Disposiciones incompletas o mal aplicadas, plazos de tiempo que no se cumplieron, procedimientos que no se han seguido, un diseño institucional que en los hechos es letra muerta, y una inminente reforma que busca hacerla desaparecer sin haber verificado si realmente funcionaba.
Esa es la realidad de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR) que hoy cumple exactamente dos años de haber sido aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), y que tenía el objetivo de transformar la vieja PGR en una institución autónoma y eficiente, que redujera la impunidad y combatiera los grandes fenómenos criminales.