Al interior del gobierno de México existe una preocupante falta de coordinación entre diversos organismos y funcionarios con respecto a la gravedad de la tortura y las formas de erradicarla, lo cual ha incidido en que dicha práctica siga siendo común en el país y sus responsables continúen en la impunidad.
Así lo indicaron organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, las cuales advirtieron que en el país sigue habiendo pocos recursos y voluntad política para acabar con los tratos inhumanos, crueles y degradantes, a pesar de los compromisos adquiridos por el Estado mexicano para avanzar en esa materia.