Primera parte. Dos años antes de que el priísta Enrique Peña Nieto concluyera su gestión al frente del gobierno mexicano, los órganos de seguridad nacional e inteligencia financiera recibieron la orden de investigar a las empresas, organizaciones civiles, fundaciones y las personas relacionadas con Claudio X González Laporte (padre), Claudio X González Guajardo (hijo) y Claudio X González Caraza-Campos (nieto), a quienes revisaron sus movimientos financieros, bancarios y fiscales; viajes al extranjero; socios e inversionistas; y, sobre todo, a los “donantes” que aportaban cuantiosos recursos a cuentas bancarias del clan empresarial y de sus fundaciones, entre ellas Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.
Esa orden de abrir expedientes al clan Claudio X González salió directamente de Los Pinos y en ello participaron la Secretaría de Gobernación, a cargo en ese momento de Miguel Ángel Osorio Chong; el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, dirigido por Eugenio Ímaz Gispert; la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con José Antonio Meade; la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dirigida por Alberto Bazbaz Sacal; la Procuraduría General de la República (PGR), cuyo titular era Jesús Murillo Karam; el Servicio de Administración Tributaria (SAT), con Osvaldo Santín Quiroz, y hasta la Administración General de Aduanas.
