En Sinaloa y otros 15 estados del país, las autoridades han delegado en funerarias privadas el trabajo de los servicios médicos forenses. La subrogación de esa labor ha puesto en riesgo la identificación de cadáveres sin nombre, como el del joven Belisario.
Belisario Quintero Medina se mudó a Los Mochis dando su palabra de que regresaría a Témoris, Chihuahua, su pueblo, convertido en ingeniero civil. El joven volvió, pero dentro de un ataúd de madera pintado de color blanco. En Sinaloa lo asesinaron y sepultaron en una fosa clandestina. Aunque su cuerpo fue exhumado e identificado por sus familiares dos meses después del homicidio, la burocracia se empeñó en que siguiera desaparecido.
Tuvieron que pasar 18 meses, tres pruebas de ADN, dos exhumaciones y la intervención de un desenterrador, para que su cuerpo fuera, finalmente, entregado a sus familiares.