En los primeros 18 meses del actual sexenio, la Fiscalía General de la República (FGR) recibió 522 nuevas denuncias por posibles actos de tortura en contra de agentes federales que, sumadas a las que ya existían antes, elevó la cifra de casos abiertos por este delito grave a más de 1,259. De todos esos casos, solo tres fueron enviados ante un juez y solo se obtuvo una sentencia condenatoria en el mismo periodo.
Sin embargo, cerca de la mitad de esas carpetas de investigación fueron integradas por la Fiscalía a un archivo “temporal”, decretando que no le tocaba investigar, o determinando que no había elementos suficientes para proseguir con la indagatoria en contra de los probables responsables.