A un año de la detención «violenta y arbitraria» del defensor y vocero del Comité de Defensa de los Pueblos Indígenas (CODEDI), Fredy García, en su proceso continúan las irregularidades por las que se encuentra «prácticamente obligado a purgar una pena anticipada por un delito que no cometió y del cual no se ha dictado una sentencia», denunció la Coordinación para la Libertad de Personas Defensoras Criminalizadas en Oaxaca.
La Coordinación explicó que constitucionalmente los plazos para ser juzgado no deben prolongarse más allá de un año, pero en el caso de García apenas el 20 de octubre pasado se declaró cerrado el plazo de la investigación, «sin que se haya señalado fecha para llevar a cabo la audiencia intermedia, pues escudándose en la pandemia se le ha mantenido en prisión a lo largo de un año».