El Senado recibió esta mañana, de manos del Consejero Jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer, la solicitud de consulta popular que firmó el presidente Andrés Manuel López Obrador, para enjuiciar a los ex presidentes que gobernaron al país de 1988 a 2018 por probables actos de corrupción.
El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, recibió el documento y lo entregó al presidente del Senado, Eduardo Ramírez, a fin de que el pleno lo conozca y lo remita de inmediato a la Suprema Corte de Justicia, para que dé validez constitucional o no a la pregunta que se formula para realizar la consulta.
El presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió con los familiares de los trabajadores que fallecieron en la explosión de la mina Pasta de Conchos, Coahuila, en febrero de 2006, a iniciar de inmediato el rescate de los 63 cuerpos que quedaron atrapados en ese lugar.
Integrantes del colectivo Familia Pasta de Conchos fueron recibidos por el mandatario federal en Palacio Nacional. Tras la reunión, se firmó una minuta de ocho acuerdos, entre los que destaca que los trabajos para la recuperación de los restos –que se estima tendrán un costo de 75 millones de dólares– estarán a cargo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
El día de ayer, la Unidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) bloqueó las cuentas bancarias de tres personas aparentemente vinculadas con las protestas en la presa La Boquilla, en Chihuahua.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, dijo que José Reyes Baeza habría cometido presuntos desvios vinculados con la llamada “Estafa Maestra”.
Nieto Castilló precisó que se hará la correspondiente denuncia en contra del exgobernador de Chihuahua por el presunto desvío de 129 millones de pesos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
Luego de que la declaración de Emilio Lozoya sacara a la luz el financiamiento que Nacional Financiera otorgó a un diario nacional, el Presidente Andrés Manuel López Obrador se subió al tema y dijo que en los sexenios anteriores se usó a la banca de desarrollo “de manera muy irregular”.
Son seis las entidades que conforman la banca de desarrollo mexicana y la mayoría de ellas acumula en el registro de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) diversas anomalías en su funcionamiento, incluso en casos sensibles, por ejemplo, en el caso del dinero para las víctimas de los sismos de 2017.
La semana pasada, el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se auditará a esos organismos por su participación en presuntos casos de corrupción. El tema salió por el financiamiento que recibió un diario nacional en 2014.
El expresidente Felipe Calderón consideró que la solicitud para la “consulta de juicio a expresidentes es violatoria de garantías elementales: Presunción de Inocencia, Debido Proceso Legal, Justicia por Tribunal Independiente, Investigación exclusiva del Ministerio Público, Protección de Vida, Honra y Dignidad”.
Felipe Calderón Hinojosa aseguró la mañana de este martes que la petición de la consulta para enjuiciar a los expresidentes de México, anunciada hoy por Andrés Manuel López Obrador, “es violatoria de garantías elementales”, por ello, pidió que si tiene pruebas fundadas contra él, que las presente ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Después de 14 años del accidente al interior de la mina en Nueva Rosita, Coahuila, el gobierno federal se compromete a buscar los restos, hacer un mausoleo e indemnizar a los allegados.
“Esto es un alivio, vivimos un tormento esperando 14 años”. Martha Perla Iglesias López tenía 32 años aquel 2 de febrero en el que le llamaron para avisarle que su padre, Guillermo Iglesias, estaba al interior de la mina de Pasta de Conchos cuando esta colapsó. Fue un shock para ella, para sus cuatro hermanos y para toda Nueva Rosita, Coahuila, una tierra minera en la que la mayor parte de la población vive de la extracción. El pozo, propiedad de Grupo México, se vino abajo y 65 personas fueron sepultadas. Solo dos de los cuerpos pudieron ser recuperados. Ahora, Iglesias tiene 46 y acaba de escuchar por primera vez el compromiso de que iniciarán las labores de rescate.
En el primer semestre, Colima, Baja California, Guanajuato, Michoacán y Zacatecas acumularon más de 3 mil 900 homicidios, pero apenas 313 casos procesados y 282 probables responsables en prisión.
Mientras la violencia crece en México las investigaciones se acumulan, sin esclarecerse. En lo que va de 2020 las autoridades de cinco entidades, que figuran entre las mas violentas del país, solo han conseguido resolver un caso de homicidio doloso por cada 12 nuevos que se cometen, en promedio.
Estas investigaciones esclarecidas son aquellas donde la Fiscalía logró identificar al probable responsable y lo acusa ante un juez, aunque el caso tampoco está concluido. Para ello aun falta todo un proceso y juicio.
“¿Está de acuerdo o no, con que las autoridades competentes investiguen y en su caso sancionen la comisión de delitos de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderon y Enrique Peña Nieto, antes durante y después de sus gestiones?”, esta es la pregunta que propone el mandatario para la consulta ciudadana.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció esta mañana que enviará un texto al Senado de la República para solicitar la consulta pública sobre el enjuiciamiento de los expresidentes de México.
Sospechosos de pertenecer al crimen organizado, lavar dinero o recibir beneficios económicos del CJNG, han podido desbloquear cuentas bancarias congeladas por la UIF. Un juez federal otorgó suspensión del acto reclamado a dos de las cuñadas de “El Mencho” para que puedan utilizar sus recursos económicos. Las intervenciones bancarias continúan contra ex policías, empresas tequileras y familias completas, sobre todo en el Estado de Jalisco, cuna del perseguido cártel. La efectividad del bloqueo depende de que la petición de la medida cautelar sea a petición de un gobierno extranjero.
Lo que se anunció como un gran golpe a las finanzas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), sus miembros, familias, testaferros, empresas fachada y beneficiarios, se va diluyendo ante las restricciones del marco legal mexicano, por lo que los resultados del llamado operativo “Agave Azul” de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), son cuestionables hasta el momento.
Ante la política que rechaza una guerra frontal contra la delincuencia organizada, el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, hizo del congelamiento de cuentas bancarias de presuntos criminales su principal estrategia, sin tomar en cuenta los “candados” que las leyes establecen al respecto.
Expertos nacionales e internacionales determinaron "por unanimidad" que era técnicamente viable el rescate, asegura la funcionaria.
El rescate de 63 cuerpos sepultados en la mina Pasta de Conchos, en Coahuila, tardaría 4 años, reveló la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde.
Parte del acuerdo es que al concluir el rescate la CFE extraerá carbón de la mina "para su autoabastecimiento".
La secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, informó este lunes que el gobierno llegó a un acuerdo con los familiares de los 65 trabajadores atrapados desde 2006 en la mina de Pasta de Conchos, Coahuila, y sí se hará el rescate de cuerpos.
“Las partes acuerdan iniciar de inmediato con el proceso de rescate a través de la Comisión Federal de Electricidad (en adelante, CFE). Las familias presentes otorgan el consentimiento para que la CFE, una vez concluido el rescate, extraiga el carbón para su autoabastecimiento”, se lee en la minuta del acuerdo entre el presidente Andrés Manuel López Obradors y los familliares de los mineros fallecidos.
La Fiscalía Indígena y el Ministerio Público en la cabecera del municipio de Aldama, Chiapas, se negaron a atestiguar los ataques armados por los grupos paramilitares contra la población tsotsil y «no quisieron bajar a las comunidades ni saber el motivo» de las agresiones, denunció el pueblo de Aldama.
Los tsotsiles de Aldama denunciaron que la violencia paramilitar, encabezada por los grupos armados de Santa Martha, Chenalhó, escaló el pasado 13 de septiembre en toda la franja del río que divide estos dos pueblos vecinos.
En la ciudad de Ensenada también se construirán instalaciones, a un costado del Centro de Gobierno
Inició la construcción de las instalaciones destinadas a la Guardia Nacional en la delegación municipal Vicente Guerrero, al sur de la ciudad de Ensenada, dio a conocer el Ejército en un comunicado.
El edificio con capacidad para 120 elementos tendrá una inversión de 26 millones 403 mil 746 pesos y estará concluido el 31 de diciembre del presente año.
Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado de la República, afirmó ayer lunes 14 de septiembre, que recibió de la Fiscalía General de la República (FGR), una comunicación del no ejercicio de la acción penal en su contra, derivada de la investigación sobre su situación patrimonial que también indaga la Secretaría de Función Pública (SFP) del Gobierno Federal.
Entrevistado por diversos representantes de medios en la sede del Senado, el ex titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), aseveró que está a la espera de que la SFP resuelva en un plazo no mayor a un mes y medio, sus propias indagatorias al respecto.
Esta cantidad de dinero correspondería a lo obtenido por la venta de 'cachitos' para la rifa más la venta de la aeronave.
El avión presidencial nos va a dejar en total más de 4 mil millones de pesos, entre los 2 mil millones de pesos obtenidos por la venta de los ‘cachitos’ para la rifa y los más de 2 mil millones de pesos por su venta, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Durante la conferencia matutina, señaló que todo el dinero obtenido se destinará a la compra de insumos médicos y de esta forma equipar hospitales públicos.
Algunos de ellos llegaron a los cargos sin tener experiencia previa para ejercerlos. Con su ascenso, duplicaron e incluso triplicaron el sueldo que percibían en la Ayudantía.
Primero acompañaron al presidente Andrés Manuel López Obrador a sus giras por los estados. Lo seguían como una sombra, siempre tras él. Recogían cartas, documentos, peticiones y regalos que llevaba la gente para el mandatario. Y también lo cuidaban: cuando era necesario, a empellones le abrían espacio para que pudiera pasar entre el gentío que siempre se arremolina a su alrededor. Eran de la llamada Ayudantía presidencial.
Hoy, tras servir varios meses a López Obrador, 10 de quienes fueran integrantes de ese cuerpo de guardias civiles ocupan puestos directivos en diversas instituciones públicas, algunos de ellos sin tener experiencia previa para ejercer los nuevos cargos que ostentan. Con su ascenso, duplicaron, e incluso triplicaron, el sueldo que percibían en la Ayudantía, que era de 46 mil 337 pesos brutos al mes.
El gran problema para muchas familias es que con la pandemia y la educación a distancia tener energía eléctrica y una televisión se vuelve tan indispensable como una olla de frijoles para comer.
Patricia Gómez, de 43 años, dice que durante los últimos 15 años ha vivido sin luz y sin energía eléctrica, y acostumbrada a guiarse por la frágil luz de las velas en las noches cerradas.
En su casa, donde junto a su esposo Crescencio Cruz ha criado a tres hijos y a un nieto, no hay televisión, ni refrigerador, ni microondas, ni mucho menos computadoras, tablets, o señal de Wi-fi. Y aunque en las paredes de cemento desnudo de la vivienda hay varios conectores, en la práctica es como si no existieran.
El empresario Alonso Ancira Elizondo demandó al presidente Andrés Manuel López Obrador. La razón: difamación y violación de diversos artículos constitucionales a partir de las expresiones del mandatario en sus conferencias de prensa matutina.
Alonso Ancira, presidente de Altos Hornos de México (AHMSA), fue detenido el año pasado en España, acusado por corrupción en la venta a sobre precio de la planta de fertilizantes, Agronitrogenados, a Pemex en 2013, así como el pago de un soborno a Emilio Lozoya a través de una filial de Odebrecht.
Sin embargo, logró enfrentar un juicio de extradición en libertad y hasta ahora ya consiguió un amparo que, en su demanda pretendía lo exculpara de fondo, pero un juez federal planteó que, aun habiendo existido delito, este ya prescribió por lo que no era materia de proceso.
El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció tener listo un escrito para solicitar la consulta sobre el juicio a expresidentes y sostuvo que lo presentaría mañana en caso de que los ciudadanos no reúnan las firmas necesarias.
El mandatario recordó en su conferencia de prensa matutina que mañana vence el plazo para realizar el trámite por lo que el día de hoy revisará el asunto.
La toma de la presa La Boquilla, como parte del conflicto por el agua que se vive en Chihuahua, se va a judicializar: hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que presentarán las denuncias correspondientes por daños en las instalaciones de la hidroeléctrica.
El sábado, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), informó una cuantificación de daños preliminar, sobre el caso de La Boquilla, presa donde se ubican también instalaciones hidroeléctricas que fueron tomadas la semana pasada por agricultores inconformes con el trasvase de agua para el cumplimiento de un tratado internacional con Estados Unidos, un asunto que, para el presidente López Obrador, es político y se relaciona con las elecciones y el caciquismo de la región de Delicias, en Chihuahua.
El Congreso Nacional Indígena – Concejo Indígena de Gobierno (CNI-CIG) hizo un llamado a los pueblos de México a «alzar la voz para parar la tragedia que se avecina» en Chiapas, luego del ataque armado en el ejido de Tila, el pasado 11 de septiembre, a manos del grupo paramilitar Paz y Justicia, «junto con personas allegadas al Ayuntamiento municipal».
El CNI-CIG denunció «la cínica complicidad del gobierno del estado y el gobierno federal», así como reprochó la intención de las autoridades de acabar, mediante el despojo territorial «y con el apoyo de los tres niveles del mal gobierno», con la autonomía «que tanto ha costado al pueblo chol de Tila».
Las redes de resistencia y rebeldía, colectivos, organizaciones e individuos adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona invitaron a participar en la Segunda Acción Global contra la Guerra al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), los Pueblos y la Vida: «Samir Vive», ante la escalada de violencia contra las comunidades autónomas.
La Acción Global es una respuesta de las organizaciones al incremento de «violencia, represión y ataques paramilitares de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo, ORCAO, en contra de las bases de apoyo del EZLN en el Municipio Autónomo ‘Lucio Cabañas’ en Ocosingo».
A pesar de que el año anterior fue considerado como el más violento para el periodista, con un total de 609 agresiones, los reportes de Artículo 19 reflejan que “hoy se agrede a la prensa cada 10.75 horas”. Es decir, la cifra que se ha alcanzado este 2020 representa un 66 por ciento de la marca total del año pasado.
Las agresiones hacia periodistas y medios de comunicación en México se incrementaron en un 45 por ciento de enero a junio del 2020, según reportó Artículo 19.
A través de un comunicado, la organización detalló que durante el primer semestre de este año se registraron 406 ataques contra la prensa mexicana, lo que representa un alza del 45 por ciento en comparación con el mismo periodo del 2019, en el que se reportaron 280.
Los gastos en el Senado en la República y en la Cámara de Diputados no se acoplaron a las medidas de austeridad de la “Cuarta Transformación”. Los gastos en subsidios, alimentos, herramientas, prestaciones, mobiliario y otros artículos, aún superan los miles de millones de pesos.
Del presupuesto asignado para la operatividad de los congresistas mexicanos, a pesar de las leyes de austeridad que ellos mismos aprobaron, la mayor parte es para pagar los servicios personales que mantienen partidas para “remuneraciones adicionales”, “otras prestaciones sociales” y “pago de estímulos a servidores”.
De acuerdo con los números de la Cuenta Pública de 2019, en ese rubro la Cámara de Diputados gastó 4 mil 403 millones 349 mil 876 pesos y la Cámara de Senadores, 2 mil 259 millones 192 mil 599 pesos. En ambos casos, comparando las cifras con 2017 y 2018, se nota que el monto asignado a eso es constante.
En el reporte de salud de los pacientes tratados por la COVID-19 a través del sistema de Petróleos Mexicanos (Pemex), se indicó que se han registrado 8 mil 345 casos positivos y mil 344 muertes a causa del virus SARS-CoV-2.
Petróleos Mexicanos (Pemex) informó en el reporte del estado de salud de los pacientes infectados por la COVID-19, que se han registrado 22 mil 139 sospechas de contagios.
A través de un comunicado, las autoridades de Pemex dieron a conocer que estas sospechas se han manifestado en forma de síntomas respiratorios asociados al coronavirus.
