El desempeño de la Conagua respecto a regulación, inspección y vigilancia del recurso hídrico no permitió determinar en qué medida se logró avanzar en la atención del problema referente a que “las aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes no están administrados de manera adecuada”, concluyó la Auditoría Superior de la Federación.
Para actividades de regulación, inspección y vigilancia del recurso hídrico que, por ejemplo, eviten descargas ilegales de aguas residuales, violaciones de vedas o de derechos de núcleos agrarios, se le asignó para 2019 un monto por 6 mil 591 millones de pesos. Pero, observó el órgano en la Cuenta Pública 2019, aunque efectuó las visitas de inspección y de medición, no otorgó ni inscribió en el Registro Público de Derecho al Agua (REPDA) la totalidad de los títulos de concesión y asignaciones que recibió, no cumplió su programa de vigilancia y tampoco impuso las sanciones a los infractores por insuficiencias en la calificación de las actas derivadas de las inspecciones y verificaciones.
