haber otorgado sobornos alrededor del mundo, particularmente en América Latina, para el desarrollo y crecimiento de la empresa.
Frente a los medios de comunicación, el Presidente narró que antier se preguntó “‘¿por qué no [era posible un narco-Estado] si el que estaba a cargo de la seguridad al final le servía a una de las bandas?’. Es como si uno de estos jefes hubiera estado de vicepresidente de la República. Porque ese señor que está detenido en Estados Unidos era el dedo chiquito de Felipe Calderón”.
“Es como si uno de estos jefes [del narcotráfico] hubiera sido vicepresidente de la República”, dijo el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Se refIrió, así, a Genaro García Luna, Secretario de Seguridad Pública federal de Felipe Calderón Hinojosa detenido en Estados Unidos y juzgado allá por beneficiar al Cártel de Sinaloa e incluso por traficar con drogas.
Desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, recordó que hace unos días habló de la existencia de un narco-Estado en el mandato de Calderón Hinojosa “porque en efecto escritores, analistas, intelectuales que simpatizan con nuestro movimiento desde que empezaron estas políticas de querer resolver el problema de la inseguridad mediante el uso de la fuerza, se empezó a hablar” de ese término.
A seis años del ecocidio en los ríos Bacanuchi y Sonora por el derrame de 40 millones de litros de tóxicos de la mina Buenavista del Cobre, filial de Grupo México, la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) criticó la falta de acciones por parte del gobierno federal para acabar con la impunidad en el caso y sancionar al empresario responsable Germán Larrea.
«Hasta el momento es muy desolador escuchar las palabras de miedo y conocer las acciones llenas de sumisión del presidente de la República ante Larrea y su operador central el empresario Alfonso Romo», señaló la REMA en un comunicado, en el que recordaron que el derrame en el río Sonora fue tipificado como el Ecocidio Minero más grave en México en las últimas décadas.
Vidulfo Rosales, abogado de los familiares de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, afirmó que en la reunión de este miércoles con el presidente Andrés Manuel López Obrador van a pedir que se les informe sobre los avances en la indagatoria del caso.
“Vamos a ver qué avances hay de las detenciones, de las investigaciones”, señaló brevemente el abogado antes de entrar a la cita de hoy con el mandatario, marcada a las 11 horas, pero a la cual los padres y madres de los estudiantes llegaron con más de 30 minutos de anticipación.
“Lo que debe de quedar claro es que esta denuncia que presenta el señor Lozoya implica que sean llamados a comparecer, que declaren los dos expresidentes, entre otros servidores públicos. O sea, tiene que declarar el expresidente Calderón, el expresidente Peña, el Diputado al que hacen mención, los senadores. Todos los mencionados. Bueno, el que estaba de Secretario de Hacienda, Videgaray. Todos tienen que declarar y eso es por procedimiento”, afirmó López Obrador.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que los exmandatarios Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón Hinojosa “deben declarar” por las acusaciones de corrupción hechas por Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex).
En su conferencia de prensa, aseguró que también deben comparecer el extitular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, y otros señalados por Lozoya Austin, como diputados y senadores.
Tan solo 14 días después de recibir su vinculación a proceso por participar en presuntos actos de corrupción, Lozoya presentó su primera denuncia de los hechos que se le imputan. Por fin dijo nombres; algunos son obvios desde hace tiempo y otros aún tendrán más días en la secrecía.
Lo prometido era deuda: Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), interpuso su primera denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) y señaló directamente a Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray Caso de organizar los sobornos que fueron utilizados para para financiar la campaña presidencial de 2012 y la compra de votos en el Congreso para aprobar el paquete de Reformas Estructurales.
Sin embargo, no solo se limitó a eso: la denuncia de Lozoya, de acuerdo con el mensaje del Fiscal General Alejandro Gertz Manero, también abarcó los hechos de Odebrecht durante la Presidencia de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), en específico, los privilegios del contrato de Etileno XXI.
La violencia que convirtió a Danny Ortiz “El Moreno” en uno de los delincuentes más buscados del CJNG en Baja California, generó divisiones al interior de la mafia de Jalisco. Algunos operadores han decidido mudarse el Cártel Arellano Félix y, en medio de la pugna interna, células criminales se han aliado con “Los Erres”, grupo de sicarios del Cártel de Sinaloa que se dividió y está delinquiendo para el mejor postor.
Las declaraciones de los operadores y matones del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) capturados recientemente, evidencian una nueva división al interior de la mafia encabezada en la Zona Costa de Baja California por el ex policía Jesús Alfonso Trapero Ibarra “El Trapos” y/o “El Profe”. También revelaron la incorporación de una fracción de “Los Erres”, matones de Sinaloa, al grupo de sicarios de la mafia de Jalisco.
Ante la denuncia presentada por el ex director del Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, que involucra a dos ex presidentes, el titular del Poder Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, ratificó su postura de que enjuiciar a ex mandatarios debe ser resultado de una consulta popular, pero aseveró: “Es mi punto de vista, tampoco detener el proceso judicial. No puedo ser cómplice, no me corresponde. Ése es un asunto que tiene que ver con la Fiscalía (General de la República). No voy a encubrir a nadie”.
Cuestionado sobre la denuncia que involucra a los ex presidentes Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, aseveró que someter a consulta es una postura política. “Hay quienes opinan distinto, es interesante, dicen cárcel, aunque sea un año, pero cárcel. Lo que digan los jueces, pero a mí lo que más me importa es que moralicemos a México. Que se destierre la corrupción”.
Al menos 22 cuerpos fueron encontrados en fosas clandestinas ubicadas en el municipio de Tecomán.
De acuerdo con información preliminar de familiares de personas desaparecidas, quienes realizan la búsqueda acompañados de personal de la Fiscalía General del Estado, el hallazgo fue hecho desde el pasado 5 de agosto.
Una denuncia anónima alertó a las autoridades que se acudieron al lugar indicado, ubicado en una huerta de limón, para verificarlo.
De indudable importancia, la aprehensión de El Marro, el cabecilla del Cártel de Santa Rosa de Lima –que ya está en el Altiplano– desató una disputa entre el gobierno federal y el estatal por atribuirse el mérito. Pero más allá de eso, analistas de seguridad señalan que ahora falta ver qué impacto tiene ese hecho en el conflicto de cárteles (entre ellos los de Jalisco y Sinaloa) que sigue ensangrentado a Guanajuato.
La captura de José Antonio Yépez Ortiz, El Marro, y el operativo realizado para lograrla fueron presumidos ampliamente por los gobiernos federal y de Guanajuato, cada uno por su lado y arrogándose la intervención inicial que llevó a la captura del hombre al que las autoridades estatales presentan como “el principal generador de violencia” en esa entidad.
Mientras El Marro comparecía ante autoridades judiciales de Guanajuato, desde el gobierno federal los secretarios de Seguridad Ciudadana, Arturo Durazo Montaño, y de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, coincidieron en solicitar que el líder delictivo fuera entregado a la Fiscalía General de la República (FGR) para que ésta lo lleve ante la justicia federal.
De enero de 2019 a febrero de 2020, la Secretaría de la Contraloría General sancionó a mil 680 servidores públicos, de los cuales, mil 613 son de la administración de Miguel Ángel Mancera; así como 67 funcionarios de alcaldías y de otras dependencias de lo que va de la gestión de Claudia Sheinbaum; en total suman 2 mil 52 sanciones administrativas en ese lapso.
En un comunicado, la secretaría dirigida por Juan José Serrano informó que, dentro de las conductas sancionadas, destacan el uso indebido de atribuciones y recursos, conflicto de intereses, el cohecho, así como el tráfico de influencias.
Antes de septiembre habrá una nueva iniciativa sobre extinción de fideicomisos con más de los 44 que inicialmente fueron presentados, aseguró el coordinador de los diputados federales de Morena, Mario Delgado Carrillo.
De hecho, adelantó que dicha iniciativa será votada en los primeros días del mes próximo, en el tercer periodo ordinario de sesiones de la actual legislatura.
“Tenemos una iniciativa para extinguir 44 fideicomisos. La iniciativa no ha sido dictaminada ni votada, viene una nueva iniciativa con más fideicomisos, mismos que vamos a analizar, a dictaminar y a votar a principios de septiembre, porque en septiembre también arranca la discusión del paquete económico el próximo día 6”, detalló Delgado Carrillo.
El gobernador transmitió en vivo a través de sus redes sociales y de las institucionales 224 veces, y en 45 de esos videos atacó a mujeres periodistas y desprestigió la labor informativa de los medios.
En apenas nueve meses, el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, y parte de su gabinete han agredido con declaraciones de desprestigio a la prensa y atacado a la libertad de expresión 123 veces, según la investigación de Newsweek Baja California, Prensa Bajo Fuego.
El desprecio de Bonilla hacia la prensa incrementó con la llegada de la pandemia por el COVID-19. La mayoría de los casos, se registraron entre junio y julio pasado.
Aunque ya se presentó un accidente grave, la Secretaría del Trabajo no ha modificado las reglas de operación para que aprendices puedan tener cobertura médica permanente.
Pedro Lezama sufrió durante su beca en el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro un accidente que lo dejó con sólo el 15% de su intestino delgado, sin vesícula y con una lesión en la cadera. Los médicos aseguran que las secuelas serán permanentes. Con sólo 35 centímetros de intestino deberá tener una alimentación especial y siempre estará en riesgo de sufrir desnutrición y deshidratación.
Pese a eso, la Secretaría del Trabajo se niega a darle la cobertura médica de por vida, como si fuera un trabajador, y a asegurarle una pensión, aunque el muchacho ya nunca podrá tener un empleo normal.
Con el objetivo de salvaguardar los derechos de las mujeres transgénero, el Congreso del estado aprobó establecer como concepto jurídico la usurpación de identidad de género en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca.
Cabe resaltar que en la pasada contienda electoral fueron denunciados 17 casos de candidaturas de hombres que de manera “ilegal, perversa, deshonesta y fraudulenta” se registraron como transgénero para ocupar espacios destinados para las mujeres y participar en los comicios de 2018.
Una semana después de filtrarse el audio donde habló sobre las contradicciones de la Cuarta Transformación del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Víctor Manuel Toledo, reapareció para aclarar que sus dichos fueron descontextualizados como parte de una enorme campaña de difamación y desprestigio contra la 4T.
En un artículo de opinión publicado este martes 11 de agosto en La Jornada, intitulado Más allá del espionaje: la operación glifosato, el funcionario consideró que ésta se debe a que el presidente y un amplio sector de su gabinete decidieron enfrentar de lleno un asunto urgente y vital: la salud de los mexicanos y su relación con la alimentación y el ambiente.
Un apartamento en Múnich, Alemnia, y una propiedad junto al lago Starnberg fueron registradas por las autoridades alemanas.
Las autoridades alemanas arreciaron las investigaciones por blanqueo de capitales contra el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin y su esposa, Marielle Helene Eckes al ordenar el cateo de dos propiedades en la región de Baviera, al sureste del país.
“La fiscalía de Múnich I conduce una investigación sobre el señor Lozoya y también la señora Eckes por lavado de dinero. En el contexto de la investigación, el martes 21 de julio hemos revisado dos ubicaciones, una dentro y otra fuera de Múnich”, confirmó a Quinto Elemento Lab un portavoz de la oficina del fiscal de Múnich.
Esto, luego de que un juez federal libró órdenes de aprehensión contra los exfuncionarios de la entonces Policía Federal, por presuntos desvíos de recursos con el gobierno de Peña Nieto.
Fuentes judiciales confirmaron la detención de Eleuterio Pérez Romero, uno de los 19 exmandos de la Policía Federal buscados por su presunta participación en desvíos de recursos públicos.
