En el último año del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto la Policía Federal, bajo la dirección de Armando Navarrete Prida, simuló la contratación de patrullajes de vigilancia y la adquisición de equipos de espionaje y monitoreo de redes sociales con la finalidad de justificar, legalmente, la salida de más de mil 500 millones de pesos de su presupuesto. Hoy, el destino real del dinero es desconocido.
Los desvíos se perpetraron a través de la firma de contratos a sobreprecios injustificados con posibles empresas fantasma (como lo adelantó en su momento un reportaje publicado por Univisión y El País), pero también con el Cuerpo de Seguridad Privada del Estado de México CUSAEM.