Un juez determinó que la exdirectora es responsable del homicidio culposo de 26 personas (19 menores de edad y siete adultos) en el derrumbe de la escuela en el sismo del 19 de septiembre de 2017.
Mónica García Villegas, exdirectora del Colegio Rébsamen, fue declarada culpable por el delito de homicidio culposo en contra de 26 personas (19 menores de edad y siete adultos) que murieron en el derrumbe de la escuela en el sismo del 19 de septiembre de 2017, informó el Poder Judicial de la capital.
Después de más de 10 horas de audiencia, el juez determinó la culpabilidad de la mujer pues ella conocía el riesgo de la construcción irregular de un piso más en el colegio, misma que no respetaba el Reglamento de Construcciones y la Ley de Desarrollo Urbano, ambas para el entonces Distrito Federal.
Las colectivas como Bloque Negro mantendrán la toma de instalaciones para ofrecer un refugio solo para mujeres y enfocarse en la violencia de género.
Las colectivas feministas que tomaron la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) seguirán con el proyecto de que sea una casa de refugio para víctimas, en especial de violencia de género, mientras que Yesenia Zamudio, fundadora de Ni Una Menos, se retiró, y con ella varias familias de desaparecidos de Guerrero.
Las diferencias de organización y métodos desde hace unos días provocaron la ruptura que finalmente se concretó este jueves, aunque cada grupo seguirá sus luchas.
Después de dos semanas de permanecer en las instalaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), las integrantes del Frente Nacional Ni Una Menos, encabezadas por Yesenia Zamudio, abandonaron las oficinas en las que suele despachar la presidenta del organismo, Rosario Piedra Ibarra.
El retiro de los familiares de las víctimas de violencia feminicida y de desaparición ocurrió después de que el jueves 17 Yesenia se entrevistó con funcionarias del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, encabezadas por la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) instruyó al secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, a reparar el daño a familiares de nueve personas víctimas del “uso excesivo de la fuerza que derivó en la violación al derecho a la vida, cometido por elementos militares”, hechos ocurridos en septiembre de 2016.
De acuerdo a la recomendación 37/2020, el organismo retomó las denuncias de los familiares de ocho víctimas, quienes señalaron que el 3 de septiembre de 2016, efectivos de la Sedena que se desplazaban en tres vehículos sostuvieron un enfrentamiento con nueve personas que viajaban en una camioneta en el kilómetro 13 de la carretera Nuevo Laredo-Monterrey, civiles que perdieron la vida.
A pesar de que en el día a día los homicidios violentos y los feminicidios no ceden, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño, presentó hoy cifras alegres que, a su juicio, permiten retomar la certeza en la validez y eficacia de la estrategia de seguridad implementada desde el 1 de diciembre de 2018.
En su participación en la conferencia mañanera, el funcionario hizo un balance mensual de la seguridad en el país y presumió que la incidencia delictiva del fuero federal registró una disminución del 26% respecto a 2019.
Por ejemplo, destacó que el homicidio doloso registró una ligera baja de 0.46% respecto a julio.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) firmaron este jueves el acta de entrega de documentación y estudios técnicos sobre la tragedia de Pasta de Conchos, en Coahuila.
Con ello, se entregó a la empresa del Estado el estudio de ingeniería conceptual elaborado por el Servicio Geológico Mexicano, en el que se establece que sí es posible acceder a la mina para el rescate de los 63 cuerpos de los trabajadores que quedaron atrapados en 2006, y para ello las rampas son “la mejor alternativa para ingresar al punto donde se localizan la mayoría de cuerpos y que el tiempo estimado de la obra es de 4 años como mínimo”, indicaron ambas dependencias en un comunicado conjunto.
Las mujeres que integran el Frente Nacional Ni Una Menos y que mantienen tomada la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) denunciaron que “ha habido persecución y amenazas” por su trabajo en la ahora “Okupa Casa Refugio Ni Una Menos”, por lo que demandaron seguridad a las autoridades.
De igual forma, exigieron la renuncia de la titular del organismo, Rosario Piedra Ibarra, por “criminalizar” la lucha y no atender las demandas de las víctimas.
Alrededor del Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, hay demasiado ruido. En Estados Unidos y en México se construyen, con datos y evidencias, dos voluminosos expedientes sobre las aportaciones de dinero que –se asegura– hizo el cártel de Los Zetas para financiar su campaña y la de su hermano Ismael García.
Los pormenores del caso nos rememora las acciones criminales de dos exgobernadores tamaulipecos: Tomás Yarrington –actualmente preso en Estados Unidos tras su extradición de Italia– y Eugenio Hernández Flores, quien está preso en Tamaulipas por un fraude derivado de la compra de un terreno pero que, además, tiene un expediente abierto en Estados Unidos por lavado de dinero al no poder acreditar el origen de 30 millones de dólares.
Alrededor de las 03:00 de la madrugada, los individuos accedieron al recinto educativo desde una de las entradas ubicadas sobre avenida Copilco y comenzaron a juntar mesas y sillas para prenderles fuego.
Un grupo de personas lograron ingresar a las instalaciones de Ciudad Universitaria, en la Ciudad de México, incendiaron mobiliario y realizan disturbios.
Desde Huexca, Morelos, la integrante de la resistencia Teresa Castellanos acusó que en vez de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador les dé noticias sobre los asesinos del opositor al Proyecto Integral Morelos, Samir Flores, nos sale con que “echará a andar la termoeléctrica”, a pesar de que hay amparos y suspensiones sin resolverse.
El martes por la madrugada pobladores de Cuautla, Morelos, vieron cómo se trasladaba maquinaria para terminar el acueducto del Proyecto Integral Morelos. Adentro de la planta tratadora, notaron tubería. Un día antes, en el campamento en Apatlaco, Puebla, instalado contra la termoeléctrica hace cuatro años, una camioneta de la Comisión Nacional de Agua (Conagua) hizo rondines y la semana pasada se escucharon balazos.
Fernando RM, acusado de matar a Gerardo Sosa Cravioto, lleva en prisión desde el 23 de febrero. Su familia asegura que la acusación es un montaje.
Gerardo Sosa Cravioto, de 33 años e hijo del presidente del Patronato de la Universidad Autónoma de Hidalgo, Gerardo Sosa Castelán, fue asesinado el 23 febrero de 2019 de en el rancho Yemila de Acaxochitlán, Hidalgo. Recibió tres impactos de bala y murió ahí mismo, en su vehículo, mientras transitaba por un camino de terracería. Un año después fue detenido Fernando RM, de 37 años y antiguo trabajador de la finca. Desde su arresto y encarcelamiento tanto el acusado como sus familiares aseguran que es inocente y que se trata de un montaje. El próximo 8 de octubre está previsto que se celebre la audiencia intermedia.
El grupo recibido en la Segob fue el del Frente Ni Una Menos, de Yesenia Zamudio, mientras que las integrantes de Bloque Negro no pudieron entrar al recinto.
Las mujeres familiares de víctimas que acudieron a la reunión en Segob le pidieron a Rosario Piedra Ibarra que renuncie a la presidencia de la CNDH y una disculpa pública por el trato que les ha dado, ante lo cual ella guardó silencio y casi no habló en la reunión, según contaron varias de las asistentes al salir.
En total fueron casi tres horas las que las mujeres pasaron dentro de la dependencia federal, primero en diálogo una comisión de 13, y luego la secretaria escuchó durante unos minutos uno por uno alrededor de 60 casos que le presentaron, entre víctimas de desaparición forzada, feminicidios, trata de personas, y violencia sexual, provenientes de Guerrero, Veracruz, Michoacán, Baja California, Jalisco y el Valle de México, principalmente.
Por su parte, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, refirió que la confrontación entre ambas comunidades ha dejado hasta la fecha 25 personas muertas y un importante número de heridos.
Pastores de la Iglesia evangélica, sacerdotes católicos, defensores de derechos humanos, organizaciones no gubernamentales y autoridades deben ayudar a conseguir la paz en el conflicto agrario que existe desde hace cuatro décadas entre las comunidades de Aldama y Chenalhó, en Chiapas, exhortó el presidente Andrés Manuel López Obrador.
“En estos asuntos, es pertinente hacer un llamado a todos los que intervienen en este conflicto, que se unan, que se vean como hermanos, que no haya motivo para la confrontación y para el odio”, expresó en la conferencia matutina.
Al mostrar el índice de letalidad desde el sexenio de 2006, el presidente afirmó que en ese entonces hubo más muertos que heridos y detenidos; en cambio, aseveró, ahora se respetan los derechos humanos.
En el sexenio de Felipe Calderón hubo más muertos que heridos y detenidos, ahora se cuida que no haya abuso de fuerza y que se respeten los derechos humanos, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.
“¿Qué pasaba aquí? Los remataban, no es lo mismo”, expresó en conferencia matutina al volver a enlistar las causas para enjuiciar a cada exmandatario federal del periodo 1988 a 2018.
La Segob destacó que “aceptar la competencia permitirá a familiares de personas víctimas de desaparición forzada acceder a vías adicionales de la justicia internacional para que sus casos puedan ser analizados".
El gobierno de México reconoció la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU para recibir y examinar casos individuales en el país.
El decreto publicado este viernes en el Diario Oficial de la Federación se desprende de la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador para reconocerlo, lo cual fue avalado por el Senado.
“No es cierto” que el municipio de Aldama “esté atacando” a las comunidades tsotsiles, como reportó la seguridad pública, denunció la Comisión de desplazados del municipio en Chiapas.
Los tsotsiles acusaron que continúan los ataques armados por parte de un grupo paramilitar de Santa Martha, del municipio vecino de Chenalhó, y que la tarde del 16 de septiembre los disparos “de altos calibres” se recrudecieron.
Agregaron que la violencia paramilitar se ha vuelto sistemática, pero que la policía y el Ministerio Público se niegan a reconocerlo y a intervenir en el conflicto.
Integrantes del Observatorio Ambiental de Morelos lanzaron una petición para exigir un alto a las agresiones contra los campesinos de Apatlaco, Morelos, y denunciar «la invasión con maquinaria pesada» al campamento que mantienen para evitar que se concluyan las obras del acueducto del Proyecto Integral Morelos (PIM).
De la misma forma, exigieron una evaluación, por parte de un comité internacional, sobre los riesgos y perjuicios asociados al transporte y comercialización de metano (gas natural) y su uso para la producción de electricidad, «como se pretende hacer con los proyectos industriales asociados al Proyecto Integral Morelos (PIM)».
El gobierno de México presumió en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que en el país toda persona tiene acceso al agua de forma suficiente y reviró al Relator Especial de la ONU sobre acceso al agua potable y saneamiento diciendo que sus recomendaciones “no son jurídicamente vinculantes”.
El Relator Especial Léo Heller presentó al Consejo de Derechos Humanos su informe de seguimiento a la visita que hizo al país en 2017 en el que lamenta pobres avances y falta de información requerida al gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Al responder a su informe la misión de México presumió avances, descartando las observaciones hechas por el experto.
El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió hoy a los 650 firmantes del desplegado difundido ayer, los llamó “corporativo conservador” y afirmó que ahora ellos se sienten ofendidos cuando deberían “ofrecer disculpas” por quedarse callados cuando el país fue “saqueado”.
“Todo este grupo siempre apoyó la política neoliberal y ahora se sienten ofendidos cuando deberían ofrecer disculpas porque se quedaron callados cuando se saqueó al país, y luego es demostrable que ellos eran bien atendidos por el gobierno”, recordó.
En un nuevo desplegado ahora firmado por 672 personas de diversos sectores y especialidades, entre ellos académicos, escritores, cineastas, poetas, exfuncionarios y periodistas, dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador, demandaron detener las manifestaciones diarias que emite y atentan contra la libertad de expresión.
Titulado “En defensa de la libertad de expresión” los firmantes advierten que el titular del Ejecutivo utiliza un discurso permanente de estigmatización y difamación en contra de quienes lo critican.
Integrantes de unas 15 familias que han sido víctimas violencia o de desaparición se han turnado durante la pandemia de COVID-19 para mantener ocupada la planta baja del edificio.
Ellos no han acaparado la atención de los medios ni de las autoridades, pero también tienen tomado un edificio —o una parte del edificio— de una institución federal que debería estar de su lado. Son víctimas de la delincuencia organizada y familiares de personas desaparecidas, que este jueves cumplen siete meses ocupando el lobby de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
Son alrededor de 80 personas de 15 núcleos familiares que se han turnado durante la pandemia de COVID-19 para mantener ocupada la planta baja del edificio, en Eje 6 Sur, dejando que los funcionarios suban por el estacionamiento a trabajar con normalidad, y sin rayar ni romper nada en las instalaciones, porque presumen que su manifestación es totalmente pacífica.
El programa Escuelas de Tiempo Completo se dedicaba exclusivamente a dar alimentos y actividades extracurriculares para alumnos de primarias y secundarias.
La Secretaría de Educación Pública (SEP) prevé dejar sin recursos el programa Escuelas de Tiempo Completo mediante el cual un millón de estudiantes recibían alimentos en sus planteles y 534 mil tenían actividades educativas o deportivas en horario extendido, y en cambio propone un aumento de 63% al presupuesto del programa La Escuela es Nuestra.
El objetivo de La Escuela es Nuestra durante el primer año de operación en 2019 fue entregar recursos a padres de familia para que se hicieran cargo de mejorar la infraestructura educativa pero, a partir de 2020, también incluyó la contratación de “asesorías y tutorías”, según los lineamientos publicados en octubre pasado.
“Ahora sí” hay un compromiso de compra del Boeing 787-8, el avión llamado el sexenio pasado “José María Morelos y Pavón”, conocido como “avión presidencial”.
Según el presidente Andrés Manuel López Obrador, la propuesta partirá de un nuevo avalúo y no la expresó antes porque “iba a haber confusión”, pero afirmó “es muy probable que se venda”.
Hoy, en su conferencia de prensa matutina, el mandatario refirió la eventual transacción para declarar que con la venta de la aeronave obtendrá recursos adicionales a los obtenidos del sorteo alusivo celebrado la tarde del pasado 15 de septiembre, que calificó como “un éxito” y sobre el que Ernesto Prieto, el director de la Lotería Nacional, detalló las cifras finales ahí mismo, en el “Salón Tesorería” de Palacio Nacional.
Blanca Gámez, presidenta del Congreso, detalló que lamenta que el actuar del Gobierno federal afecte a los productores del estado y reprobó los actos de violencia de parte de las fuerzas federales.
El Congreso del Estado de Chihuahua sesionó en las instalaciones de la presa La Boquilla para apoyar a agricultores que rechazan que la Guardia Nacional vigile la presa.
El reclamo del estado de Texas por el adeudo mexicano de agua, la investigación sobre la muerte de una persona en Chihuahua tras la toma de instalaciones de la presa La Boquilla y la reiteración en señalar a políticos inmersos en la resistencia al trasvase, fueron este jueves objeto de atención presidencial.
De entrada, la petición del gobernador de Texas, Greg Abbot, al secretario de Estado estadunidense, Mike Pompeo, para exigir el pago de agua de México como parte del tratado internacional en la materia, era previsible para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador quien esta mañana insistió en que registra entre 80 y 85% de cumplimiento y en señalar que el problema radica en el conflicto de agricultores que impiden los trasvases en Chihuahua.
