En los próximos días la Cámara de Diputados discutirá intensamente la reforma sobre el outsourcing, uno de los mayores y más ambiciosos cambios legislativos en materia laboral que busca acabar con un esquema de subcontratación abusivo, tanto para los trabajadores como para la hacienda pública, y que molestó sobremanera al sector patronal.
En realidad lo que defienden los patrones no son los puestos de trabajo ni, mucho menos, a las personas que dependen de éstos, sino sus propios intereses basados en un modelo de negocio que descansa en dos principios: 1. La máxima rentabilidad a partir de la explotación de la mano de obra precaria, y 2. El casi nulo reparto de la riqueza a partir de la elusión fiscal.
