En 2019 las fiscalías del país reportaron la resolución de más de un millón de carpetas de investigación abiertas por denuncias de víctimas de algún delito, desde robos o extorsiones, hasta homicidios. Pero, en promedio, solo 1 de cada 10 de esos casos fue enviado ante un juez para proceder contra el probable responsable.
A las denuncias restantes, los agentes del Ministerio Público les dieron carpetazo sin esclarecer lo sucedido, la mayor parte de ellas enviándolas a un archivo “temporal” hasta que pase algo que permita retomarlas. En otros casos se concluyó que no había indicios para proceder en contra de alguien, o se decidió simplemente no continuar con las indagatorias.