La SCT y el Gobierno del Estado de México firmaron un convenio que tomó por sorpresa a muchos, incluido a legisladores mexiquenses, pues reconoce la validez y legalidad de los actos relacionados con la polémica concesión del Viaducto Bicentenario, otorgada a la empresa Aleatica. El abogado Paulo Díez lo calificó como un presunto acto de corrupción, mientras que desde el Congreso mexiquense pedirán un informe puntual y claro a la dependencia federal.
El convenio de colaboración entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el Gobierno del Estado de México, en el que se reconoce la validez y legalidad de los actos relacionados con la polémica concesión del Viaducto Bicentenario, es un “acto de corrupción para tratar de beneficiar indebidamente a Aleatica y a su accionista de control IFM Investors”, acusó el abogado Paulo Díez Gargari, quien presentó el lunes una denuncia penal en contra de Jorge Arganis Díaz Leal, titular de la dependencia federal.
Este acuerdo entre ambas partes –publicado el pasado viernes en la Gaceta del Gobierno del Estado de México– tomó por sorpresa a los legisladores del Congreso mexiquense, quienes pedirán a la SCT federal información sobre el tema, pues señalaron que las concesiones otorgadas a Aleatica cuando Enrique Peña Nieto era Gobernador fueron “en contra del interés público” de la entidad.