Al menos 18 Delegados de Programas para el Desarrollo, mejor conocidos como “superdelegados”, han sido denunciados por presuntos actos de nepotismo, abuso de autoridad, mal ejercicio de recursos públicos y hasta abuso sexual, delitos que son investigados por la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Tres de los funcionarios investigados dejaron su cargo en busca de la candidatura de Morena al gobierno de sus estados. Se trata de Juan Carlos Loera de la Rosa, delegado en Chihuahua; Índira Vizcaíno Silva, de Colima, y Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, de Guerrero, quien es hermano de la titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros.

Mónica ya había notado comportamientos raros en sus hijas de 5 y 4 años. Hace exactamente un año se separó del que era su marido, que la forzó a firmar un acuerdo de custodia compartida tras llevarse a las niñas, por lo que incluso fue declarado culpable ante la justicia del delito de sustracción de menores. Hasta que en abril pasado, ya en plena cuarentena por COVID-19 en la que pasaban días enteros con su papá en casa de los abuelos, la terapeuta que las veía tras el divorcio le dijo que tenían síntomas de ser víctimas de violencia sexual infantil.

Ella acudió a denunciar presunto abuso sexual “contra quien resulte responsable”, todavía incrédula de que pudiera estar ocurriendo dentro de la propia familia. Aunque estadísticas oficiales apuntan a que así ocurre en el 60% de casos.

Elaborado por el investigador Juan Pablo Aguirre Quezada, el informe indicó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tiene registros de 2 millones 12 mil 573 armas que ingresaron al país de manera ilegal en la última década, y de ellas todavía un gran porcentaje no se ha recuperado. De esta cifra, alrededor de 1.7 millones aún están en posesión de particulares, lo que supone un grave peligro para la sociedad, apunta el estudio.

Desconsolado e incrédulo ante el desmoronamiento por actos de corrupción del que fuera su gabinete, el expresidente Peña trata de alejarse lo más posible de esta tragedia que lo persigue a donde quiera que va. Con residencia en España, en donde vive angustiado, solo y enfermo, el exmandatario espera el resultado de la encuesta en donde los mexicanos podrán votar para exigir que los últimos cinco expresidentes sean juzgados por actos de corrupción.

Con expedientes abiertos por delitos graves (corrupción, abuso de poder, tráfico de influencias, sobornos, fraudes, desvíos de recursos públicos y hasta vínculos con el crimen organizado) en todas las secretarías de Estado, empresas paraestales y órganos descentralizados, sólo es cuestión de tiempo para conocer al próximo exfuncionario que podría vivir en prisión.

El gobierno federal no puede, ni debe, enfrentar unilateralmente los problemas que atentan contra la seguridad pública. Al hacerlo, neutraliza o elimina la responsabilidad estatal y municipal, en jaque por las organizaciones criminales, aseguran expertos y académicos, quienes plantean urgente una reforma policial.

Consideran que los altos niveles de corrupción afectaron al sector político del país, desmoronaron el endeble andamiaje de seguridad pública a nivel estatal y municipal, y generaron estrategias de seguridad centralizadas que, al omitir lo local, fracasaron casi en su totalidad.

Los vendedores denunciaron que los oficiales e inspectores comenzaron a levantar y decomisar sus artículos y utilizaron gases lacrimógenos contra quienes se resistieron, así como golpearon a tres personas.

El gobierno de la Ciudad de México informó que desplegó 800 mujeres policías del Grupo Atenea y 200 policías hombres de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para el operativo frente a la protesta de 30 mujeres que exigieron un alto al acoso y la violencia machista en el Instituto Politécnico Nacional (IPN), este 8 de noviembre.

La movilización estaba programada del Metro Politécnico hasta la dirección general del IPN en Zacatengo, sin embargo, integrantes de la colectiva Politécnicas al Grito de Guerra denunciaron con videos que los policías les impidieron el paso y las mantuvieron “encapsuladas” en la zona cercana a la Escuela Superior de Cómputo.

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) precisó hoy que Claudio X. González Guajardo ya no toma decisiones en la organización. También dijo que no tiene relación con el movimiento llamado Sí por México y que sí paga sus impuestos.

Las aclaraciones ocurrieron luego de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió esta mañana que se investigue si Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) recibe los beneficios de la condonación de impuestos. La petición la hizo luego de que el periodista Álvaro Delgado Gómez publicara el texto “Los padrinos de Claudio X. González” en la revista Proceso.

El Embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, descartó este lunes que la implementación del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) esté en riesgo a pesar de que la futura Vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, se opuso a su aprobación.

El Fiscal General de Estados Unidos, William Barr, habló la semana pasada con el Canciller Marcelo Ebrard con la intensión de reducir la tensión derivada del arresto en territorio estadounidense del exsecretario de Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, por cargos de drogas, dijeron a la agencia Reuters dos fuentes del Gobierno mexicano.

Salvador Cienfuegos, titular de la Secretaría de la Defensa mexicana entre 2012 y 2018, fue detenido el 15 de octubre de este año en el aeropuerto de Los Ángeles, acusado por la Fiscalía federal de Nueva York, en el condado de Brooklyn -donde también se juzgó a Joaquín “el Chapo” Guzmán-, de narcotráfico y blanqueo de dinero, y que reclamó su traslado para continuar el proceso legal.

En mayo, en el pico de la pandemia, Daniel Isaac Canché Ojeda, enfermero contratado por Insabi para estar en el área COVID en la Clínica del ISSSTE de Cancún, Quintana Roo, entraba a su turno a las 2 de tarde y salía a la 12 o 1 de la madrugada. Eran hasta 13 horas de trabajo intenso, que le dejarán al menos secuelas psicológicas. Después de enfrentar eso, ahora no quieren renovarle su contrato. 

En la misma situación hay al menos otras 15 personas en tres estados de la República. 

El jefe del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador hizo un nuevo llamado al Senado para que se apruebe la reforma que retire el fuero a los presidentes para que puedan ser juzgados por cualquier delito no sólo por traición a la patria. En este marco, habló de la necesidad de debatir los alcances actuales de lo que significa traición a la patria, porque ya no es como ocurría en 1857 cuando se incorporó este delito, que era permitir una invasión extranjera o aliarse con una nación extranjera. “Es increíble que la tengan congelada en el Senado”.

A pregunta expresa dijo que es el colmo que la oposición no quiera que se juzgue al presidente en funciones. “ Es kafkiano, ¿cómo si son opositores? si, están los del frena 1 y f rena 2 que quieren que yo renuncie y me vaya, porque se oponen a reforma constitucional, para acabar con privilegios del presidente, están pensando que ellos van a regresar, como les gustan mucho los biyuyos, podrían ser juzgados porque son muy ambicioso, porque su Dios es el dinero, entonces no quieren”.

Es una vergüenza que el salario mínimo en Guatemala, El Salvador, Honduras y Belice sea más alto que en México y eso que en dos años se ha incrementado en 36%, como nunca en los 36 años del periodo neoliberal, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Ese es otro resultado nefasto de la política neoliberal. Hace 30 años el salario en México era superior al salario en China y se hablaba de que si China estaba progresando era porque tenía esa ventaja comparativa de bajo salario, es decir, de salarios mal pagados. Ahora resulta que el salario en China es más elevado que en México y estos tecnócratas corruptos engañaron diciendo que si aumentaban los salarios iba a haber inflación”, expresó en conferencia matutina.

Ejidatarios y habitantes de ocho comunidades aledañas al municipio de Manzanillo, Colima, que gozan del agua limpia del río El Cacao, marcharon hacia la capital estatal y se manifestaron afuera de la Delegación de la Secretaría del Medio Ambiente (Semarnat) para notificar que no era necesaria una consulta, ya que en Asamblea Ejidal con acta notariada ante el Registro Agrario ya habían decidido en colectivo rechazar un proyecto minero canadiense, como previamente lo hicieron en 2014 con otro intento extractivista.

Frente a una posible reforma a la subcontratación laboral, también conocida como outsourcing, el saldo de esta modalidad, a la que la administración de Felipe Calderón Hinojosa le dio luz verde y que Enrique Peña Nieto se encargó de aplicar, es negativo para los mexicanos.

Los datos los tiene el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) por los censos económicos de 2004 a 2019, y son claros: la subconcontratación fue año con año en aumento. En 2004, la cantidad de personal contratado por outsourcing era de 1 millón 399 mil 264 y para 2009 la cantidad ya era de 2 millones 732 mil 247; en 2014 se situó en 3 millones 578 mil 247 y para 2019, la cifra más reciente, fue de 4 millones 685 mil 356 personas.

A un año de la detención «violenta y arbitraria» del defensor y vocero del Comité de Defensa de los Pueblos Indígenas (CODEDI), Fredy García, en su proceso continúan las irregularidades por las que se encuentra «prácticamente obligado a purgar una pena anticipada por un delito que no cometió y del cual no se ha dictado una sentencia», denunció la Coordinación para la Libertad de Personas Defensoras Criminalizadas en Oaxaca.

La Coordinación explicó que constitucionalmente los plazos para ser juzgado no deben prolongarse más allá de un año, pero en el caso de García apenas el 20 de octubre pasado se declaró cerrado el plazo de la investigación, «sin que se haya señalado fecha para llevar a cabo la audiencia intermedia, pues escudándose en la pandemia se le ha mantenido en prisión a lo largo de un año».

Creadas en abril de 2001 como parte de una amplia reestructuración naval en el naciente sexenio del presidente Vicente Fox Quesada (2000-2006), las Fuerzas Especiales (FES) de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) pasaron de cumplir misiones de “defensa de la soberanía, seguridad e intereses nacionales”, a llevar adelante operaciones contra organizaciones del narcotráfico.

Esta gama de misiones se ha focalizado en el combate a cárteles del narcotráfico a los que los integrantes de las FES de la Marina han asestado golpes contundentes, ya sea con la captura de sus líderes o con su eliminación.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió esta mañana que se investigue si Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), una asociación que encabeza Claudio X. González, recibe los beneficios de la condonación de impuestos, como denuncia el periodista Álvaro Delgado en la más reciente edición de la revista Proceso.

El reportaje dice que este grupo, que tiene contratados a periodistas, agrupa a los mismos que apoyan la formación Sí por México y una unión entre PRI y PAN para formar un bloque opositor contra el Gobierno de López Obrador.

El candidato demócrata Joe Biden se convirtió este sábado en el presidente electo de Estados Unidos después de haber conquistado el estado clave de Pensilvania, indicaron las proyecciones de las cadenas CNN, CBS y NBC.

Biden, el candidato presidencial que más votos ha ganado en la historia de Estados Unidos, superó la cifra mágica de 270 compromisarios que necesitaba en el Colegio Electoral tras confirmarse que ganará en Pensilvania.

Un juez federal del Estado de México giró una orden de aprehensión en contra de la extitular de Sedesol y Sedatu, Rosario Robles Berlanga, por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) y delincuencia organizada.

La orden fue emitida a petición de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la Fiscalía General de la República (FGR) quien presentó una imputación en contra de Robles a la que responsabiliza de participar junto con otras personas en una operación para ocultar o blanquear recursos supuestamente extraídos del erario.

Más de dos años después de la desaparición en Nuevo Laredo, Tamaulipas, de Julio César Viramontes Arredondo, un Juez Federal consideró que existen indicios para señalar a nueve marinos. A pesar de las pruebas recabadas, el titular del juzgado de Reynosa, Tamaulipas, decidió no ordenar la aprehensión de los oficiales, todos ellos integrantes de la Unidad de Operaciones Especiales (UOPES) de la Armada de México. Esta es la primera ocasión que llega al tribunal una de las 34 carpetas de investigación abiertas por las desaparición forzosa y posible ejecución extrajudicial de 47 personas entre enero y junio de 2018, en la ciudad fronteriza.

“No estoy conforme con la resolución. No se me hace justo ni lógico. ¿Cómo va a decir que pueden llevar su juicio en libertad? Yo pienso que ellos en cualquier momento pueden desaparecer como tantos otros, simplemente no dar la cara o no seguir con esto. Para mí hubiera sido mejor que estuvieran presos y así obligarlos a hablar. A mí lo que más me importa es saber dónde está mi hijo”, dice Erika Arredondo, madre del desaparecido.

La primera medida polémica del presidente Andrés Manuel López Obrador, bajar salarios de servidores públicos de los otros poderes y organismos autónomos, resurgió hoy cuando planteó que considera enviar una iniciativa de reforma constitucional para conseguirlo.

El mandatario expuso hoy su inconformidad con el otorgamiento de amparos, refiriendo en particular el caso de funcionarios del Poder Judicial, que ganaron en juicio a las disposiciones legales que quería implementar para que nadie gane más que el titular del poder ejecutivo.

Luego de dos años de jaloneo y negociación, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador entregará a Sempra el permiso de exportación de gas natural licuado con el que la empresa estadunidense arrancará la ampliación de su planta en Ensenada, Baja California.

A cambio, Sempra comprará parte de los excedentes de gas que tiene el país y que la administración de Enrique Peña Nieto contrató por los siguientes 20 años, sin que México lo necesitara.