García Luna, los Weinberg, Tomás Zerón y Susumo Azano son sólo algunos de los nombres de quienes construyeron negocios sobre la sangre de las víctimas de las políticas de seguridad de los últimos 15 años. Entre peores resultados para el país, mayores los beneficios para sus bolsillos. Consorcios como GLAC, Nunvav, NOA, ICIT, Grupo Tech Bull, Balam Seguridad Privada, Sogams, Verint, entre muchos otros, se aprovecharon de vacíos legales, outsourcing, corrupción, tráfico de influencias, nepotismo, sobreprecios, adjudicaciones directas, desvío de recursos públicos, ingeniería fiscal, comisiones, empresas fachada, cabilderos y lavado de dinero para saquear el erario. Y no sólo. También delinearon políticas de gobierno e incrementaron el presupuesto público de seguridad a niveles exorbitantes.
Comúnmente cuando escuchamos hablar de los beneficiarios de la violencia en México nuestra mente alude a los miembros del crimen organizado; sin embargo, los delincuentes coexisten con ciertos empresarios y contratistas de seguridad que también se han enriquecido con los millones de los presupuestos de seguridad de todos los niveles y órdenes de gobierno.
En diciembre de 2020 se cumplieron 14 años continuos de la guerra contra el crimen organizado, de incrementos exponenciales a los presupuestos de seguridad que no se han traducido en una pacificación de la violencia, desaceleración de los índices delictivos o disminución del número de víctimas. Entonces: