Hace ya dos años, en enero de 2019, decenas de cadáveres calcinados rebasaron la capacidad del panteón municipal de Tlahuelilpan, Hidalgo. Una explosión calcinó a 137 personas que extraían gasolina ilegalmente de un ducto de Pemex. Pero después del conteo de muertos, del refuerzo de la vigilancia militar en la zona y de los reportes oficiales sobre la presunta disminución de esa actividad, Hidalgo sigue padeciendo el huachicoleo y la violencia de las bandas criminales que luchan por sus enormes ganancias.
En el predio donde estalló el ducto de Pemex que dejó 137 muertos en Tlahuelilpan, Hidalgo, el 18 de enero de 2019, hay altares a la memoria de los difuntos: cruces alzadas por donde corrió la lumbre y mausoleos que resguardan prendas y objetos semicarbonizados.
Bajo este terreno en la comunidad de San Primitivo hay, además, ductos del oleoducto Tuxpan-Tula. A menos de 10 kilómetros de ahí continúa la extracción de crudo, los grupos de huachicoleros migraron a otras válvulas y mantienen a Hidalgo como el estado más afectado por este delito.
