La comunidad otomí residente en la Ciudad de México, que mantiene tomadas las instalaciones del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), acusó que la propuesta del gobierno capitalino para establecer una mesa de diálogo es «dilatoria e inaceptable en todos sus términos», pues no refleja el compromiso de las autoridades con sus demandas.
En una contrapropuesta, la comunidad otomí denunció que la propuesta del gobierno de la Ciudad de México es «incongruente», pues en ella las autoridades aceptan la instalación de una «Mesa de Diálogo con carácter público y permanente», pero no asisten a las reuniones «quienes ofrecen deberían estar ahí».