El 13 de agosto de 2019, en una audiencia a la que Rosario Robles acudió voluntariamente tras ser citada por un juez, la Fiscalía General de la República denunció públicamente que las dos dependencias que ella había encabezado en el sexenio pasado – Sedesol y Sedatu – habían firmado convenios fraudulentos que permitieron el desvío de más de cinco mil millones de pesos.
Los fiscales aseguraron, al enumerar las pruebas, que tenían 16 averiguaciones y carpetas de investigación en curso iniciadas por las denuncias de la Auditoría Superior de la Federación, que detallaban uno a uno los desvíos bajo el esquema conocido como “La Estafa Maestra”.