La defensa de Rosario Robles Berlanga, ex titular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), empezó las negociaciones con la Fiscalía General de la República (FGR) para que se otorguen beneficios legales a su clienta.

Fuentes cercanas a la ex secretaria de Estado señalaron que aunque todavía son "contactos informales", los representantes legales esperan que en los próximos días el Ministerio Público Federal (MPF) responda de manera formal y positiva a la petición, y entonces comience la entrega de información en torno a la estafa maestra.

“La familia Ancira aceptaría lo que ha planteado Alonso Ancira públicamente y es una opinión de la familia: aquí hay en juego 20 mil empleos netos, más de 60 mil o 70 mil empleos indirectos”, dijo el representante de la compañía sobre la venta de acciones del empresario detenido en España. “Si nosotros somos obstáculos para Altos Hornos de México y regresarla a la normalidad, nosotros nos salimos”, aseguró es la postura de la familia Ancira. Altos Hornos no convocó a una asamblea general de socios como lo dieron a conocer miembros de la Unión de Organismos Empresariales de la región centro del estado.

Un juez federal negó de manera definitiva al ex oficial mayor de Sedeso y Sedatu, Emilio Zebadúa González, una petición de amparo en contra de cualquier orden de captura, y la confiscación de bienes como parte de la investigación que realiza en su contra la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Siedo).

Para el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya no habrá posibilidad de evitar una acción de la justicia por hechos cometidos en su administración, al menos a partir de que los congresos locales aprueben la reforma constitucional que ayer pasó en el Senado para eliminar el fuero presidencial.

Dicha reforma fue propuesta por el propio mandatario, quien celebró la aprobación, una modificación histórica y, por ello, agradeció a los senadores el voto que emitieron ayer.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, anunció que hace unos minutos Pfizer entregó el expediente de la vacuna BNT162b2 contra covid-19 a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para su eventual evaluación.

“Es importante tener claro que es la entrega. En las siguientes pocas horas, a partir del día laboral de mañana, se revisará si el expediente está completo. Pero ya es una buena noticia”, señaló en la conferencia.

El Congreso local hizo un llamado al fiscal general de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, para que se finquen responsabilidades al exgobernador Ulises Ruiz Ortiz y a quien fuera su secretario general de Gobierno, Jorge Franco Vargas, por delitos de lesa humanidad cometidos durante la represión contra el movimiento social y magisterial de 2006.

También demandó que investigue y sancione a los fiscales generales del estado de Oaxaca por omisiones para investigar los delitos cometidos por servidores públicos en ese periodo, pese a que hubo 383 personas arrestadas, 20 asesinatos y 87 lesionados, según el informe de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En el Día Internacional para Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, el Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, entregó palas y cubetas a mujeres que buscan a familiares desaparecidos.

El mismo Ayuntamiento informó que la alcaldesa de Guaymas, Sara Valle, entregó los utensilios a integrantes del grupo ‘Guerreras Buscadoras’ en el patio central del edificio Luebbert, en Guaymas, Sonora.

“La nota está aquí en este micrófono, no en las paredes”, dijeron familiares de víctimas de feminicidio o sobrevivientes de violencia machista mientras contaban sus historias desde el templete instalado en el Zócalo, el único punto de la marcha feminista de este miércoles en el que se desató algún choque entre manifestantes y policías.

La marcha de este 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y a la que asistieron entre mil y dos mil mujeres, según las organizadoras, lejos estuvo de ser como las últimas manifestaciones feministas en la ciudad: con policías rodeandolas, usando extintores para contenerlas y violentando su derecho a marchar.

La extitular de Sedesol y Sedatu, Rosario Robles, inició el contacto formal con la Fiscalía General de la República (FGR) para negociar un criterio de oportunidad que le permita volverse testigo colaboradora a cambio de no ser procesada por los delitos de lavado de dinero y crimen organizado, derivados del caso de La Estafa Maestra.

El equipo legal de la funcionaria confirmó a Animal Político que después del mediodía de este miércoles 25 de noviembre se entregó un oficio a la Fiscalía en el que se manifiesta la intención de Robles de colaborar con las investigaciones. Lo que sigue es una reunión de sus abogados con los fiscales para afinar los detalles de su primera declaración.

“Decidimos concluir la obra”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador al justificar la continuación de los trabajos en el Proyecto Integral Morelos (PIM), donde el pasado lunes la Guardia Nacional desalojó a ejidatarios que se oponen a la obra de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El tema fue planteado al mandatario durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional y, sin abundar en la operación de desalojo, se concentró en los motivos que lo llevaron a tomar la decisión de echar a andar la obra.

Representantes de comunidades mayas solicitaron formalmente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) negar la autorización de Impacto Ambiental al primer tramo del Tren Maya puesto que el proyecto se presentó en forma fragmentada, lo que impide evaluar en su conjunto las afectaciones que provocará.

Dicho tramo abarcará 237 kilómetros que correrán de Palenque, Chiapas, a Escárcega, Campeche. La obra costará 13 mil 394 millones 942 mil 290 pesos con 34 centavos y fue adjudicada al consorcio integrado por Mota-Engil México, China Communications Construction Company, Gavil Ingeniería, EYASA y Grupo COSH.

La Secretaría de Gobernación (Segob) debe entregar información sobre los avances del gobierno mexicano en el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso Atenco, en el que 11 mujeres sufrieron violaciones graves de derechos humanos a manos de policías estatales y federales en 2006.

En un comunicado, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) instruyó a la Segob entregar la versión pública de los documentos de la averiguación previa, la carpeta de investigación, las causas penales relacionadas con el caso, así como el plan de capacitación para oficiales de la Policía Federal, hoy Guardia Nacional y el observatorio independiente.

El Senado de la República aprobó la reforma constitucional para ampliar el catálogo de delitos por los que puede ser juzgado el presidente como hechos de corrupción, delitos electorales o cualquier delito, conocida popularmente como “eliminación del fuero”.

Con 89 a favor y 23 en contra, el pleno del Senado avaló la minuta que llegó de la Cámara de Diputados para modificar los artículos 108 y 111 constitucionales para quedar como siguen:

Tres cuerpos humanos, completamente desmembrados, fueron dejados en la congregación de Tolome, en el municipio de Paso de Ovejas, en la zona centro de Veracruz.

Los cuerpos fueron abandonados en un campo deportivo, con una cartulina que contenía amenazas del crimen organizado, cuyo mensaje guardado por autoridades de la Policía Municipal.

La economía mexicana tuvo un crecimiento de 12.1% durante el tercer trimestre del año, frente al trimestre previo, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Esta mejoría se registró tras el desplome de 18.7% reportado en el segundo trimestre del año (abril, mayo y junio), derivado de la medidas tomadas para enfrentar la pandemia por COVID-19.

La comunidad otomí residente en la Ciudad de México, que mantiene tomadas las instalaciones del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), informó la posibilidad de que el próximo 15 de diciembre se publique el Decreto expropiatorio del inmueble Zacatecas 74, en la colonia Roma, gracias a las medidas que han tomado para presionar a las autoridades.

«La respuesta de gobierno no hubiese sido posible si no se toma de manera pacífica el INPI, si no se llevan a cabo acciones como la quema de mobiliario, archivos, computadoras y el bloqueo del vialidades cercanas al INPI; es decir, sin la lucha, resistencia y rebeldía de la comunidad otomí, la muy probable expropiación de Zacatecas 74 no sería posible», aseguraron en un comunicado.

El Presidente López Obrador envió una iniciativa al Congreso para prohibir la práctica por considerarla “abusiva” y herencia del “periodo neoliberal”, parte de la reforma laboral de 2012 que promulgó el expresidente Felipe Calderón. Ahora, el 23 por ciento del empleo formal registrado ante el IMSS depende de la subcontratación, de acuerdo con Tallentia MX.

México Libre, la organización del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, se resiste a no ser invitado a la elección de 2021. El pasado 21 de noviembre anunció que era segura su participación con el fin de “contribuir a la formación de una mayoría opositora en el Congreso de la Unión”.

La Alianza Federalista presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que los 109 fideicomisos no desaparezcan.

Madres y familiares de víctimas de feminicidio acudieron al Palacio Nacional para denunciar ante el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que «México agoniza ante la violencia feminicida».

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, madres y familiares de víctimas de feminicidio y desaparición, sobrevivientes de tentativa de feminicidio y defensoras de los derechos de las mujeres denunciaron que este 2020 han sido asesinadas 2 mil 874  mujeres y niñas, de los cuales sólo 724  casos  se están investigando como feminicidio.

No todo el dinero que el Gobierno federal le entregó a los estados el año pasado fue bien utilizado. La información de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) indica que el año pasado, 31 gobiernos estatales generaron probables daños al erario público por 23 mil 331 millones 738 mil 917 pesos provenientes de partidas de gasto federalizado.

Lo anterior se da en un contexto en que el gasto federalizado del próximo año será inferior al de 2020, lo que implica que los gobiernos estatales tendrán menos dinero para realizar sus actividades. Algunos gobernadores acusan que el recorte presupuestario supone una situación de riesgo para cumplir con sus funciones, pero el Presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que con austeridad y un buen manejo de recursos, los estados no enfrentarán mayores problemas que los que ya tienen.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no puede andar investigando a Luis Videgaray Caso, exsecretario de Hacienda y Relaciones Exteriores, si no existe una solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR), sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Lo anterior lo dijo luego de que el miércoles, la UIF dio a conocer que inició una investigación a Videgaray Caso, debido a los señalamientos que hiciera en su contra Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos.

El Presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, rebatió este jueves a la agencia de noticias Bloomberg, que publicó que México es el peor país para vivir la pandemia de COVID-19, con el dato de crecimiento de la economía mexicana, que en el tercer trimestre creció un 12.1 por ciento frente a los tres meses anteriores.

“Creo que es un error y en una de esas hasta va a haber una aclaración porque sí vi la nota (de Bloomberg) y me pareció un exceso, con el propósito de afectar a México”, reprochó el mandatario en conferencia de prensa.

La Ley sobre Delitos de Imprenta -aprobada el 17 de abril de 1917- será abrogada por la Cámara de Diputados. El dictamen que será sometido a aprobación en el pleno de San Lázaro esta tarde, refiere el anacronismo de esa norma porque “no tutela efectivamente el derecho a la información y a la libre expresión, ni el derecho a informar, tanto así que contempla conceptos abiertamente inconstitucionales, como arrestos por 36 horas”.

Con esa legislación centenaria se propiciaba la criminalización de la actividad periodística. Por esa circunstancia, derogar la citada ley, implica garantizar la libertad de imprenta como supuesto esencial e indispensable para la vigencia democrática y el ejercicio pleno de la libertad de expresión; “era necesario abandonar la visión punitiva y de criminalización que establecía dicha ley, para reservar al ámbito civil la protección a la reputación o al propio honor”.