El 11 de agosto de 2020, Emilio Lozoya Austin, quien tenía para entonces poco más de un mes de haber arribado a México y ser puesto en libertad, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República. De acuerdo al Fiscal Alejandro Gertz Manero, el ex director de PEMEX acusaba directamente al ex Secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso y al ex Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, de haber dispuesto de unos 4.4 millones de dólares de los sobornos de la compañía brasieleña Odebrecht para la campaña presidencial de 2012. Además, que una vez en el poder, dispusieron de 5.3 millones de dólares, en la compra de votos de senadores y diputados para la aprobación de la reforma energética.

Hace unos días, el domingo 21 de noviembre, el abogado de Rosario Robles Berlanga, ex Secretaria de Desarrollo Social y de Desarrollo Agraria, informó a la prensa que su clienta, al igual que Lozoya, se acogería a la figura de testigo colaborador y que presentaría evidencia para demostrar que personajes con superioridad jerárquica a ella, habían orquestado el desvío de recursos del caso conocido como la Estafa Maestra, dinero que ilícitamente se habría destinado a las campañas del PRI en las elecciones intermedias federales de 2015, la estatal del Estado de México en 2017, y la presidencial en 2018 cuando el candidato de ese partido fue José Antonio Meade Kuribreña.

Discurrían los primeros días de marzo pasado. La COVID-19 se cernía mortal sobre Europa y se enfilaba hacia América. En el Gobierno de López Obrador se comenzaban a hacer cálculos sanitarios, la mayoría, sin información suficiente o adecuada. Durante una reunión, y después de algunos intercambios de opiniones, los asistentes se quedaron helados cuando AMLO les dijo, con aire de suficiencia:

*Es como una gripe… No hay que preocuparnos tanto…

Casi nueve meses después de aquella afirmación irresponsable e ignorante –ignorante por irresponsable-, México se erige, hoy por hoy, en uno de los países con mayor daño humano, médico, social, económico y sanitario, a nivel mundial. Las cifras no mienten. Y el dolor de millones de compatriotas, tampoco:

Derivado de la contingencia por el COVID-19, 75 por ciento de diversas empresas de todos los tamaños reconoció afectaciones en sus ventas. El 32 por ciento apuntó que de manera drástica, así lo arrojó la encuesta realizada por Atento -empresa especializada en atención al cliente-.

El descenso de las ventas se debe principalmente a una ralentización del consumo. Entre las principales causas, el 35 por ciento considera que se ha optado por no consumir su producto, el 29 por ciento considera que su servicio ya no es una necesidad para los consumidores y apenas un 8 por ciento piensa que ha habido una fuga de clientes a la competencia.

El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua (FPDTA) Morelos Puebla Tlaxcala, la Asamblea Permanente de Pueblos de Morelos y ejidatarios de la zona oriente del estado participaron en una asamblea para decidir el “plan de acción” contra el Proyecto Integral Morelos (PIM), luego de que la Guardia Nacional desalojara el plantón de Apatlaco que impedía se finalizaran las obras del acueducto que conectará al río Cuautla con la termoeléctrica de Huexca.

Los ejidatarios y defensores se reunieron en las afueras de las oficinas de la Asociación de Usuarios del Río Cuautla (Asurco) y aseguraron que continuarán por la vía jurídica para luchar contra la imposición y operación del PIM, pues recordaron que cuentan con 19 amparos.

Sin reducción en desaparición de mujeres ni en feminicidio, el gobierno de la Ciudad de México informó resultados sobre el primer año de su autodecretada Alerta de Violencia de Género (AVG). 

El gobierno de la CDMX presentó este 22 de noviembre el “Informe Anual de la Declaratoria de Alerta por Violencia contra las Mujeres y las Niñas a un año de su implementación”.

Esta AVG se publicó oficialmente el 25 de noviembre de 2019, pero no corresponde con una decisión de la Secretaría de Gobernación (como es el caso del resto de AVG en el país), sino que fue autodecretada por la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, a fin de evitar la declaratoria oficial de una AVG que solicitaron las organizaciones civiles desde 2017 por feminicidio y desaparición, y cuya resolución permanece en litigio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a espera de que la ministra Ana Margarita Ríos Farjat prepare y presente un proyecto al respecto.

A pesar de la tendencia creciente hasta 2019, las denuncias por desaparición de personas en el país ha tenido una caída de 21.6 por ciento de marzo a octubre, informó Alejandro Encinas, subsecretario  de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación. “Es una caída significativa, pero no resuelve el problema”, aseveró.  

Confió en que la tendencia se mantenga, aunque advirtió que el problema está teniendo comportamiento diferente en distintas regiones del país, donde la mayor parte de casos se concentran en cinco estados, particularmente Jalisco, con más de 23 por ciento de las denuncias de desaparición forzada en el país, y Guanajuato.  

Andrés Manuel López Obrador, aseguró este miércoles, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que la crisis de feminicidios que sufre el país se originó por la “pérdida de valores” derivada de las políticas neoliberales de Gobiernos anteriores.

Tras ser preguntado en una conferencia de prensa sobre si considera que los homicidios y los feminicidios tienen la misma causa, el mandatario respondió: “En general sí, porque ha habido mucha desintegración en las familias, mucha pérdida de valores”.

En una ocasión, hace 16 años, salieron por la puerta de atrás juntos, sin ser investigados. La dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Rosario Robles Berlanga y su cercano colaborador Ramón Sosamontes Herreramoro (Guerrero, 1951) renunciaron al partido en 2004 luego de la filtración de los llamado videoescándalos, donde en 2005 también se evidenció al político guerrerense intercambiar un maletín con un millón de dólares con Carlos Ahumada Kurtz, a quien a pesar de conocer íntimamente desde inicios del milenio y ser el “cupido” entre el empresario argentino y su jefa, lo desconoció cuando fue aprehendido.

Ahora, ambos autodenominados de izquierda, incluso comunistas, están involucrados en la Estafa Maestra, un instrumento con el que se le arrebató el dinero público de la Cruzada Nacional contra el Hambre a las personas en situación de pobreza alimentaria. Robles Berlanga lleva más de un año de los 40 que podría pasar presa, por lo que, ya debilitada de salud, ha decidido colaborar con la Fiscalía General (FGR) para brindar información sobre los involucrados en dicha triangulación de recursos públicos, entre ellos, el Secretario de Hacienda Luis Videgaray Caso, quien habría planeado esos recursos para la campaña del Gobernador del Estado de México Alfredo del Maza en 2017 y del candidato presidencial José Antonio Meade Kuribreña en 2018, de acuerdo con su abogado Sergio Ramírez.

El gobierno federal anunció un apoyo de 11 mil 460 pesos para los familiares de personas fallecidas por COVID-19 en el país.

Este recurso, explicó el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, es válido para quienes perdieron a algún familiar entre el 18 de marzo de 2019, y hasta el día en que se declare el fin de la emergencia sanitaria.

Miguel Vázquez Martínez, de 70 años, desapareció el 20 octubre en Tlapacoyan, Veracruz. La última vez que fue visto se encontraba subiendo al vehículo de unos desconocidos, que se lo llevaron, presuntamente, para ver un auto, ya que Vázquez Martínez es dueño de un taller y una refaccionaria.

Desde entonces su familia no tiene pistas sobre su paradero. Recibieron llamadas de sus supuestos captores para negociar por su libertad, pero no hubo acuerdos. Por recomendación de la Fiscalía General del Estado (FGE) guardaron silencio. Ahora, más de un mes después de que se lo llevaran, familiares y organizaciones ecologistas de la zona hacen público el secuestro: creen que su activismo en defensa del río esté detrás de su captura.

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron en la colonia Morelos a Dionisio “N”,  alias “Nicho”, identificado como el padre de Óscar Andrés “N”, alias “El Lunares” y operador logístico y financiero de la organización delictiva La Unión Tepito; le decomisaron armas y droga.

Según trabajos de investigación de la policía capitalina, “Nicho" era el responsable de coordinar y organizar la venta y distribución de drogas, principalmente en el centro de la Ciudad de México, así como de reunir el dinero y pagar a los distribuidores y narcomenudistas.

Violaciones a derechos humanos y recorte presupuestal, entre otros agravios, forman parte del informe “¿Por razón necesaria? Violaciones a los derechos humanos en los servicios de atención a la salud mental en México”, realizado por la organización civil Documenta.

El amplio informe, que debe su título al argumento que dan encargados de pacientes psiquiátricos a medidas coercitivas como la sujeción mecánica, el encierro y el suministro de fármacos, alienta a un cambio de modelo de atención de la salud mental en el país, centralizada en la hospitalización, por uno que ponga en el centro la dignidad humana, en apego a los estándares internacionales de derechos humanos.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell, sumó otra denuncia penal en su contra por el manejo de la pandemia de covid-19.

En esta ocasión la denuncia fue interpuesta por la Unión Nacional de Estudiantes Universitarios, una agrupación que aglutina a alumnos de distintas facultades de la UNAM, principalmente de la de Derecho.

Un juez federal vinculó a proceso al general José Antonio Ramos Arévalo, quien fue director de Servicios Aéreos de la extinta PGR en la gestión de Jesús Murillo Karam, por la presunta adjudicación irregular de dos contratos por 615 millones de pesos para la compra de siete drones de uso militar.

Los aviones no tripulados fueron adquiridos en 2013 a la compañía Balam Seguridad Privada S.A. de C.V., que pertenece al grupo empresarial que un año después vendió a la PGR de Murillo Karam el malware espía Pegasus por 32 millones de dólares (alrededor de 450 millones de pesos de la época).

Juan Carlos Padilla Aranda era hombre de familia y llevaba 30 años vendiendo tamales. El lunes 23 de noviembre se dirigía al tianguis de los lunes en la ciudad de Celaya, Guanajuato, acompañado de su esposa e hija, cuando una camioneta RAM sin placas les impidió el paso. Con el argumento de que tenían una orden de aprehensión contra él comenzaron a forcejear para subirlo al vehículo. Y lo lograron.

Tras unas horas sin saber nada de Juan Carlos, se notificó a su familia que lo habían dejado en el Hospital General de la ciudad, y que presentaba signos de violencia física. Poco después, se confirmó su muerte.

A 14 años de la Masacre de Viejo Velasco, en Ocosingo, Chiapas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio admisibilidad al caso, informó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba).

El Frayba celebró la decisión de la CIDH y recordó que a 14 años de la masacre «prevalece la impunidad», pues no se ha investigado, identificado, juzgado y sancionado a los autores intelectuales y materiales de las violaciones a los derechos de los indígenas, perpetradadas el 13 noviembre de 2006.

El regreso de Margarita Zavala y Felipe Calderón al Partido Acción Nacional (PAN) está en curso, reveló hoy Marko Cortés, dirigente nacional de ese partido, quien detalló que se ha reunido en dos ocasiones con la excandidata presidencial.

“Yo personalmente he tenido dos reuniones con Margarita Zavala”, informó el presidente del PAN, quien explicó que con ella ha buscado puntos de coincidencia para no pulverizar el voto opositor. “México nos requiere unidos”.

El abogado Epigmenio Mendieta dio a conocer hoy las razones por la que Rosario Robles decidió finalmente colaborar con la Fiscalía General de la República (FGR) para terminar de armar el rompecabezas de la llamada “Estafa Maestra”.

En entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva en su noticiario de Radio Fórmula, el litigante dijo la secretaria de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en el sexenio pasado decidió tomar ese camino para evitar pasar el resto de su vida en prisión, pues los nuevos delitos que le imputaron --delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita--, implicarían permanecer hasta 45 años en prisión.

Pero la aseguradora resolvió que la culpa del siniestro era de las víctimas, la petrolera aceptó el dictamen y un juzgado civil federal resolvió desechar una acción colectiva por considerar que los afectados no tenían personalidad jurídica para reclamar.

Las reformas para sancionar con cárcel la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, conocidas como ”Ley Olimpia, son insuficientes porque aún faltan mecanismos para aplicar la ley y alternativas de justicia que no sean punitivistas.

Durante el lanzamiento del informe elaborado por Luchadoras “Justicia en trámite. El limbo de las investigaciones sobre violencia digital en México”, que se realizó este lunes, las defensoras de los derechos digitales Angélica Contreras, Agneris Sampieri y Olimpia Coral Melo, coincidieron en que las reformas legislativas son un avance, pero falta avanzar.

La organización pacífica de Las Abejas de Acteal calificó de «especialmente cruel» el ataque armado de paramilitares de Santa Martha, Chenalhó, contra la brigada de ayuda humanitaria de Cáritas San Cristóbal de Las Casas y del Fideicomiso por la Salud de Niños Indígenas de México (FISANIM), quienes entregaban alimentos a las familias tsotsiles desplazadas por las lluvias y por la violencia en el municipio de Aldama, Chiapas.

«No podemos entender cómo un gobierno que se dice de ‘los pobres’ permite estas agresiones», señalaron Las Abejas en un comunicado, en el que exigieron que se investigue a los responsables de las muertes, lesiones y desplazamientos en Aldama «y que sean desarmados todos los que han estado disparando armas de uso exclusivo del ejército».

Rosario Robles Berlanga declarará ante la Fiscalía General de la República (FGR)  que parte de los recursos desviados de la llamada Estafa Maestra, los cuales habría ordenado el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, favorecieron la campaña electoral del 2018 del priista José Antonio Meade Kuribreña, según adelantó la defensa de la exfuncionaria.

El abogado Sergio Arturo Ramírez comentó a medios que Videgaray supuestamente ordenó que se destinaran recursos públicos a al menos cuatro campañas electorales del Partido Revolucionario Institucional (PRI). El presunto desvío del erario habría iniciado con la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto (2012), después con la elección intermedia de 2015, la campaña por la gubernatura de Alfredo del Mazo Maza en el Estado de México (2017), y por último, la de Meade, en 2018.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó hoy que se detuvo y vinculó a proceso a exfuncionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por el caso de la Guardería ABC.

Entre 53 países con economías de más de 200 mil millones de dólares, México es el peor lugar para vivir durante la era COVID-19, de acuerdo con un ranking realizado por Bloomberg.

“A medida que COVID-19 se ha extendido por todo el mundo, ha desafiado las ideas preconcebidas sobre qué lugares abordarían mejor la peor crisis de salud pública en una generación. Las economías avanzadas como Estados Unidos y el Reino Unido, clasificadas según varias medidas anteriores a 2020 como las más preparadas para una pandemia, se han visto repetidamente abrumadas por infecciones y enfrentan un regreso a costosos bloqueos. Mientras tanto, otros países, incluso naciones en desarrollo, han desafiado las expectativas, algunos casi han eliminado el patógeno dentro de sus fronteras”, señala la agencia estadounidense en el ranking de resiliencia de COVID.

Luego de reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador, representantes del sector empresarial aseguraron que le manifestaron que están en contra de la subcontratación laboral y de las afectaciones fiscales que ésta causa, por lo que acordaron establecer, a partir de mañana, mesas de diálogo con el gabinete involucrado en la iniciativa de reforma al outsourcing.

Por la mañana, el mandatario señaló que el gobierno federal está abierto a revisar con el sector empresarial los alcances de la iniciativa para regular el outsourcing y eliminar los abusos, y lanzó el cuestionamiento: “se dice: ‘es que se van a perder empleos’. Pues qué, ¿vamos a estar promoviendo empleos mal pagados? Es una vergüenza que los salarios en Guatemala, en Belice sean más elevados que en México”.