Rolando tenía 30 años, era ingeniero en sistemas computacionales y estaba sano, sin ninguna enfermedad crónica. También era el sustento de su esposa y dos hijos, quienes desde su muerte el 11 de junio por COVID buscan opciones para obtener ingresos y salir adelante.
La empresa donde trabajaba Rolando no le dio a su viuda más que un finiquito y la hizo firmar un acta donde no catalogan la muerte como riesgo de trabajo. También le jugaron mal con su inscripción al IMSS, pues no cotizaba lo correspondiente a su sueldo, sino el salario mínimo, así que la pensión que recibirá su esposa será mucho menor a la que le correspondería por el ingreso real que él tenía.