Familiares de víctimas de violaciones de derechos humanos bloquearon desde el miércoles todas las entradas a de la Secretaría de Gobernación (Segob) para exigir que las autoridades resuelvan las demandas de atención a los colectivos y concedan una audiencia con la titular del organismo, Olga Sánchez Cordero; el subsecretario Alejandro Encinas, y la directora de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, Sara Irene Herrerías.

Desde la mañana, alrededor de 30 familiares de víctimas de desaparición, desplazamiento forzado y feminicidio, junto con padres de la Guardería ABC, cerraron con cadenas y candados los accesos al edificio para exigir a Alejandro Encinas la atención que prometió a las familias.

De éstas 942 fueron hechas por hombres y 133 por mujeres. Del total, 77 corresponden a integrantes de pueblos originarios.

Durante la conferencia de prensa matutina, encabezada por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en ausencia del presidente López Obrador, quien se recupera de Covid-19, Paulina Téllez detalló que de todas la solicitudes de amnistía, “760 son por delitos contra la salud; 175 son delitos que no proceden y 769 que están en espera de información por falta de datos personales”.

Los estados con mayor número de Fiscalías son la Ciudad de México, con ocho; Chihuahua cuenta con cuatro; Chiapas, Quintana Roo y Tabasco, con tres cada entidad. Mientras que el Estado de México y Guerrero cuentan con dos Fiscalías especializadas en la atención e investigación a la violencia de género.

El primer paso para avanzar hacia un acuerdo de paz definitivo en la región Triqui, enclavada en la mixteca oaxaqueña, es el retorno de decenas de familias que han sido desplazadas de Tierra Blanca Copala, recientemente baleadas y despojadas de sus pertenencias a punta de metralla, y la detención y enjuiciamiento de paramilitares y sicarios responsables de asesinatos de indígenas. Ello, porque líderes indígenas coinciden en que sin justicia no se puede hablar de pacificación.

Los tres principales representantes triquis acusan que ese ataque armado ocurrido hace unas semanas fue perpetrado por el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), con el respaldo del presidente municipal de Juxtlahuaca, el morenista Nicolás Feria Romero, y del gobernador priísta Alejandro Murat.

La participación de policías estatales en el asesinato y calcinación de 19 migrantes en el municipio de Carmargo, Tamaulipas, “no es un hecho aislado, sino consecuencia de una serie de abusos de autoridad”, aseguró Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo.

De acuerdo con Ramos, los abusos de autoridad han caracterizado la administración del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, y agregó que la aprehensión de 12 agentes estatales implicados en el caso de los 19 migrantes centroamericanos incinerados sólo busca quitar presión a las autoridades tamaulipecas, así como que las detenciones “son insuficientes” para hacer justicia en el caso.

El Instituto Nacional de Migración (INM) separó del cargo a ocho funcionarios de la Oficina de Representación en el estado de Nuevo León que presuntamente retuvieron una de las camionetas involucradas en el hallazgo de 19 personas calcinadas, en Camargo, Tamaulipas.

De acuerdo con el Instituto, hubo una “omisión en los procedimientos administrativos y protocolos establecidos en la Ley de Migración y su reglamento”, al retener la camioneta Toyota que se encontró en diciembre de 2020, durante la identificación de personas migrantes en el municipio de Escobedo, Nuevo León.

Morena está a la cabeza de las preferencias para renovar el Congreso federal con un respaldo del 38 por ciento —nivel que ha mantenido desde septiembre del año pasado—, muy por encima del 11 por ciento del PAN, el 10 por ciento del PRI y el tres por ciento del PRD, aunque cerca del 33 por ciento de entrevistados que no sabe por quién votaría, revela una encuesta de El Financiero.

El estudio escrito por el reportero Alejandro Moreno indica que con el respaldo conjunto de los partidos que integran los dos principales bloques, Morena y sus aliados llegan al 40 por ciento, contra el 24 por ciento de la oposición que se ha conformado en la alianza “Va por México”.

Jorge Pérez era uno de los cientos de trabajadores de limpieza contratado por outsourcing por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). A pesar de que el Hospital 20 de noviembre se destinó a pacientes de coronavirus, nunca se le brindó un Equipo de Protección Personal (EPP) y así, él a diario tuvo que limpiar oficinas, pasillos y baños.

Pasados algunos meses de la pandemia, el señor Jorge, de más de 60 años de edad, se atrevió a denunciar sus condiciones de trabajo a través de medios de comunicación; días después, la empresa lo despidió.

Alonso Ancira Elizondo, exdueño de Altos Hornos de México (AHMSA), sufrió una descompensación durante la audiencia inicial que se llevaba a cabo en su contra en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, por lo que ésta fue suspendida.

Debido a una descompensación en sus niveles de azúcar, alrededor de las 2:00 horas, y con poco menos de tres horas acumuladas de la audiencia, Ancira comenzó a sentirse mal mientras contestaba algunas preguntas, por ello, tuvieron que llamar a una ambulancia.

La periodista Lydia Cacho comentó que buscará que le den al menos 20 años de cárcel al ex gobernador Mario Marín, por su protección a una red de trata de personas y la tortura que ella sufrió al dar a conocer dicha red en su libro Los demonios del edén, hace casi 15 años.

En entrevista para Aristegui en vivo, además recordó cómo la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, la “traicionó” cuando en la Suprema Corte votó por no sancionar a Mario Marín, al determinar en 2007 que no había evidencia suficiente que demostrara que las autoridades estatales, incluido el gobernador, violaron las garantías individuales de la periodista que denunció redes de pedofilia y prostitución.

Para avanzar hacia la disminución de los índices de impunidad en México, se tienen que aplicar los principios constitucionales del debido proceso, garantía de audiencia y presunción de inocencia, señaló la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

Así se refirió la funcionaria federal a la detención del exgobernador de Puebla, Mario Marín, quien fue aprehendido por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) en Acapulco y luego fue trasladado a Cancún, donde es requerido por la justicia, por el delito de tortura contra la periodista Lydia Cacho.

Mario Marín, el llamado “Góber Precioso”, exgobernador de Puebla que estuvo a salto de mata durante un año y 10 meses, ingresó a al Centro de Reinserción Social (Cereso) Benito Juárez en Cancún, Quintana Roo, después de ser detenido por agentes de la Fiscalía General de la República (FGR).

Fuentes oficiales confirmaron a SinEmbargo la detención del exfuncionario esta tarde.

Raquel Buenrostro, titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), confirmó que la deuda por falta de pago de impuestos de las empresas de Ricardo Salinas Pliego podría superar los 40 mil millones de pesos.

Durante el programa “Los periodistas” de La Octava, conducido por Alvaro Delgado y Alejandro Páez, la funcionaria fue cuestionada sobre cuánto deben las empresas del dueño de Grupo Salinas.

La Ministra defendió la iniciativa preferente que el Presidente López Obrador envió al Congreso para reformar la Ley de la Industria Eléctrica. Coincidió con la necesidad de fortalecer a la CFE. La titular de la Segob respondió que la ley “no significa que no vayan a participar los particulares”, pero que será “con ciertas reglas y con ciertos límites”.

Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron al exgobernador de Puebla, Mario Marín, en un domicilio en Acapulco, Guerrero.

Un grupo de inteligencia de la Agencia de Investigación Criminal lo localizó en un inmueble de dicha zona, por lo que pidió una orden de cateo al juez, quien la autorizó.

La orden de aprehensión contra el exgobernador es por el presunto delito de tortura en agravio de la periodista Lydia Cacho y fue girada por el primer Tribunal Unitario con residencia en Quintana Roo, por lo que será trasladado a ese estado.

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, consideró que las violaciones a derechos humanos de personas migrantes son inaceptables y que la actual administración imputará a servidores públicos que se vean implicados en ataques a migrantes.

En el contexto de las investigaciones por el hallazgo de 19 cuerpos calcinados en Camargo Tamaulipas, cuyo asesinato habría sido perpetrado por policías estatales, la secretaria de Gobernación fue cuestionada respecto a la probable implicación de elementos del Instituto Nacional de Migración.

Pero tras bambalinas las mismas firmas sostienen ante los tribunales una férrea lucha contra el Banco de México (Banxico), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) para proteger su modelo de negocio y utilidades.

El lunes 25 la Cofece dio a conocer multas contra siete bancos y personas físicas tras confirmar en una investigación que los señalados se coludieron para obtener beneficios en el mercado de deuda gubernamental.

Xavier Olea, extitular de la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE), asumió la representación legal de una mujer que denunció por abuso sexual al candidato de Morena al gobierno de esa entidad, Félix Salgado Macedonio.

El exfiscal confirmó a Animal Político que será “representante probono” de la morenista que denunció tanto en la extinta PGR como en las instancias internas del partido hechos de violencia de género que habrían tenido lugar en 1998.

El cuerpo de Mariana de Lourdes Sánchez Dávalos, pasante de Medicina que fue hallada muerta en Ocosingo, Chiapas, fue incinerado sin el consentimiento de su madre.

En conferencia de prensa,  María de Lourdes Dávalos Ábrego, madre de Mariana, señaló que nadie pidió su autorización para cremar el cuerpo de su hija y que el proceso fue demasiado acelerado.

María explicó que ella llegó un poco retrasada al velatorio porque viajó desde Torreón, ciudad en la que radica por cuestiones laborales.

Un comando ejecutó esta mañana al abogado Eloy Flores Carreto, considerado como pieza clave en el caso Ayotzinapa, en la ciudad de Iguala, en Guerrero.

En octubre de 2015, el litigante fue detenido por agentes federales junto al exalcalde perredista de Cocula Erick Ulises Ramírez Crespo en la ciudad de Cuernavaca, donde ambos sostenían una reunión con Adán Zenón Casarrubias Salgado "El Tomate", líder en ese entonces del grupo delictivo Guerreros Unidos.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) cesó a Ramón García Gibson, uno de sus más altos funcionarios, por "sus evidentes conflictos de interés", la "pérdida de confianza"  y su participación en el esquema que permitió a los cárteles de Sinaloa y del Norte del Valle de Cali usar la infraestructura del HSBC en México para lavar cientos de millones de dólares en la primera década de este milenio.

El despido sucedió el pasado viernes 29 de enero y se produjo cuatro meses después de que Quinto Elemento Lab publicara una investigación acerca de García Gibson, donde se revelaban las omisiones en las que incurrió el exfuncionario durante su paso por HSBC, banco en que presidía el máximo órgano antilavado.

Las balas entraron por la ventana y dejaron sus huellas en paredes y muebles de la casa. Temblorosa, sólo cargó con su pequeña hija a la espalda y huyó hacia el monte. Entre el miedo y las prisas olvidó ponerse sus huaraches de hule: lo único que quería era escapar del ruido de metralla y poner a salvo a su niña de 3 años. Era la madrugada del 20 de enero. De entre la hierba y los árboles venían los disparos. El resto de sus familiares no se atrevieron a seguirla, estaban aterrorizados y no se pudieron mover. Escondida en el monte, esta joven triqui abrazaba a su hija y le imploraba silencio para no ser descubiertas. La pequeña no paraba de llorar.

El miedo y la angustia duraron 4 días. María y su nena permanecieron ocultas en la serranía oaxaqueña sin alimento ni agua. Las heridas de la huida se hicieron costras en las piernas y, entre los dedos de los pies, aún están las huellas. La pequeña aún tiene ronchas coloradas por todo el débil cuerpo. Los insectos se dieron un festín.

En enero de 2020 en México no había pandemia. Los casos de contagio del SARS-CoV-2 empezaban a salir de China pero muchos gobiernos –incluido el mexicano- minimizaban la COVID-19 hasta que fue tarde. Lo que sí había entonces y permanece tan enraizado como siempre, es el narcotráfico y el crimen organizado.

Algunos suponían, erráticamente, que durante la cuarentena decretada en marzo de 2020, también los criminales disminuirían sus ilícitas actividades. No fue así. El fatídico año cerró con 34 mil 523 homicidios dolosos, apenas 125 menos que las 34 mil 648 muertes violentas registradas el año 2019.

Un hombre de 48 años que tenía insuficiencia renal murió frente al Hospital Magdalena de las Salinas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) luego de que aparentemente le fuera negado el servicio médico, denunciaron sus familiares en una grabación difundida en redes sociales y en la prensa.

La grabación muestra cómo el hijo del enfermo implora a gritos y frente a la entrada de urgencias que se les proporcione la atención, sin tener respuesta. El mismo material da cuenta de que en repetidas ocasiones se asegura que no se trata de un caso de COVID-19, sino de insuficiencia renal.

En 2010 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) sentenció por primera vez a México por tortura sexual cometida por militares en contra de dos mujeres indígenas de la montaña de Guerrero, Inés Fernández y Valentina Rosendo. Estas sentencias fueron emblemáticas porque se reconoció la existencia en México de una “violencia institucional castrense” en un contexto de desigualdad, pobreza y discriminación, y bajo un sistema de justicia militar que permitía la impunidad. También, porque nombró por primera vez a esta violencia cometida por militares como tortura sexual, lo que elevó el delito a una grave violación a los Derechos Humanos (DH). 

Para evitar nuevos casos de tortura sexual, la CoIDH ordenó al Estado mexicano reformar sus leyes para que, en violaciones a DH y delitos contra civiles cometidos por militares, éstos fueran juzgados bajo el fuero ordinario y no militar como ocurrió durante todos estos años.