Los estados peninsulares de Campeche, Quintana Roo y Yucatán se dirigen a los comicios de junio en un ambiente enfangado de corrupción. La clase política presenta pocas opciones a los electores, ya que algunos líderes y aspirantes a puestos de elección por todos los partidos –incluidos dos exgobernadores priistas– han sido acusados de delitos patrimoniales y nexos con el crimen organizado, además de obedecer a grupos ajenos al interés público.
A punto de cumplir medio siglo como estado, el más joven del país, Quintana Roo ya es reconocido en el mundo no sólo por sus atractivos turísticos, sino por la vocación criminal de muchos de sus políticos, incluidos dos exgobernadores actualmente encarcelados por delitos de corrupción y delincuencia organizada.
Esos escándalos no paran. El pasado 4 de febrero la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas del entonces dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), José de la Peña Ruiz de Chávez, por su presunta conexión con la mafia rumana. Mientras que el 24 del mismo mes el ámbito político se cimbró con el asesinato del secretario de Desarrollo Social y Turismo de Puerto Morelos, Ignacio Sánchez Cordero, quien se perfilaba como próximo alcalde.
