El expresidente Felipe Calderón causó revuelo en las redes al decir que si el periodista Carlos Loret de Mola salía del aire, se confirmaría el perfil autoritario del presente gobierno.
Para el expresidente Felipe Calderón, si Carlos Loret sale del aire de W Radio -en el marco de la toma de control de Radiópolis por Grupo Alemán-, se confirmará el perfil autoritario, antidemocrático, intolerante de este gobierno…
“El más represor de la libertad en décadas. Se ve que el video del hermano del presidente recibiendo en su nombre millones de pesos los tiene furiosos”, dijo a través de Twitter, lo que desató la polémica entre los usuarios, quienes le recordaron el caso de Carmen Aristegui en MVS.
Junto con Emilio Lozoya, ex funcionarios de distintos niveles, incluido Pedro Joaquín Coldwell y Enrique Ochoa Reza como miembros del Consejo de Administración de Pemex, y hasta integrantes del Sindicato Petrolero, serían corresponsables de irregularidades en la compra de la planta chatarra de Agro Nitrogenados, según se desprende del dictamen técnico que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) emitió para denunciar el caso ante la Fiscalía General de la República. A partir de información contenida en diversos documentos internos del caso, Aristegui Noticias detalla cronológicamente quiénes y cómo intervinieron en Pemex para que la petrolera comprara la planta, que le generaría millonario daño patrimonial; también las irregularidades que les imputa la ASF.
Los primeros meses de Emilio Lozoya Austin como director de Pemex, comenzó a maquinarse el que resultaría uno de los negocios más lesivos para la petrolera: la compra de Agro Nitrogenados. Hoy, este es uno de los casos que lo tienen bajo imputación judicial de la Fiscalía General de la República (FGR).
El Fiscal General del Estado de Nayarit, Petronilo Díaz Ponce Medrano, rechazó que funcionarios vinculados al ex fiscal Édgar Veytia, preso en Estados Unidos por narcotráfico, estén obstruyendo la investigación y persecución de delitos como la desaparición forzada.
La reacción del fiscal se debe a que el pasado 24 de agosto, de acuerdo con lo que dio a conocer ese día el portal de Proceso, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas (Comité CED) emitió Acciones Urgentes para que el Estado mexicano tome, de forma apremiante, todas las medidas necesarias para la búsqueda e investigación de 39 casos de desaparición forzada cometidos en el Estado de Nayarit entre abril de 2012 y mayo de 2020.
La Suprema Corte de Justicia será quien resuelva si se puede enjuiciar a los expresidentes, afirmó hoy el mandatario Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina que se celebró este miércoles en la ciudad de Torreón, Coahuila.
Durante su conferencia, López Obrador reiteró su posición sobre enjuiciar a los expresidentes: “poner un punto final y que pensaramos hacia adelante”.
“Lo planteé y voy a seguir sosteniendo esa postura y voy a votar en contra de que se enjuicie a los expresidentes pero voy a respetar lo que decida la gente”, afirmó el presidente al responder una pregunta sobre si existen ilícitos que se puedan probar y que permitan llevar a los presidentes de sexenios pasado ante la Justicia.
A causa del abandono ancestral de los pueblos indígenas, que persiste en esta administración, ni las medidas de emergencia sanitaria ni los programas sociales contra la crisis económica llegan a este sector de la población. Uno de los grupos que más resiente esta situación es el de los jornaleros agrícolas que migran temporalmente para trabajar en los campos del centro y norte del país sin ningún tipo de seguridad.
A finales de mayo el médico de una empresa agrícola de Navolato, Sinaloa, consideró que la salud del jornalero Silvestre, indígena nahua de 66 años, le permitiría realizar el largo viaje de regreso a Zoquiapa, en el municipio de Tixtla, Guerrero.
Trabajadores de la emisora reportaron que un grupo de personas bajo las órdenes de la familia Alemán se apropiaron de las instalaciones; PRISA dice que emprenderá acciones legales.
La noche de este martes se reportó la toma de instalaciones de W Radio, estación de Televisa Radio (Radiópolis), por parte de un grupo de personas que al parecer están bajo las órdenes de la familia Alemán, la cual reclama la propiedad del grupo radiofónico.
En redes sociales, diversas personas, algunas trabajadoras de la propia estación, reportaron que la toma de instalaciones se hizo de forma violenta, e incluso se habló de la destitución del director general Francisco Cabañas, movimiento que después sería desmentido por el grupo español PRISA, socio de Radiópolis desde hace 19 años.
El dirigente del partido Ángel Ávila indicó saber si existen otros miembros del gabinete del Presidente como David León que hicieron 'aportaciones' y ahora ostentan un cargo público.
La Dirección Nacional Extraordinaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentaron una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra Pío López Obrador y David Eduardo León Romero por presuntos actos de corrupción.
La querella fue presentada por los dirigentes del PRD Ángel Ávila Romero y Karen Quiroga Anguiano, informó el partido del Sol Azteca a través de sus redes sociales.
Los acusan por la comisión de delitos como recursos de procedencia ilícita, peculado y asociación delictuosa.
Durante muchos años la Secretaría de Gobernación (Segob) mantuvo dentro de su estructura una policía. Hasta 1989 lo fue la Dirección Federal de Seguridad, entidad de infame historia que sería desmantelada para dar paso al Centro de Investigación y Seguridad Nacional, Cisen, que también quedó en el organigrama de Gobernación.
En 1999, el Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León instauró la Policía Federal Preventiva, en la facultad de la Secretaría de Gobernación, sería en el mandato del primer Presidente de la República panista, Vicente Fox Quesada, cuando esta corporación dejó las filas de la Secretaría de Gobernación para formar parte de la entonces recién creada Secretaría de Seguridad Pública Federal.
Una de las preguntas más frecuentes desde hace varios años, ha sido: ¿De qué ha vivido Andrés Manuel López Obrador? Con excepción de cuando fue Jefe de Gobierno (2000-2005) donde, por ley, debía recibir un salario, el resto de los años de su lucha política: movilizaciones, protestas, manifestaciones públicas, traslados, transporte, alimentación, vida personal, pagos a colaboradores, plantones en los que participaron miles de personas, han sido oscuros en cuanto a la procedencia del dinero utilizado. ¿Quiénes y cómo han financiado a AMLO?
Echemos un vistazo, pues, a algunos ejemplos sobre cómo López Obrador habría gozado del dinero público – en algunos casos – para beneficiarse y financiar, en las últimas tres décadas, a su movimiento político:
La FGR presentó la denuncia junto con las respectivas pruebas, entre ellas 25 convenios suscritos por la Sedatu y la Sedesol con instituciones de educación superior, declaraciones de testigos colaboradores y revisiones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), para que así Robles Berlanga sea llevada a juicio.
La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó una sentencia de 21 años para Rosario Robles Berlanga, extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), por la presunta omisión de los desviós millonarios que habrían realizado funcionarios de ambas dependencias durante su administración.
De acuerdo con el diario Reforma, la Fiscalía hizo la petición formal en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, donde acusó a la exfuncionaria de dos cargos por el delito del ejercicio ilícito del servicio público.
En la revisión de la Cuenta Pública 2018, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) emitió una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria contra el gobierno de Nuevo León, por la irregular adquisición de insumos materiales para la construcción y equipamiento de la línea 3 del Metrorrey, por un monto de 192 millones de pesos, con el consecuente riesgo para la seguridad e integridad de los usuarios de ese medio de transporte.
El órgano fiscalizador informó a la Cámara de Diputados ha documentado en las cuentas públicas de 2015 a 2018, que el gobierno de Jaime Rodríguez, El bronco, no ha solventado una cifra superior a los 19 mil millones de pesos, producto del Presupuesto de Egresos de la Federación, y en ese rubro se encuentra el caso de las decenas de miles de sujetadores de las vías del tren urbano en Monterrey.
Este miércoles, en punto de mediodía (hora local), se realizará la audiencia intermedia en el proceso penal contra Juan Francisco “P”, alias El Quillo, por el asesinato del periodista sinaloense, corresponsal de esta casa editorial, Javier Valdez Cárdenas, perpetrado el 15 de mayo de 2017.
Dicha audiencia no podrá ser presencial, debido a las medidas sanitarias derivadas por la pandemia del Covid-19, por lo que se determinó que se llevara a cabo de manera remota, por videoconferencia, enlazando a los que intervendrán.
Luego de que presuntamente se rematara a un miembro del crimen organizado durante un operativo, las autoridades de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dieron a conocer que se investigan entre 22 y 24 miembros que estuvieron relacionados en la actividad.
El Secretario de la Defensa Nacional de México, Luis Cresencio Sandoval, detalló este miércoles que se está investigando a una veintena de militares que participaron en el operativo en el que presuntamente se remató a un miembro del crimen organizado que estaba herido.
La previsión anterior del Banco de México estimó que, con base en el primer trimestre de 2020, la economía mexicana caería hasta un -8.8 por ciento, en caso de darse una gráfica en forma de “V” profunda. El pronóstico del segundo trimestre del año empeoró. El banco central estima que en 2021 se dará una recuperación económica que podría ser hasta del 5.6 por ciento, en caso de que la caída del PIB se de en forma de “V”.
El Banco de México (Banxico) prevé que si la recuperación económica se da en forma de “U” profunda, el Producto Interno Bruto (PIB) caerá hasta un -12.8 por ciento al cierre de 2020; sin embargo, la recuperación en 2021 sería rápida, con un aumento del 1.3 por ciento de la economía nacional.
El Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador ha insistido en que la crisis económica, profundizada por la pandemia de la COVID-19 será en forma de “V” alargada.
Monreal subrayó que la consulta ciudadana es un proceso de legitimación para la toma de decisiones, por lo que “bastaría con que el Ministerio Público, la Fiscalía General de la República (FGR), investigue y de ser necesario, los vincule a proceso”.
La bancada del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el Senado de la República está analizando la propuesta de impulsar la consulta ciudadana para enjuiciar a los expresidentes de México.
El Senador representante del partido, Ricardo Monreal, precisó que el próximo domingo presentarán la iniciativa durante su sesión plenaria y que se legitime la decisión.
El PAN señaló que el sábado pasado la mayoría de Morena destituyó a 5 legisladores locales y amonestó a 3 más de Acción Nacional, lo que considera un "atropello".
El Partido Acción Nacional denunció que la mayoría de Morena y su aliado el PT intentan desaparecer a la oposición del Congreso de Baja California Sur, con la remoción de legisladores pese a que contaban con un amparo para que no procediera esa acción en su contra.
“El pasado sábado 22, en sesión virtual del Congreso del Estado, la mayoría conformada por Morena y PT, con 13 diputados, destituyó a 5 legisladores locales y amonestó a 3 más del Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional, Partido de la Revolución Democrática y Partido Humanista”, relató el PAN, en comunicado.
Desvíos provocaron que al final la Policía Federal no tuviera para pagar la luz, para la gasolina de sus patrullas ni el hospedaje de sus elementos. La FGR integra una segunda investigación por estos malos manejos.
Durante seis años, de forma ininterrumpida, la Policía Federal registró un desvío sistemático de recursos que no solo representó un fraude al erario, sino que terminó por quebrar a la corporación, complicando su funcionamiento operativo al no poder pagar al final ni la luz de sus edificios, ni la gasolina de sus patrullas, ni el hospedaje de sus efectivos.
Por este fraude la Fiscalía General de la República (FGR) integra una carpeta de investigación por diversos delitos de corrupción, distinta a la que ya fue procesada en contra de 19 exfuncionarios por lavado de dinero, y donde están implicados esos y otros exfuncionarios.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) rechazó las acusaciones en su contra que le hizo el diputado Porfirio Muñoz Ledo, en el sentido de que sus magistrados han recibido sobornos millonarios.
A través de su cuenta de Twitter, el TEPJF señaló que “rechaza categóricamente cualquier imputación que ponga en tela de juicio la honorabilidad y honradez de las magistradas y magistrados que integramos esta institución”.
El diputado federal Porfirio Muñoz Ledo denunció que a magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) les ofrecieron “sobornos millonarios” para votar en contra de la propuesta del presidente interino de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, de aplazar la renovación de los órganos de dirección de ese partido.
“Cañonazos amigos y alta corrupción” escribió el legislador en su cuenta de Twitter, sin dar más detalles.
El Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas (CED) emitió acciones urgentes para que el Estado mexicano tome, de forma apremiante, todas las medidas necesarias para la búsqueda e investigación de 39 casos de desaparición forzada cometidos en el estado de Nayarit, entre abril de 2012 y mayo de 2020.
También solicitó al Estado mexicano informar si se ha investigado al personal de la Fiscalía General del Estado de Nayarit y de la Policía estatal, que haya tenido posibles vínculos con el accionar delictivo del exfiscal Edgar Veytia, por 39 casos de desaparición forzada cometidos en ese estado.
Al menos tres de los civiles muertos tras un enfrentamiento entre Sedena y un grupo del crimen organizado fueron secuestrados. Un video muestra la orden de un militar ante un sobreviviente: “¡Mátalo, a la verga!”
“Yo a mi hijo no lo voy a volver a ver. Yo lo que quiero es que se pague con justicia, que esos militares lo paguen”, dice Raúl Tercero, de 43 años, padre de Damián Tercero, uno de los civiles acribillados el 3 de julio por elementos de la Secretaría de la Defensa (Sedena) cuando se encontraban en la troca de una pick-up en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
La versión de los militares es que sus unidades fueron atacadas por personas armadas y que ellos solo repelieron la agresión, matando a 12 de ellos. Sin embargo, al menos tres de los ocupantes del vehículo eran civiles con las manos atadas que habían sido secuestrados por un grupo del crimen organizado. Damián, de 18 años, era uno de ellos. Desapareció el 24 de junio junto a su hermano Alejandro, al que todavía siguen buscando.
"Hemos estado detectando muchas de estas mujeres que se han arrogado la representación de algunas otras", dijo la secretaria de Gobernación.
La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró que ella puede atender los casos de víctimas de violencia feminicida hablando con cada una de ellas, por separado, pero no está de acuerdo en que haya quienes se erigen como sus líderes o representantes.
En su conferencia de prensa mensual sobre violencia de género fue cuestionada sobre el plantón que permaneció mes y medio a las puertas de Palacio Nacional, en donde Lidia Florencio reclamaba justicia por el feminicidio de su hija Diana Velázquez, y que después de tres años sin avances, Sánchez Cordero le anunció que habían localizado al presunto culpable y ya estaba detenido, versión que la madre de la víctima cuestionó.
María de los Dolores Soto, activista de Amnistía Internacional (AI), sostuvo que tan solo en los cuatro meses de pandemia se ha reportado la desaparición de mil 342 personas en todo el país.
En tal sentido, subrayó: “La desaparición de personas no está en cuarentena”.
La activista refirió que de 1964 a la fecha se tiene un registro de 177 mil 800 desapariciones en México, mientras que la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) sólo reconoció 73 mil 249 personas desaparecidas o no localizadas en dicho periodo de tiempo, de las cuales 75% tienen entre 15 y 30 años, “lo que significa que la juventud mexicana está desapareciendo”.
El gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, está sujeto hoy a dos investigaciones legales: una en México, relacionada con el caso Lozoya; la segunda, en Estados Unidos y la lleva la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), especializada en crímenes trasnacionales.
En México, al mandatario estatal se le señala por su presunta participación en los sobornos provenientes de Odebrecht que se entregaron a integrantes de la LXII Legislatura para comprar votos a favor de la Reforma Energética. Los señalamientos en su contra están en la acusación presentada por Emilio Lozoya Austin a la Fiscalía General de la República (FGR), en la cual el exdirector de Pemex señala a un grupo de legisladores panistas de esa Legislatura –entre ellos García Cabeza de Vaca como secretario de la Comisión de Energía en el Senado– de “extorsionarlo y presionarlo”.
De marzo de 2018 a la fecha las localidades del municipio de Aldama, en la región de los Altos de Chiapas, han vivido bajo fuego, lo que ha provocado el desplazamiento de más de 2 mil personas y una hambruna que, de no atenderse, puede convertirse en crisis humanitaria. Sus habitantes afirman que la violencia proviene de Chenalhó, cuyos pobladores a su vez se dicen víctimas de los ataques. Activistas y organizaciones pro derechos humanos piden al gobierno frenar esa violencia y desarmar a los grupos paramilitares que operan de manera impune.
Desde marzo de 2018 algunas localidades de los Altos de Chiapas han vivido bajo las balas. En ese periodo, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) ha documentado más de 300 ataques a tiros que han provocado siete muertos y una veintena de heridos. Esa inestabilidad ya provocó el desplazamiento forzado de más de 2 mil personas y una hambruna generalizada en ese entorno.
La disputa entre pobladores de Chenalhó y Aldama por 60 hectáreas –pleito que data de mediados de los setenta del siglo pasado– es el origen de esta estela de violencia que el gobierno estatal no ha frenado pese a las reiteradas demandas de organismos defensores de los derechos humanos locales, nacionales e internacionales.
