Pueblos indígenas y organizaciones de derechos humanos y ambientales lamentaron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declarara la constitucionalidad de la Ley Minera, a pesar de que no se consultó de manera libre, previa e informada a las comunidades ni se respetó su derecho a la libre autodeterminación y al control de los recursos naturales.
«Esta decisión significa dar un paso atrás en la construcción del Estado pluricultural en el país y la protección de los territorios y patrimonios bioculturales de pueblos y comunidades», señalaron en un comunicado el Consejo Maseual Altepetajpianij, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), entre otras organizaciones.